El atraco de Aena

No lo sé y por eso lo pregunto sin malicia, sin reserva, sin crítica. ¿Ya terminó el traspaso de las competencias en Costas al Gobierno de Canarias? Porque muy pocos meses antes de las últimas elecciones no había acabado. Un proceso de transferencias no acaba cuando lo sentencia alguna de las partes, sino cuando administrativamente todo – la información, la capacidad, la virtualidad técnica – ya está en manos de la administración receptora. En el caso de costas el Ejecutivo canario no había recibido la totalidad de los expedientes abiertos – y sus informes vinculados – y que uno sepa no se había impulsado ninguna reorganización administrativa para la asimilación y gestión de las competencias. Recuerdo mi estupefacción cuando Ángel Víctor Torres, perorateando en el Parlamento, llegó a excusar la lentitud del proceso aludiendo a la tardanza del mismo en varias comunidades autónomas. A veces era asombroso el señor Torres. Como si cuatro años no fuera suficiente o una mala praxis generalizada fuera una excusa válida. En abril de 2021 Miquel Iceta –entonces ministro de Política Territorial– aseguró que antes de un año todos los procesos de transferencias competenciales a Canarias habrían culminado. Puso una mesa y todo, tal vez con un mantelito de organdí para propiciar un diálogo fluido. Después lo hicieron ministro de Cultura y probablemente no se acuerde de nada.

En octubre de 2021 –quizá lo recuerde alguien– Pedro Sánchez montó uno de sus habituales numeritos marketineros alrededor del traslado de la sede de algunas instituciones del Estado a las periferias. Por supuesto, nadie pensó en llevarse el Tribunal de Cuentas a Agaete, pero sí se hizo campaña para acoger dos nuevas agencias de inminente creación entonces: la agencia espacial española y la agencia de inteligencia artificial. Se cumplió lo más probable desde el primer minuto: ninguna de las dos terminaron en Canarias. Por otra parte, tal y como puntualizó la politóloga Irune Ariño, trasladar territorialmente sedes de instituciones y agencias públicas no es descentralizar político-administrativamente la estructura estatal. Desconcentrar no es descentralizar. Mientras gastábamos horas y titulares y entusiasmos en esas batallas perdidas, con gran trompetería por parte del Gobierno autonómico, el proceso de transferencias competenciales a Canarias que exige el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de 2018 avanzaba a la velocidad de un gasterópodo.

No siempre esta lentitud está impregnada en malvadas razones. A veces simplemente es indiferencia, abulia y, más particularmente, la priorización de otras acciones políticas por parte del Gobierno. Las prioridades, por supuesto, están volcadas en Cataluña y el País Vasco. En lo que respecta a esos territorios el ritmo competencial es más vivo, más ágil, más comprensivo y, a menudo, más rápido. Una de las cosas más graciosas de los socialistas canarios de los últimos años ha sido ese intento de deslegitimar a Coalición Canaria como un nacionalismo vociferante, quejica y pedigüeño. Con otros nacionalismos, y particularmente a los independentistas, los socialistas, en cambio, son puro compañerismo posibilista. En fin, más grave que lo de costas es esto de las tasas aeroportuarias. Aena tuvo un beneficio en el primer semestre de este año de más de 607 millones de euros, casi cincuenta millones más que en el mismo periodo de 2019. En un año ha más que duplicado su recaudación. Pues bien, quieren subir de nuevo las tasas el próximo marzo. En el artículo 161 del Estatuto de Autonomía se establece que Canarias tendrá participación activa en la gestión de los aeródromos de interés general. Un artículo que no ha avanzado un paso en cuatro años y medio bajo gobiernos socialistas en España y en Canarias. Juegan con las cosas de comer sin que este país o sus representantes puedan musitar una palabra. Si en septiembre no se produce una reacción unánime, diligente y terminante Aena se saldrá con la suya.

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