El sindicato de Vox que pide la huelga general representa al 0,06% de trabajadores en España

Vox ha anunciado que su sindicato, Solidaridad, convoca una huelga general el viernes 24 de noviembre. Hay muchas cosas extraordinarias en la convocatoria. Entre otras, que sea en viernes. Aparte de esa anécdota, la convocatoria es por la presentación de una ley de amnistía, que es difícil justificar que afecte a los derechos de los trabajadores.

El sindicato, para reforzar su convocatoria, ha comenzado una recogida de firmas en su web que el día de ayer alcanzó los 54.160 apoyos, donde clama: “Movilización permanente frente al golpe. ¡Viva España!”. Justifica la convocatoria, que este lunes aún no había sido recibida en el Ministerio de Trabajo, en una “nueva traición del Gobierno de España, con la connivencia de la mayor parte de los medios de comunicación, los sindicatos corruptos, la patronal, y el resto de los actores”.

Solidaridad, el sindicato de Vox, convoca una huelga general para el 24 de noviembre en contra de la ley de amnistía

Solidaridad presume en ese mismo texto de tener “más de 250 delegados sindicales y más de 500 secciones”. Según los datos oficiales, este sindicato, tres años después de su registro, representa al 0,06% de los trabajadores. Es el porcentaje que tiene de los 292.980 delegados sindicales que hay en España. Frente a ese porcentaje registrado oficialmente, según los datos facilitados por el propio sindicato tiene “unos 15.000 afiliados”, que pagan una cuota que oscila entre los 5, hay una opción reducida para parados de 3 euros, y los 50 euros mensuales.

Fuentes del Gobierno informan de que en España "las organizaciones sindicales legalmente constituidas pueden convocar huelga porque la regulación es muy respetuosa con ese derecho". No hace falta ni un mínimo de representación entre los trabajadores. Esta convocatoria se debe comunicar al Ministerio y todavía no consta oficialmente pero, siendo una huelga general que afecta a suministros básicos, tienen que comunicarla al menos 10 días antes de la misma, podría hacerlo hasta este martes. Uno de los límites que prevé la normativa española es que "la huelga no puede ser política". Es decir, no puede ser una huelga ajena a los intereses de los trabajadores. La clave en este caso es si los motivos ofrecidos por el sindicato son o no ajenos a los intereses de los trabajadores y trabajadoras. “En este caso, lo tienen que decidir los juzgados si se presenta una demanda”, informan desde el Ministerio de Trabajo.

Sin igualdad entre trabajadores

En el manifiesto oficial, Solidaridad convoca la huelga asegurando que los pactos del PSOE para la investidura va a provocar “políticas de recortes sociales, supresión de derechos laborales, y la desigualdad de los trabajadores que se producirán al amparo de las cesiones al separatismo y a quienes quieren romper la unidad de España”. El texto habla de que se generará “un marco de desigualdad para los trabajadores en el conjunto de España”, “una regresión laboral y unos ajustes en forma de congelación de salarios públicos, pensiones, un aumento de impuestos y cotizaciones”. Todo eso ocurrirá, prevén, “debido a los ajustes que el Gobierno tendrá que realizar en los presupuestos generales del Estado para cumplir los compromisos pactados”, apuntando a “la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco, 100 millones de euros para ‘adaptación del euskera a la nueva era digital’ o condonar miles de millones de euros de las deudas de las comunidades con el Estado”. El acuerdo de PSOE y Junts no asume esa reivindicación de los independentistas de un cupo vasco igual que los socialistas han enfríado también la reclamación del PNV del traspaso inmediato del pago de las pensiones a los vascos.

Sin publicar cuentas

El 'Sindicato para la defensa de la solidaridad con los trabajadores de España', con ese nombre registró sus estatutos en diciembre de 2020, se registró conforme a la ley como una entidad sin ánimo de lucro “en defensa de los intereses laborales de todos los trabajadores”. Su financiación es independiente, señalan sus estatutos, y procede de “las cuotas de sus afiliados”, “por los productos y renta de sus bienes”, “por las donaciones, subvenciones y aportaciones”, “por cualquier otro recurso que pueda obtener de conformidad con los preceptos legales”.

Aunque su secretario general, el parlamentario andaluz Rodrigo Alonso, presidente de Vox en Almería y exconcejal del PP, adquirió el compromiso público de que el sindicato Solidaridad iba a auditar sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas, este paso nunca se ha dado. En septiembre de 2020, Alonso escribía, en redes sociales, respondiendo a Rubén Sánchez (FACUA): “Solidaridad va a auditar sus cuentas anuales, se pondrán en el portal de transparencia y se va a poner a disposición del Tribunal de Cuentas. No vamos a robar el dinero de los parados como han hecho sus colegas. Para que te ent-ERES y no te en-FAFFES”. Eso no ha ocurrido. No hay obligación legal de que los sindicatos auditen públicamente sus cuentas, la ley de transparencia los exceptúa pero el resto sí que las publica.

Durante mucho tiempo, el gran motor de Solidaridad fue contraponerse a los sindicatos de clase, CCOO y UGT, a quienes llaman “comegambas”. En su intento por captar voto obrero, Vox ha desplegado varias agresivas campañas con ese lema, tratando de deslegitimar a esas centrales sindicales. En Andalucía fueron especialmente activos por los casos ERE y de la Faffe, la fundación de Empleo que sigue en los tribunales por enchufismo y donde un directivo, con carné socialista, fue condenado por gastar dinero público en prostíbulos. El gran despegue de Solidaridad estuvo en las protestas del campo andaluz.

Olona, dispara

La exportavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha incluido a Solidaridad en el supuesto entramado de “chiringuitos” con los que denuncia que Vox supuestamente desvía fondos públicos a bolsillos privados. En una entrevista en ‘La Sexta Explica’, la excandidata andaluza de Vox apuntó que junto a la fundación Disenso, constituida como el ‘think tank’ de Vox, o Tizona Comunicación, una empresa de comunicación privada en manos de Kiko Méndez Monasterio y Gabriel Ariza, hay que mirar a otras entidades en la órbita del partido de Abascal.

Olona extiende las sombras de sospecha sobre la fundación Issep, constituida por Miguel Menéndez Piñar (nieto de Blas Piñar), Javier Tebas Llanas (hijo del presidente de La Liga), Gabriel Ariza Rossy y las entidades Tizona Comunicación y Skelton Enterprise. Una fundación encargada de dar cursos a cargos públicos. Igualmente aludió a Solidaridad, creado en septiembre de 2020, “cuando Vox accede por primera vez al Congreso y comienza a regarse de subvenciones públicas a través de su representación en las Cortes”, un sindicato que “tiene al frente a Rodrigo Alonso, parlamentario andaluz, pero al frente de las cuentas está Javier Méndez Monasterio, hermano de Kiko Méndez Monasterio”, apuntó Olona en esa entrevista en La Sexta.