Canarias, obligada a redefinir su papel en el nuevo mapa surgido del 28-M

Los resultados de las elecciones autonómicas del 28-M están configurando claramente un nuevo mapa autonómico. El vuelco político producido en esa cita con las urnas trastoca el debate territorial en todo el Estado. El PP arrebata varios feudos al PSOE, en solitario o en pactos con Vox, y la derecha será la que marque la agenda autonómica en los próximos cuatro años. Canarias no se ha quedado al margen del cambio y la alianza entre CC y los populares dará paso en las próximas semanas a un nuevo Ejecutivo, que volverá a ser un caso aislado, de entre las comunidades no históricas, de territorio presidido por un nacionalista, en este caso de nuevo Fernando Clavijo tras el trámite de su inminente investidura, frente a la hegemónica derecha y la izquierda agónica.

Pese al triunfo del socialista Ángel Víctor Torres el 28-M en las Islas, la pronosticada alianza entre CC y el PP canario va a suponer para el PSOE una más de las siete bajas de comunidades que antes gobernaba y ahora va a dejar de hacerlo. El reciente pacto entre el PP y Vox en la Comunidad Valenciana anticipa el que seguramente se cierre también en territorios como Aragón, Extremadura, Baleares, La Rioja o Murcia, aunque en éste último caso parece haber algunos problemas. Junto a la victoria popular por mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, y a los gobiernos del PP en regiones donde no se votaba el 28-M, como Galicia, Andalucía y Castilla y León, el resultado de este proceso es un vuelco total del mapa autonómico, que vuelve a convertirse en una marea azul de gobiernos de la derecha, lo que conlleva una revisión a fondo del debate y de la agenda territorial para los próximos años, todo ello muy condicionado, obviamente, al resultado de las elecciones generales del 23 de julio.

En este marco, Canarias se verá obligada a replantearse su papel tanto en lo que se refiere a sus relaciones con el resto de comunidades autónomas, como a las que tendrá que redefinir con el Estado en función del partido o partidos que gobiernen en el Estado. En teoría, el pacto entre CC y el PP en las Islas decanta claramente al próximo gobierno regional hacia un alineamiento junto a las comunidades gobernadas por los populares, y más si es este partido quien también se hace con el Ejecutivo central. Pero la naturaleza de los asuntos que se van a tener que ventilar en ese debate autonómico venidero, como la revisión del modelo de financiación autonómica, el peso de los territorios en los repartos presupuestarios, la cuestión migratoria o las alianzas sobre distintas materias en el seno de las conferencias sectoriales, van a obligar al gobierno que presidirá Clavijo a una constante vigilancia de la posición de sus socios en las Islas. Será sin duda una prueba de fuego para el pacto entre nacionalistas y populares canarios.

Para CC, que desea el triunfo del popular Alberto Núñez Feijóo frente al socialista Pedro Sánchez el 23-J y que los populares gobiernen también en el Estado, será en todo caso un reto mantener sus postulados en temas de autogobierno, inversiones o financiación frente a un mapa autonómico en el que once comunidades estarán presididas por sus socios en las Islas. Sólo dos mantendrán gobiernos socialistas con seguridad, Asturias y Castilla-La Mancha, mientras que está en el aire lo que pasará en Navarra. Al margen quedarían el País Vasco y Cataluña como territorios presididos por partidos nacionalistas de cariz soberanista, aunque ambos condicionarán también las estrategias que en cada caso vayan a plantearse.

No han sido pocas las ocasiones en que CC ha denunciado en el pasado la pulsión centralista de determinados sectores del PP, y aunque no ha sido el caso de Feijóo al memos durante su anterior etapa como presidente de la Xunta de Galicia, su posible dependencia de Vox condicionaría sus posiciones en el hipotético caso de tener que gobernar en alianza tras el 23-J.

Financiación y migraciones

Los nacionalistas canarios, y el propio Clavijo, dan por hecho que la ultraderecha va a tensionar la cuestión territorial desde dentro de los gobiernos que compartirá con el PP en diferentes comunidades autónomas, pero confían en el liderazgo de los populares para reconducir el debate y minimizar la posición de Vox, cuyo objetivo programático es la desaparición de la España de las Autonomías. Otra cosa es la propia posición de los populares en algunos temas trascendentales en los que cada comunidad defiende sus intereses al margen del partido o gobierno que la gestione. Los ejemplos más claros se darán en la reforma del sistema de financiación, que deberá afrontarse de una vez por todas en la próxima legislatura estatal (coincidente en este caso con la legislatura de la mayor parte de las regiones) tras casi diez años de retraso, o el peso de cada territorio en los presupuestos estatales.

CC y PP abordan esta cuestión en el eje número ocho de su acuerdo de gobierno, pero de manera muy genérica para evitar roces de antemano, dejando prácticamente toda discusión al respecto para el Consejo de Gobierno en el momento en que cada uno de los temas se ponga sobre la mesa.

Sobre financiación autonómica, el acuerdo se limita a señalar que «promoveremos, a través del diálogo y el respeto institucional, un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la suficiencia financiera para los servicios públicos básicos (Educación, Sanidad y Servicios Sociales y Dependencia), con absoluta separación de los recursos del REF». Y aunque algunas comunidades de las peor financiadas ahora en manos del PP, como la Comunidad Valencia, Andalucía, o Baleares, podrían tejer una alianza con Canarias en esta materia, es evidente que la dirección nacional del partido impondrá una posición común esté o no gobernando en el Estado, en cuyo caso Canarias podría quedarse en tierra de nadie y quizá con su gobierno dividido.

El factor Vox

El debate autonómico se va seguramente a recrudecer en los próximos años en relación a las políticas sobre el fenómeno migratorio, sobre todo desde aquellas regiones en las que el PP esté gobernando con Vox. Es una de las materias más sensibles del debate público y en las que más énfasis se pone desde Canarias por razones obvias.

Independientemente de lo que dé de sí el perseguido pacto migratorio en el seno de la UE (si es que se alcanza), o de lo que en su caso establezca el gobierno central de turno, Canarias exige una implicación directa de los gobiernos autonómicos para el reparto de los migrantes que lleguen a las Islas, sobre todo en momentos de repunte, y especialmente de los menores no acompañados.

La ultraderecha será beligerante en esta cuestión y más si a su poder autonómico suma el que hipotéticamente pueda alcanzar en el Gobierno central. Canarias también deberá posicionarse en este contexto en temas como las políticas tributarias en otros territorios que puedan interpretarse como rebaja del diferencial fiscal a favor de las Islas reconocido en el REF, o respecto a otras políticas sobre las que se legisle o se aprueben medidas desde el Estado e influyan en los territorios como la transición energética hacia la sostenibilidad medioambiental, el transporte, el turismo, los derechos sociales, el empleo o los servicios públicos, entre otras.

La visión de conjunto del nuevo mapa autonómico ofrece por lo tanto una incógnita de gran relevancia sobre el papel que Canarias va a jugar en ese marco, tanto respecto a las relaciones con el resto de comunidades y las alianzas que se pudieran establecer en algunas de las materias en discusión, como al impacto que ese debate pueda producir en el seno del nuevo Ejecutivo que presidirá Clavijo con el líder de los populares canarios, Manuel Domínguez, como vicepresidente.

La campaña electoral del 23-J no aportará muchos elementos de aclaración porque los partidos intentarán mojarse lo menos posibles, y la hoja de ruta canaria sobre las estrategias de futuro en este marco se irá configurando a medida que vayan surgiendo los problemas.

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