El Gobierno dará concesiones de eólica marina por un plazo máximo de 30 años

Luz verde a la esperada normativa de eólica marina en España. El Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado este lunes a información pública el proyecto de real decreto que regula la producción de energía eléctrica en instalaciones ubicadas en el mar. La propuesta, que podrá recibir alegaciones hasta el próximo 25 de marzo, establece que la concesión del uso del dominio público marítimo-terrestre se asignará a través de concursos públicos --en régimen de concurrencia competitiva-- para un plazo máximo de 30 años. Las áreas donde se ubicarán las instalaciones deberán estar incluidas en las zonas definidas para esta finalidad en los planes de ordenación del espacio marítimo.

España prevé instalar entre 1 y 3 gigavatios de eólica marina en 2030 y de 40 MW a 60 MW para las energías del mar, según la 'Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar', aprobada en diciembre de 2021. España es el tercer país europeo en potencia eólica instalada, por detrás de Alemania y Reino Unido, pero a diferencia de estos dos países no ha desplegado todavía molinos en el mar. El recurso eólico marino tiene factores de capacidad más elevados que el eólico terrestre, al poder generar electricidad durante más horas del día.

El procedimiento de asignación de capacidad se realizará a través de subastas (concurrencia competitiva) a partir de una orden de la Secretaría de Estado de Energía que establecerá las características del régimen económico que podrán incluir el cupo de potencia máxima a adjudicar, el área o las áreas en las que se ubicarán las instalaciones y las tecnologías, características y requisitos que deberán cumplir las instalaciones que resulten adjudicatarias, así como los criterios y la puntuación mínima que deben superar los proyectos. Además del régimen económico, la subasta asignará la reserva de capacidad de acceso a la red de transporte de energía eléctrica, así como la concesión del dominio público marítimo-terrestre.

El Gobierno abre la puerta por primera vez a la posibilidad de incluir una fase de dialogo público-privado para la participación de los sectores afectados por las instalaciones renovables marinas con el objetivo de incrementar las "externalidades socioeconómicas positivas y favorecer su integración y su compatibilidad con otros usos del mar". Esta fase es adicional a los habituales procedimientos de participación y audiencia pública.

Los interesados podrán "remitir comentarios o propuestas de mejora con relación a los aspectos, parámetros o criterios que, de acuerdo con dicha orden, puedan ser redefinidos o modificados" sobre las áreas donde se ubican las instalaciones, el cupo de potencia, aspectos que deben tenerse en cuenta en el diseño, construcción, explotación y desmantelamiento de las instalaciones, o los requisitos y criterios exigibles a los proyectos, así como los criterios de ponderación aplicables a la subasta. La última palabra la tendrá la Secretaría de Estado de Energía, quien podrá incorporar "total o parcialmente las propuestas y alternativas recibidas". 

"Veremos de qué forma podemos integrar las aportaciones de las comunidades locales. En tierra está todo activado, pero en el mar tenemos que empezar desde el principio. Vemos la afectación ambiental por las rutas de migración de aves, pero también tenemos que tomar en consideración otras variables", ha defendido este lunes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la presentación del proyecto 'Renovables con el Territorio: una visión compartida', que reúne una cincuentena de propuestas para una mayor compatibilidad de las energías renovables con la biodiversidad, el desarrollo de las comunidades y la economía local.

Criterios no económicos

Los concursos que servirán para otorgar dichos derechos podrán incluir "criterios no económicos hasta un máximo del 30% de la ponderación", en línea con la nueva normativa europea que está en tramitación en Bruselas. El 70% restante dependerá del precio al que se oferte la producción de electricidad. Como en el resto de subastas, se establecerá un precio máximo de oferta económica, conocido como precio de reserva, y un mínimo, precio de riesgo.

La inclusión de criterios no económicos, incluidos para las subastas renovables en general en diciembre del año pasado, supone que a la hora de examinar los proyectos se podrán valorar otras cuestiones más allá del precio de la producción, como puede ser el diseño, como la distancia a la costa, el número de aerogeneradores que se contempla en el proyectos o la contribución a la innovación, así como aquellas relacionadas con el impacto medioambiental para miniminizar su impacto o exigencias relativas a la huella de carbono a lo largo del ciclo de vida del proyecto y de sus componentes.

Además, se podrán establecer requisitos "exigibles" para poder participar en la subasta y que podrán estar relacionados, entre otros ámbitos, "con la forma jurídica, la solvencia técnica, la experiencia de la empresa, su tamaño u otros aspectos económico-financieros". Si existe un cambio en la titularidad de los derechos conferidos en subasta deberá ser autorizado con carácter previo por la Dirección General de Política Energética y Minas.