El silencio no es rentable

La filtración del informe de la Guardia Civil, publicado inicialmente por El Mundo, pero al que ya han tenido acceso el resto de los medios españoles, está causando un verdadero destrozo a la credibilidad del PSOE. El informe desvela operaciones difícilmente explicables, que adaptan los expedientes de las distintas entidades que compraron material sanitario –fundamentalmente mascarillas– a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la sociedad que pagó las mordidas a Koldo García por las operaciones realizadas con administraciones y empresas públicas.

La Guardia Civil considera probado en su informe que el Gobierno balear, que en aquel entonces presidía Francina Armengol, ordenó pagar 3,7 millones de euros cuando hacía una semana que sus técnicos habían comprobado que las mascarillas adquiridas eran inservibles para el uso sanitario. Sólo dos días después de llegar el cargamento a Mallorca, el subdirector de compras del gobierno balear envió un correo electrónico interno en el que alertó del malestar entre los técnicos al descubrir que el material adquirido no podía usarse en hospitales. A pesar de esos correos, una semana después, el Gobierno de Armengol adaptó los contratos para disimular los defectos del cargamento recibido, y poder pagarlo.

Lo peor es que el informe de la Guardia Civil no considera que lo ocurrido en Baleares fuera un caso singular. En su informe se señala que esa misma técnica –modificaciones y adaptaciones de contrato– se adoptó en otros lugares, además de denunciar la absoluta opacidad con la que se procedió en todos lados, de tal forma que a pesar de la intervención de distintos comités técnicos para realizar las compras, no existe constancia alguna, en ningún caso, de quién decidió que las compras se realizaran a una empresa sin experiencia, vinculada al socio –o testaferro– de un conocido vendedor de armas, encausado por una estafa multimillonaria en Angola.

Las ventas con la empresa controlada por Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama se cerraron sin mediar licitación ni contrato previo, con la más absoluta opacidad, sin saberse quién ordenó las compras, y aún hoy no existe rastro documental de quién las ordenó y autorizó. La única respuesta que se ofrece por parte de los principales responsables políticos de Baleares, de Canarias, del Ministerio de Transportes, del de Interior, de Correos, la Adif y Puertos –las entidades implicadas– es que nadie recuerda quién dio la instrucción, ni mucho menos cuál fue el papel que jugaron en todo este gigantesco y corrupto embrollo.

Tras la tormenta que produjo la negativa de Ábalos a renunciar y su incorporación al grupo mixto, el PSOE ha optado por el mutismo total, a la espera de que amaine. Pero no parece que eso vaya a ocurrir: cada día la presión de lo que se va sabiendo –y el contraste entre la actuación de quienes compraron las mascarillas de Koldo y quienes no lo hicieron –García-Page, la Junta de Extremadura, Cantabria– es más difícil de soportar. Los medios nacionales señalan a Francina Armengol y Grande-Marlaska, pero ya se empieza a hablar también de los tejemanejes del Servicio Canario de Salud en los tres casos de compras sospechosas a distintos proveedores.

La Guardia Civil cree estar en condiciones de probar que el Servicio Canario formalizó contratos –como hizo el Gobierno balear– después de que la mercancía estuviera ya aquí en los depósitos, y que se adaptaron esos contratos a la necesidad de justificar operaciones ya realizadas. Ninguna de las empresas implicadas en el primer caso mascarillas, en el caso Koldo o en el caso Damco dejó de cobrar ni un euro de lo estipulado. En las dos primeras, se sabe que no se entregó lo que se había comprado, y se realizaron diferentes apaños. En el tercer caso –la compra mayor, 23 millones, a Ramírez y Bravo de Laguna– hay versiones contradictorias sobre las entregas, más allá del asunto de la evasión fiscal.

Frente a la catarata inagotable de datos, el PSOE sigue en silencio. Su única respuesta a todas las preguntas y acusaciones es señalar que en el PP están acostumbrados a la corrupción. Sí, y el PSOE también, aún siguen pagando electoralmente en Andalucía el desastre de los eres. Pero no se contesta con generalidades y acusaciones a una pregunta concreta.

Más tarde o más temprano se acabará sabiendo quiénes colaboraron con la trama de Koldo, porqué se le compró a él y no a otros, porqué 23 millones de material sanitario se encargaron al presidente de la Unión Deportiva o cuatro a un empresario vendedor de coches, o por qué Armengol pagó una mercancía defectuosa o Marlaska compró a la empresa de un tipo encausado por estafa en la venta de armas. No va a escampar tan fácil. Hay que contestar, explicarse, romper con el silencio y la omertá. Asumir lo que pasó. Y contarlo. Al menos quien no haya robado debe contarlo.

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