La recogida de basuras anuncia huelga para el 30 de octubre

El comité de empresa del Consorcio Insular de Servicios, encargado de la recogida de residuos urbanos en toda la Isla, obtuvo el respaldo unánime de la asamblea de trabajadores, por lo que da luz verde a la huelga que comenzará el 30 de octubre para reclamar mejoras laborales.

En esta ocasión, el detonante por el que se consuma el preaviso de huelga obedece a tres motivos. El primero, «reaccionar ante el bochorno» por las imágenes y vídeos que acreditan que más de la mitad de la flota de camiones del Consorcio de Servicios vierten de forma incontrolada sustancias líquidas tóxicas a la vía pública.

El segundo está vinculado a la que consideran «nula» voluntad del gerente de la entidad de llegar a una solución satisfactoria en las reivindicaciones de su personal, entre ellas la terminación de la aprobación del nuevo convenio colectivo de personal laboral del Consorcio de Servicios.

Por último, el tercer motivo tiene que ver con las que califican como «irregularidades detectadas» en materia de prevención de riesgos laborables.

Ya el pasado febrero estos trabajadores anunciaron una huelga durante la celebración del carnaval, que fue suspendida como consecuencia de haber alcanzado los acuerdos de las reivindicaciones que realizaron.

Ahora, señalan que esta situación hace inviable un escenario de paz social que pueda abordar retos de futuro en la gestión de la recogida de residuos sólidos en la isla de La Palma, recordando el comité de empresa que «se une a lo anterior la situación de hostigamiento a la plantilla, lo que motivó hace unos meses que más de 30 trabajadores solicitarán la incoación de un expediente disciplinario contra uno de los capataces, y que se haya abierto un proceso de acoso laboral, situación inédita en el centro de trabajo».

Anuncian además que, de no lograrse un acuerdo, las medidas reivindicativas se extenderán a los meses de noviembre y diciembre, con la convocatoria de nuevos paros parciales y otras actividades reivindicativas en forma de manifestación «para que los ayuntamientos de la isla de La Palma conozcan en profundidad la problemática del personal del Consorcio», al que sufragan económicamente al ser miembros del mismo y tener participación en su Asamblea General.

Ya se anunció que se han presentado denuncias ante la Fiscalía Provincial por presuntos delitos medioambientales, así como denuncias en vía administrativa ante la Consejería de Transición Ecológica y ante la Inspección de Trabajo para que investiguen si los hechos tienen, o no, algún tipo de reproche penal o sancionador en el ámbito administrativo, «ya que de lo que no cabe duda es del más que merecido reproche social por no haber tomado las medidas oportunas para evitar tal vertido indiscriminado a la vía pública, y los consiguientes perjuicios a población y a la sociedad en general de la isla de La Palma», reclaman.

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