Una denuncia inadmisible

Hora es de dejar de hablar de lawfare, concepto éste tan difuso como foráneo y susceptible de ser usado por quienes han aprendido pronto el valor y la fuerza de una palabra sin contornos precisos y de significado útil para servir a un fin también escasamente determinado y determinable. El mismo, en su ambigüedad y valor propagandístico, ha sido utilizado por buena parte de la clase política y dirigente latinoamericana como defensa en los procesos que se les han seguido por corrupción.

España es otra cosa. Aquí hay un Poder Judicial independiente y un proceso penal democrático. Poco que ver con el entorno en el que se desarrolla aquel término que, por ello, debe ser excluido del debate y regresar a los clásicos y conocidos, así como precisos en sus líneas generales.

En nuestro país, aunque el acceso a términos como el lawfare cause esa placer irrefrenable de lo vacío jurídicamente, pero pleno en lo político, es mejor hablar de «judicialización de la política» por un lado y, de «politización de la justicia», por otro. Dos fenómenos que funcionan por separado, aunque vinculados entre sí por el hecho de ser fomentados desde el Ejecutivo en sentido amplio.

El uso del proceso de forma fraudulenta, como medio para conseguir un fin inmediato, es y ha sido ordinariamente establecido desde hace años por los partidos en general, siendo la consecuencia más inmediata de esta tendencia, además de la afectación a la autoridad de jueces y magistrados, la ampliación del Código Penal y los delitos incluidos en éste, incrementados al mismo ritmo de las necesidades y ventajas de un buen titular contra el adversario, su culpabilización inmediata y, a la par, las peticiones de dimisión y el ataque al prestigio del atacado. A más delitos, más posibilidades de agitación populista. A más judicialización de la justicia, mayor criminalización social y debilitamiento de los derechos y libertades.

La denuncia del PSOE por el espectáculo de ópera bufa de la noche de fin de año con el ahorcamiento simulado de un monigote imitando a Sánchez, es un claro caso de judicialización de la política, de llevar a los tribunales una conducta sabidamente no delictiva, pero susceptible de provocar titulares de prensa que comporten adhesiones y elevación de espíritu entre las filas de tantos predispuestos al escándalo y a elevar sus pasiones más primarias frente a los otros. Sin, por otra parte, valorar las gravísimas consecuencias que implicaría atender una petición que ni siquiera se molesta en esconder una exigencia de impunidad y que supondría un ataque más por parte de este partido a la democracia y a los derechos humanos. Temor es lo que se siente cuando se lee –y lo he hecho–, la denuncia en toda su extensión.

La denuncia del PSOE ha provocado, casi unánimemente, el rechazo del mundo jurídico. No tiene futuro, sea porque el mismo TEDH en lo referido a la quema de fotos del Rey, ya ha dejado su impronta en asuntos similares.

La mala educación, el mal gusto, la falta de ingenio, la vulgaridad son solo eso y son compatibles con la libertad de expresión. Pero extraer de tales síntomas ni más ni menos que cuatro delitos, entre ellos una suerte de inducción al magnicidio y un delito de odio, exige mucha imaginación, escasa prudencia y excesiva soberbia y ausencia de responsabilidad.

Afirmar que la crítica al PSOE es una manifestación de odio contra el socialismo y los socialistas, porque padecieron la dictadura y sobre ese razonamiento calificar como delito la crítica frente al presidente, traspasa muchos límites.

Denunciar cuando quien denuncia comprende y justifica actos parecidos, supone entrar de lleno en el llamado derecho penal de autor, de esencia autoritaria, en el cual no se penan hechos, sino personas o, mejor dicho, al autor por sus circunstancias personales. El mismo hecho es o no delito según quien lo comete. Patxi López, en un desliz, lo ha mantenido: no se puede tolerar esta conducta porque es fascismo o porque el PSOE fue perseguido en el franquismo y los denunciados son cercanos a VOX.

Denuncia el PSOE como delictivo que los manifestantes de estos días y muchos otros les califiquen de «fascistas» o «nazis». Y reaccionan pidiendo la condena de tales opiniones. Con estas peticiones y lamentos agravan la percepción de ese autoritarismo que muchos hemos manifestado y que ha calado en un partido perdido en sí mismo. Sería deseable que no se pretendiera una reforma futura que prohibiera la crítica selectiva como parece deducirse de la denuncia. Pero la denuncia parece avalar esta eventualidad que no han meditado suficientemente los «juristas» que la han redactado.

Acudir al proceso penal actuando o representando el papel de víctima por hechos amparados por el derecho a la libertad de expresión, es judicializar la política. Hacerlo mediante una denuncia ante la Fiscalía, no por medio de querella ante la autoridad judicial, muestra de escaso convencimiento y falta de respeto a la fiscalía a la que se pone en una tesitura compleja, máxime en el momento presente. La institución ya está excesivamente afectada por el verbo del presidente como para padecer otra andanada en su imagen.

Muy difícil lo tiene para investigar la alegada inducción al magnicidio cuando los ataques a figuraciones del Jefe del Estado y otros muchos son ordinarias en algunos actos festivos de fervorosos revolucionarios de feria o se ataca señalándolos a jueces para los que se pide la hoguera y no de manera fingida.

El rechazo de la denuncia ad limine litis sin mover un dedo sería lo más adecuado jurídicamente y positivo para el bien de la institución. No harían falta muchos argumentos. Admitirla le obligaría a entrar de lleno en un escenario de consecuencias imprevisibles.

Mal empezamos el año. El PSOE con denuncias de este tipo. Y el PP pidiendo leyes que ilegalicen determinados partidos. Mal presagio.