Con el fin de mejorar la coordinación, el Ejecutivo canario creó en esta legislatura la Viceconsejería de Recuperación Económica y Social de La Palma. Al frente está el palmero Pedro Afonso, un gestor con estudios en Derecho (UNED) y experiencia en los sectores agrario, comercial e inmobiliario. Su reto actual es desenredar los decretos que su Isla espera para, al fin, dar pasos firmes hacia la recuperación.
Esta semana el presidente de Canarias anunció un plan para crear 700 viviendas en La Palma. ¿Cómo se va a desarrollar?
Se hará a través de un programa de vivienda pública que nace con motivo del volcán, para eliminar la tensión en el mercado de la vivienda en toda la Isla. Eso no quita que esas viviendas puedan usarse de forma provisional para afrontar los casos de personas que están en casas contenedores o en viviendas de alquiler. La idea es desarrollar este programa en un período de cuatro años y para lograrlo los municipios pondrán a disposición de la comunidad suelo público.
¿Qué presupuesto tendrá?
El Instituto Canario de la Vivienda está trabajando ahora en ese presupuesto que va a depender de si se trata de edificios o viviendas a ras del suelo. Es decir, hay una casuística que hay que atender y que irá en función de cada proyecto. Lo que estamos viendo ahora es cómo conseguir desde el punto de vista jurídico habilitar los suelos vía decreto.
¿En qué punto está el Decreto Ley de Respuesta Habitacional?
Estamos corrigiendo sus defectos. Cuando hay ocho borradores tenemos que preguntarnos el porqué. Eso lo que nos dice es que había complejidad. En cuanto a los cambios, nosotros hemos defendido siempre que la intervención pública debe ser la menor posible y que la iniciativa privada debe liderar la reconstrucción. Si actúa la Administración pública los plazos se alargan. Eso no quiere decir que no haya cosas que hacer desde lo público, pero la iniciativa privada puede ser más ágil. Lo que debe hacer la administración es primero poner los instrumentos jurídicos para que los decretos se sustenten y, segundo, dar compensaciones económicas para que las personas puedan llegar a construir su vivienda.
¿Modificarán mucho ese octavo decreto que reunía el consenso de los afectados?
Estamos revisando el decreto y cambiado su filosofía pero luego nos sentaremos con las plataformas de afectados, los ayuntamientos y el Cabildo. Queremos que ese documento se apruebe con el máximo consenso.
Ahora mismo, parece que las compensaciones dadas no son suficientes. ¿Se ampliarán?
Es verdad que, en el mejor de los casos, una minoría de afectados ha recibido una compensación de 90.000 euros. Con esa cantidad es imposible realizar un proyecto nuevo de vida, comprar un terreno y hacer una casa. Y ese es uno de los problemas que tiene mucha gente, que tiene parados esos 60.000 o 90.000 euros. La intención del Gobierno es compensar el valor real para que puedan reconstruir sus casas.
Para llevar a cabo la reconstrucción, Coalición Canaria –y también Nueva Canarias– proponían en campaña crear un consorcio desde el que hacer todas las obras. ¿Lo impulsarán?
Sí, será una realidad. Siempre hemos defendido que debe haber un consorcio en el que haya participación institucional y de los afectados. El único inconveniente es que ponerlo en funcionamiento es complejo porque hay que dotarlo de personal funcionario y también hay que seguir unos trámites por ser una entidad pública. Para crearlo primero nos vamos a sentar con el Cabildo, los ayuntamientos, el Gobierno canario y el Ejecutivo estatal para ver cuál es la forma más ágil de hacerlo. Como sabemos que eso tardará, de forma paralela hemos empezado a revisar los decretos.
Al margen de las personas que perdieron sus viviendas, quienes se quedaron sin negocios o fincas apenas han sido compensados. ¿Qué se está haciendo en este sentido?
Estamos haciendo las valoraciones porque no estaban cuando llegamos. Tampoco hay hecha una valoración del conjunto perdido en la que se incluya la primera vivienda, la segunda, la vivienda vacacional o las explotaciones agrarias. Hasta ahora no sabemos cuál es el montante total de lo perdido y estamos trabajando con una cifra que en su momento dio el Gobierno anterior, que cifraba las pérdidas en torno a los 935 millones de euros.
¿Qué ocurre con la LP-2? El Gobierno anterior dijo que no se podía hacer porque tenía informes desfavorables...
La LP-2 es una prioridad absoluta. Es una vía de interés regional que es competencia de la comunidad autónoma. Una de las cosas en las que queremos invertir los 100 millones que el Estado prometió en sus presupuestos es en recuperar esa vía. En cuanto a los informes desfavorables, ya hay una alternativa de trazado técnicamente viable realizada por el Cabildo. Si llega la financiación lo procedente será ejecutar la obra por la vía de emergencia porque no podemos olvidar que por esa carretera muchas personas llevan a sus hijos al colegio o van al centro de salud a diario en un recorrido que ha pasado de durar diez minutos a 30 minutos.
El Gobierno de España está en el aire todavía, qué demandas para La Palma se van a incluir en la «agenda canaria»?
Nosotros planteamos en 2021 una enmienda de 700 millones de euros para La Palma que no salió porque el voto no fue necesario. En 2022 se logró la partida de 100 millones de euros, 1,5 millones para salud mental y una acción fiscal muy importante, la deducción del 60% del IRPF para los palmeros. En nuestra negociación inicial se establecía ese IRPF durante 10 años y los 100 millones de euros anuales durante cuatro años. Eso finalmente se decidió dejarlo para una próxima negociación porque había unas elecciones cerca. Para nosotros, que el IRPF se mantenga en el 60% durante diez años es un objetivo fundamental porque ha permitido que muchos palmeros hayan decidido quedarse en su Isla. La deducción supone que una familia con un sueldo normal pueda tener unos 200 euros más al mes y eso aligera la lista de la compra o permite pagar una hipoteca. Esta medida, además, supone que entren en la Isla 54 millones de euros al año porque hay más economía circulante.
¿Cómo es la relación con el Comisionado de Reconstrucción de La Palma?
El día antes de tomar posesión tuve la primera reunión con él y me explicó la situación de los decretos urbanístico y agrario, que tenían una serie de advertencias por parte de los ministerios por visos de inconstitucionalidad. Así que desde agosto llevamos trabajando en los decretos y hemos puesto a los mejores juristas a intentar solucionar los problemas para poder aprobarlos cuanto antes. Las relaciones con el Comisionado son fluidas y cada uno tiene sus competencias, pero debemos luchar por la financiación porque 100 millones de euros no suponen nada para un presupuesto del Estado en comparación de lo que supondrían para el Cabildo de La Palma o el Gobierno de Canarias.
La ministra de Ciencia, Diana Morant, dijo que el Centro Nacional de Vulcanología tendría una sede y una subsede en Canarias, a repartir entre Tenerife y La Palma. ¿Cuál es su apuesta?
Con el volcán más reciente de la Unión Europa y de España, La Palma es el sitio adecuado para la sede. Ya hay un trabajo adelantado porque se delimitó una zona específica para la infraestructura y estamos intentando que esos terrenos, que están en El Paso, queden reflejados en los decretos.
La Palma ha tenido una ocupación turística este verano del 50%. La Isla no termina de remontar tras la erupción por la pérdida de conectividad y de camas. ¿En qué se está trabajando en este sentido?
La Palma tiene un modelo diferencial, a través de la Ley de Islas Verdes, que permite compatibilizar los usos agrícolas con los usos turísticos. A través de esto, una explotación agraria que no subsiste por sí sola puede tener una pequeña venta del producto y mantener así su producción. Entonces, tenemos que desarrollar ese concepto de Islas Verdes.
