Los decretos de reconstrucción tras la erupción son inconstitucionales

Cuando se han cumplido ya dos años de que se iniciara la erupción del Tajogaite, aún los decretos de reconstrucción territorial y agrícola diseñados por el anterior Ejecutivo regional esperan para ser aprobados por el Parlamento de Canarias. Es ahora cuando se ha conocido que cuentan con informes previos emitidos por el Estado que advierten de las irregularidades que contienen dichos textos normativos que imposibilitarán su tramitación.

Así lo advirtió la consejera autonómica de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, quien en respuesta a los anteriores responsables públicos canarios saca a la luz la problemática que se han encontrado en la gestión de la tramitación parlamentaria de estas normas.

Y es que el expresidente regional, Ángel Víctor Torres, reclamaba tras un encuentro mantenido con afectados que el actual gobierno canario «ha tenido tiempo más que suficiente para corregir lo que tenían que corregir» y llevarlos al Parlamento para su aprobación, algo que la propia Barreto destaca que es «lo que le hubiera gustado hacer».

Pero lo cierto es, advierte la nacionalista palmera, que cuando mantuvieron la primera reunión de trabajo para avanzar en estos borradores de reconstrucción territorial y agrícola se percataron, gracias al Comisionado del Estado, Héctor Izquierdo, de que pesaban sobre los mismos algunos informes negativos.

Señala Barreto que fue el propio comisionado quien «nos advirtió de la necesidad de salvar las irregularidades con las que cuentan». Fue entonces cuando Izquierdo comentó que estos decretos se habían remitido al Gobierno de España para el control de legalidad previo, y «cuentan con advertencias de irregularidades, de invasión de competencias estatales, de inconstitucionalidad y exigían estudios de impacto ambiental», señaló la consejera, que destaca que «con esa sorpresa nos encontramos».

Además, se lamenta Barreto, «no había constancia de esos informes en los que el Estado reclamaba la corrección de los decretos antes de tener que intervenir», por lo que junto con los equipos redactores y expertos universitarios «se ha trabajado durante un mes para salvar todos esos problemas legales de los documentos presentados por el anterior Ejecutivo regional», apunta.

Actualmente, señala, «preocupa la evaluación ambiental y la inconstitucionalidad de los borradores», pero considera que son asuntos que se pueden salvar, lamentándose de que «nos ha costado más de un mes de trabajo el llegar aquí».

La consejera de Presidencia es más crítica al preguntarse «cómo es posible que sabiendo que era imposible aprobar el decreto, el anterior consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, tuviera la osadía de hacer un octavo borrador, venir a La Palma a presentarlo, poner en el documento lo que le estaban pidiendo los afectados, a sabiendas de que no lo podía aprobar». Además, denuncia que «lo publicó en el Boletín Oficial de Canarias dos días antes de que tomara posesión el nuevo gobierno», lo que califica de «irresponsabilidad».

Recuerda también Barreto que en el seno del Parlamento de Canarias, mientras formaba parte del grupo de oposición en la anterior legislatura, «se preguntó constantemente sobre estos decretos, y nunca se dijo que contaban con informes negativos del Estado». Reclaman que «se callaron, y encima tuvieron la osadía de venir a La Palma a engañar a la gente, poner lo que no habían puesto en siete decretos anteriores, y mandarlo a publicar como borrador».

Ahora destaca que se ha hecho el trabajo con especialistas para salvar estas irregularidades «y lo más importante ahora en este proceso son las normas y contar con el presupuesto».

Además, muestra su sorpresa al conocer que existe un tercer decreto de reconstrucción, vinculado a los polígonos industriales, que nunca se había informado en el Parlamento de Canarias, del que dice conocer su existencia por medio de un funcionario.

Nieves Lady Barreto indicó que también se asumirá este tercer decreto para continuar la labor de adaptar y flexibilizarlos todos «y de sacar los asuntos de vivienda pública de ellos, para agilizarlos».

Barreto sigue reclamando el dinero que falta de los 1.000 millones de euros en los que está valorada la recuperación, recalcando que todo estará resuelto «cuando a las personas se les devuelva lo perdido».

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