Simplifícame la vida

Cualquier gestión pública se ha convertido en un infierno administrativo.

Una licencia de obras es de tal complicación que desanima a los promotores o contratistas, salvo que sea una urgencia.

Un alta de empresa, automatizada en la mayoría de los casos, exige que, en caso de intentar dedicarse a «actividades clasificadas» es un calvario indigno de una sociedad de progreso.

Tenemos el mayor incentivo fiscal de Europa, a través del REF, con unos beneficios económicos y fiscales, compatible entre si, y no para de perderse inversión extranjera año a año.

La propia administración pública reconoce que los procedimientos administrativos y los controles previos están asfixiando su labor, tanto en contratación, como en licitaciones, concesión de ayudas o autorización de proyectos estratégicos.

Andalucía ya ha dicho basta y ha aprobado una batería de medidas, mediante las cuales un decreto ley modifica 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes y reducirá un 90% el número de aplicaciones que se utilizan en la Junta de Andalucía, pasando de tener más de 1.000 a menos de 100. Además, recoge más de 450 medidas de simplificación administrativa para mejorar la relación entre ciudadanos y administración, con el objetivo de acabar con la complejidad normativa, con la maraña administrativa, los procedimientos farragosos, las duplicidades y la lentitud en la tramitación. El decreto ley está pensado para acortar los tiempos de respuesta de la administración.

Es un clamor. Los canarios exigimos que se nos simplifique la vida.

Hartos de toparnos con el no, necesitamos crear una cultura del sí, dentro de unos indiscutibles parámetros de sostenibilidad y eficiencia.