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OBSERVATORIO

Crisis de legitimidad

El CGPJ vuelve a abordar la eterna renovación del Tribunal Constitucional

Para entender la difícil situación institucional que se está viviendo hay que examinar los hechos y su concatenación.

1. El PP, con argumentos variopintos, lleva cuatro años bloqueando la renovación de los miembros de designación parlamentaria del CGPJ, lo cual, a su vez, ha paralizado la designación por parte de este órgano de dos miembros del TC que tienen su mandato caducado.

2. En el mes de octubre, el PSOE y el PP llegaron a un acuerdo para renovar el CGPJ, decisión que hubiese desbloqueado también la designación de los miembros al TC, un acuerdo del cual el PP se desmarcó en cuanto se hizo pública la voluntad del Gobierno de reformar el Código Penal para eliminar el delito de sedición, que afecta a dirigentes políticos y altos cargos del procés.

3. Los partidos que dan apoyo al Gobierno han tratado de desbloquear la situación del CGPJ y del TC durante la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal por medio de la introducción de enmiendas que afectan a la ley orgánica del Poder Judicial, modificando la mayoría necesaria para que el CGPJ designe a los dos miembros del TC, y a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, eliminando la obligación de designar simultáneamente a los miembros del TC que corresponden al Gobierno y al CGPJ.

4. El Gobierno propone como miembros del TC a un exministro de Justicia socialista, Juan Carlos Campo, y a una catedrática de Derecho Constitucional, exdirectora general del Ministerio de la Presidencia.

5. El PP presenta un recurso de amparo ante el TC, solicitando medidas cautelarísimas contra las enmiendas de socialistas y podemitas que, a través del la reforma del Código Penal, pretenden modificar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del TC y que alteran las mayorías y los mecanismos de designación de los miembros del CGPJ y del TC.

6. Unidas Podemos trata de recusar al presidente del TC, Pedro González Trevijano y al magistrado Antonio Narváez, por considerar que son parte afectada por el contenido de las enmiendas dado que, caso de aprobarse las enmiendas en el Senado, hubiese dado lugar a su cese.

7. Por una escasa mayoría de 6 contra 5 el TC rechaza la recusación al estimar que no es el momento procesal oportuno para hacerlo, contando para ello con el voto de los miembros recusados y, posteriormente, adopta las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP y paraliza la tramitación en el Senado de las enmiendas que hubiesen dado lugar a la reforma del órgano para analizar el fondo de la cuestión, que no es otro de si se pueden tramitar enmiendas que no tienen nada que ver con el objeto inicial, que es la reforma del Código Penal.

De los hechos se deduce que las responsabilidades están equilibradas, ya que tanto las decisiones del PSOE como del PP han perseguido un mismo objetivo: garantizarse mayorías cercanas ideológicamente, tanto en el órgano de gobierno del poder judicial, el CGPJ como en el Tribunal Constitucional.

La lucha partidista es algo legítimo en democracia, el problema es que la lucha sin cuartel por el control de las instituciones ha acabado afectando a su funcionamiento y minado su legitimidad. No es legítimo que el PP bloquee nombramientos incumpliendo la Constitución solo porque le perjudica, ni que el PSOE, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, impulse reformas institucionales que le benefician abusando de su mayoría, como tampoco lo es que el CGPJ obstaculice decisiones, ni que integrantes del TC acaben decidiendo sobre cuestiones que les afectan personalmente. Tanto el PSOE como el PP han perdido las formas y como consecuencia de ello también las han perdido las instituciones y entre todos han socavado la legitimidad del sistema político.

No es momento ahora ni de alentar la división buscando un único culpable ni de cavar más hondo en las trincheras sino de instar a los partidos, que son los principales responsables de la situación, a abandonar la sobrepuja en la que se han instalado y a actuar con sensatez con el objetivo de consensuar las reformas necesarias que eviten el bloqueo de las instituciones, que les devuelvan el prestigio y que mejoren la confianza ciudadana. De lo contrario, la crisis de legitimidad irá en aumento, reduciendo el consentimiento de los gobernados.

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