Santa Cruz exige a Visocan más diálogo con los afectados por desahucios en Añaza

Charín González, concejala de Acción Social, exigió al Gobierno de Canarias que mantenga abierto el diálogo con las familias de las 358 viviendas de Añaza a las que la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias (Visocan), propietaria del inmueble, comunicó el inicio de un proceso de desahucio. La edil recordó que «muchas de ellas están compuestas por personas vulnerables y en riesgo de exclusión».

En una reunión específica para abordar esta materia, Charín González trasladó la exigencia del gobierno municipal de Santa Cruz de que se preste «máximo apoyo por parte del Ejecutivo canario, responsable último de estas viviendas y sus inquilinos».

A la reunión asistieron por el Consistorio, además de la concejala de Acción Social, la de Vivienda, María Belén Mesa, y el del distrito Suroeste, Javier Rivero. Por el Gobierno de Canarias estuvieron presentes el director general de Vivienda, Antonio Jesús Ortega, y la apoderada de la empresa pública Visocan, Ana Brito.

Según los datos aportados por el Gobierno canario, que tiene las competencias en materia de vivienda, son 50 las personas que, aunque tenían un contrato con el propietario anterior del edificio, en la actualidad no lo tienen con Visocan, que ha asegurado al Ayuntamiento su total disposición a regularizar la situación contractual de estas familias, señala el gobierno municipal.

A estas 50 viviendas se suman otras 43, que carecen de relación contractual con Visocan, al tratarse de inmuebles cuyos habitantes don personas que las han ocupado forma irregular. El Ayuntamiento ha pedido al Ejecutivo autonómico que tenga en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas de estas familias, confiando en que el proceso judicial que se ha puesto en marcha contemple esa vulnerabilidad, que será acreditada por el Consistorio santacrucero cuando así lo solicite el juzgado.