Retos de la emergencia hídrica (y III)

Los aspectos clave hacia los que se debería enfocar una política de gestión del agua más sostenible, independientemente de los aspectos coyunturales a los que nos podamos enfrentar en un momento dado por cuestiones meteorológicas y demás, han de considerar que el agua nos impone una serie de límites y, en nuestro caso, que el mundo rural tuvo que ver con la introducción de galerías, pozos y canales que en algunos casos más que conducciones de agua parecen proezas increíbles que se llevaron muchas vidas por delante.

Hoy día la demanda mayoritariamente se dirige hacia el mundo urbano-turístico pero, sin embargo, existe una sabiduría y un saber hacer en esa cultura rural que es importante preservar coordinando los intereses del mundo rural y la sociedad urbana, para que la tecnología actual pueda aportar un volumen importante tanto de aguas desaladas como regeneradas al tiempo que ponemos en valor los conocimientos adquiridos por siglos en esta materia y desde lo local.

Debemos, por tanto, buscar la complementariedad, con un sentido ambiental y social entre una situación y la otra. La crisis campesina también es una crisis de la gestión del agua, todo ese saber campesino y el sentido de la austeridad es necesario que, al nivel que podamos, siga participando en la gestión del agua. Por ello no parece razonable que la limpieza de una galería o la reparación de un canal sea un tema que se dirija desde un despacho urbano alejado de este mundo rural que tanto tiene que ver con el aprovechamiento del agua en esta como en el resto de las islas. ¿Se puede seguir con pretensiones de retirada de escombros de pozos o galerías a «vertedero autorizado» cuando en realidad muchas de estas instalaciones carecen hasta de acceso rodado?

Por otro lado, y desde lo urbano, es urgente hacer frente a mermas que pueden rondar hasta el 30% (incluso más) en redes de distribución urbanas, auténtica emergencia hídrica en sí mismo este asunto, que además atenta gravemente contra el sentido común. Pérdidas tanto de aguas procedentes de captaciones tradicionales tipo pozos o galerías como, más injustificable aún si cabe, de producciones industriales con lo que ello representa en costes energéticos y de contaminación. Los casos de algunas islas orientales, en este sentido, son un claro ejemplo de hacia dónde no debemos ir de ninguna de las maneras.

En el caso de islas como Tenerife si somos capaces, y proyectos hay al respecto aunque avanzamos muy lentamente y con retrasos injustificables, de canalizar al menos un 80% de nuestras aguas residuales, lograríamos nuevas perspectivas para nuestros agricultores y dar respuesta tanto a los vertidos al mar como al déficit hídrico del que suele ser el sector primario la primera víctima. Valle de La Orotava, Isla Baja, Santa Cruz y La Laguna, Valle de Güímar son claros exponentes de situaciones francamente mejorables en este sentido.

A tener en cuenta también, en este sentido, es que zonas como la Vega Lagunera se hagan cargo del tratamiento de sus aguas y no las bajen sin tratar a cota cero, Santa Cruz, con el coste energético que representa (de hecho se está haciendo hacia la presa de Valle Molina), volver a elevar las aguas tratadas para aprovechamiento agrícola o de otro tipo. A este respecto quizás las macroinstalaciones de depuración quizás no sean la única opción a plantear y acaso, en algunos casos, ni siquiera la más conveniente.

Y a grandes rasgos en este esquema habría que considerar, dada la situación en la que nos encontramos, que por debajo de la cota 250-300 metros el consumo urbano turístico no debe competir con los recursos que necesita tanto la agricultura como las medianías y, por tanto, la prioridad en el suministro debe provenir de la desalación fundamentalmente. Hemos llegado a una presión urbano-turística lo suficientemente importante para que busquemos la forma de impedir que recursos hídricos que se generan en las zonas altas o medianías, galerías básicamente, se destinen a estos usos en la costa mientras por otro lado se habla de elevar agua desalada a 600 u 800 metros para cubrir necesidades en La Laguna o La Esperanza.

La colaboración público-privada resulta esencial desde el momento que esta isla necesita garantizar anillos hidráulicos, tanto de aguas limpias como aguas depuradas, a los que ninguna entidad sólo privada va a poder hacer frente. Situaciones como la que ocurre en Aguamansa, en el canal que lleva aguas desde La Guancha hasta La Laguna, no debían seguirse produciendo y es urgente intervenir en este sentido para dar seguridad y reducir pérdidas al máximo. El canal de Sur a cielo abierto casi en la totalidad de su recorrido, entre Fasnia y Fañabé, no son ya admisibles sin duda y pone de manifiesto la necesidad de tender puentes en busca de soluciones eficaces y de alguna manera definitivas.

En todo esto el apoyo y la colaboración con las comunidades de regantes resulta fundamental como elemento cercano y eficaz en la gestión del recurso y, del mismo modo, acometer las medidas que sean precisas de cara no sólo a incrementar los auxilios para la mejora de instalaciones (galerías, pozos…) sino para superar las limitaciones burocráticas impuestas con motivo de los registros que en su día se exigieron en la Ley de Aguas de 1990. Dadas las circunstancias la mejora de instalaciones, de caras a recuperar caudales por medio de limpieza y demás, no puede estar determinada tanto por cuestiones de tipo burocrático como por aspectos estrictamente técnicos sobre la conveniencia o no de afrontar esos trabajos.

En su artículo 3 la Ley de Aguas nos recuerda que cualquiera que intervenga en la captación, producción, transporte, almacenamiento, distribución, consumo y depuración de las aguas tiene el deber de no desperdiciarla ni deteriorar su calidad, que éstas están subordinadas al interés general y que en ningún modo se amparan abusos del derecho en su mal uso, independientemente del título que cada uno alegue en cada momento. Apliquémonos por tanto en el cuidado del recurso, en limitar en lo posible el peligroso binomio agua-energía, por aspectos que tienen que ver con nuestra dependencia energética y tecnológica; y pongamos en valor el conocimiento que hizo posible que en Tenerife pasáramos de disponer de 20 hm³ a principios del s. XX (634 l/s) a de 252 hm³ (7.990 l/s) a mediados de los sesenta, desarrollando un conocimiento y una tecnología, a coste energético cercano a cero, única en el mundo.