Malos tiempos para la competitividad

El Parlamento de Canarias aprobó la ley de cambio climático, donde obliga de manera coercitiva a la iniciativa empresarial, adelantándose a los cambios legislativos europeos sin que exista un periodo transitorio suficiente para que las empresas se adapten y autoriza a crear una fiscalidad medioambiental desde el momento de su aplicación (tres meses).

Curiosamente, no obliga a las administraciones públicas a propiciar el cambio de fuel como energía para generar electricidad, o el reciclado de aguas.

Curiosamente, no se olvida la ley de reclasificar los suelos afectados por una falta de adaptación de la ordenación urbanística municipal en 10 años, reclasificándolos automáticamente como suelo rústico común.

Sin una necesaria y tal vez imperativa simplificación administrativa, la mayoría de municipios están abocados al incumplimiento, por lo que el precio de esa incapacidad lo pagarán las personas y las empresas.

Una cosa es que escucharan a muchos colectivos y otra, muy distinta, es que las tuvieran en consideración.

Una ley que pone al borde del abismo a muchas empresas donde la productividad va a estar seriamente comprometida porque no tenemos materias primas y casi toda la importamos de terceros países, donde el cumplimiento medioambiental no será obligado hasta más adelante que en Canarias.

La sostenibilidad contempla una actuación medioambiental, pero también un crecimiento económico y del empleo que no se va a dar a corto plazo al reducir la competitividad de las Islas.

El sobrecoste de estas materias de nuevo cumplimiento encarecerá los precios de los productos y servicios, porque el cumplimiento de esta ley conlleva la elevación de los procesos productivos en un momento donde la inflación es la principal preocupación de familias y empresas.

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