Cachanchanadas

Cualquier parecido entre el ejercicio de la política y el sentido común es mera coincidencia. Los portavoces del pacto de gobierno han dicho que la petición de crear una comisión parlamentaria de investigación del caso mascarillas es «lamentable» porque ya está judicializado.

Vale. Te lo compro. Si los jueces ya están en ello, ¿para qué vamos a poner unas cabezas de pescado a desbarrar en el asunto? Pero es que resulta, almas de cántaro, que en el Congreso se han presentado y votado propuestas de comisiones de investigación sobre la conocida como Operación Cataluña que implica al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Y sobre la Operación Kitchen. Y sobre los casos de pederastia en la Iglesia. Y otra sobre el accidente del avión de Spanair. Y otra sobre el accidente del tren de Angrois. Y sobre los atentados del 11-M. Y sobre el Rey No Rey exiliado. En fin, que se han creado comisiones sobre casos que estaban judicializados, apoyadas por los mismos partidos que aquí, cuando les salpica a ellos, dicen que nones.

Es como el diputado Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, que presumió con legítimo orgullo de haber conseguido la subvención al 75% del transporte aéreo que hoy está recogido en el artículo 6 de esa Ley del REF que en Madrid se pasan cada año por la entrepierna. Ahora se ha cogido el hombre una perreta tremenda porque las dos diputadas de Coalición Canaria, Ana Oramas y María Fernández, han conseguido que las guaguas sean gratis en las islas a partir del primero de enero del año que viene. Y en vez de alegrarse, porque es lo que defendía su partido, Quevedo ha llegado a decir que no pagar la guagua es «pernicioso» para los canarios. ¡Ñosss!

Estamos instalados en la sinrazón. Debe ser porque a la gente le da todo tan igual que se puede sostener, sin coste alguno, cualquier estupidez, con tal de que convenga. La ministra de Igualdad, Irene Montero, por ejemplo, ha culpado del fracaso práctico de la aplicación de la conocida como ley del Solo sí es sí –porque si fuera no, sería Solo no es no– acusando a los jueces de ser «machistas» y de aplicar mal una ley que fue ampliamente criticada antes de su aprobación sin que nadie hiciera puñetero caso.

A la señora Montero le habían avisado varias veces de que el texto era un truño. Y peligroso. Pero no hizo puñetero caso. Y ahora, cuando violadores y depredadores sexuales reciben inesperados beneficios penitenciarios retroactivos, la señora ministra y su parranda señalan a los jueces por machirulos. Hasta las asociaciones de magistrados progresistas se han tenido que pronunciar rechazando sus afirmaciones desbarradas.

El único que ha dicho en este país «lo siento, me equivoqué» está hoy en el exilio. Aquí no se equivoca nadie. Y hay que ser muy tolete para decirlo. Haber contado que Corina, digo, el elefante, se le echó encima y fue en defensa propia. Montero lo habría dicho.

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