Un pequeño problema

Canarias ha culminado el proceso de selección, a través de mérito u oposición, de casi cinco mil nuevos educadores para la plantilla de Educación en las islas, que anda por los treinta mil docentes. De ellos, más de la mitad han resultado ser personas de otras comunidades. O sea, gente de fuera de las islas. Y ha sido así porque en el resultado de las pruebas han resultado tener más méritos o han sacado mejores notas que los candidatos que ya estaban en el Archipiélago.

Los padres, con toda seguridad, quieren que los maestros de sus hijos sean los mejor preparados para la tarea de formar a los que serán futuros ciudadanos. Pero eso nos hace aterrizar en un problema complejo: vamos a importar gente de fuera para nuestro mercado laboral público y vamos a poner en la calle a quienes ya estaban.

Las comunidades que tienen lengua propia tienen una barrera idiomática que les blinda ante candidatos de otros lugares de España. Además, todas las comunidades suelen convocar al mismo tiempo las pruebas de acceso, con lo que obligan a los candidatos a elegir solo un lugar en donde presentarse. En Canarias, el anterior Gobierno del pacto de las flores cometió la enorme torpeza de posponer las oposiciones para celebrarlas mucho más tarde que en el resto de las comunidades, con lo que nos vinieron rebotados todos los que no habían superado las pruebas en oposiciones anteriores. Lo que nos conduce a la conclusión no solo de que somos muy tontos sino de que, además, los que fracasaron en otros lugares son capaces de aprobar en Canarias. No dice mucho del nivel de nuestros educadores.

El problema de fondo es que una norma, el Real Decreto 270/2022, modificó el ingreso a los cuerpos docentes y estableció las mismas condiciones de baremación para todo el Estado. O sea, no permitió discriminar o puntuar méritos específicos para quienes ya venían ocupando esos puestos de forma interina en nuestras islas. Algo realmente injusto, porque si permite que las lenguas autonómicas sean una barrera con lo que a unos les permite blindaje y a otros no.

Ahora estamos en lo que suele ser habitual. Los que convocaron las pruebas, hace dos años, tienen el cinismo de responsabilizar de sus resultados a los que las tuvieron que hacer ahora. Unas pruebas cuyos resultados perjudican a muchos interinos canarios que se han quedado en la puta calle. Entre todos la mataron y ella sola se murió.

Desde un punto de vista de excelencia educativa, han entrado los mejores. Desde la óptica de nuestros problemas sociales, importamos más mano de obra foránea –más demanda de vivienda y de servicios– y dejamos a más gente colgada de la brocha. O sea, un pan como unas tortas. Afortunadamente parece que no va a pasar lo mismo en las pruebas de estabilización en Sanidad o en las administración general de la Comunidad, donde los méritos y el tiempo en el desempeño del puesto de trabajo van a ser valorados con una puntuación muy alta. Lo suficiente como para proteger a los interinos.

Deberíamos proteger mejor nuestro mercado, privado y público. Y ya que otras comunidades tienen sus idiomas, tendríamos que inventar otras barreras. De acuerdo. Pero, ¿de verdad somos tan incompetentes como para que nos ganen unas pruebas en las que salimos con ventaja?

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