Fernández ‘invita’ a los VTC a comprar licencias de taxi si quieren desembarcar

La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, señaló ayer que dejar «al libre albedrío» la entrada de vehículos de transporte con conductor (VTC) podría «generar problemas a los usuarios». La integrante del ejecutivo autonómico señaló que a día de hoy empresas como Uber, Cabify o Bolt tienen las puertas abiertas para operar en el Archipiélago, pero «comprando licencias de taxi».

Fernández descartó su llegada como «ellos quieren, gratis». La directora general explicó que mientras en el sector del taxi los precios están regulados por el sector públicos, los VTC tienen libertad para fijarlos en cada momento. «De pronto llueve, aumenta la demanda y los precios suben», explicó.

Su postura contradice la tendencia liberalizadora de los servicios que propugna la Unión Europea (UE). En ese ámbito enmarcó la recuperación de las reuniones de la Mesa del Transporte que no se convocó «durante toda la legislatura anterior». De nuevo las especificidades canarias se oponen al mandato de Bruselas, a donde María Fernández quiere llevar «estudios basados en un territorio finito» como el de las Islas.

A tenor de sus palabras, la política que seguirá la Consejería de Obras Públicas, Movilidad y Vivienda durante los próximos años será la de «dar respuesta a la demanda de manera ordenada y adaptada» a las necesidades de una región fragmentada en islas de diferente tamaño y con características particulares. En nada se parecen las necesidades que tienen -de taxis, por ejemplo- los ciudadanos de las dos capitales canarios que los gomeros, herreños o majoreros.

La primera cita del I Foro de Movilidad Sostenible y Conectividad, MOV Canarias sirvió también para valorar lo que ha supuesto la gratuidad de las guaguas en virtud de las ayudas dispuestas por el Gobierno central para aliviar las economías familiares. Al respecto, el director gerente de Global, Víctor Quintana, señaló que esa decisión supuso un reto para la compañía: «Llovió sobre empapado».

Con anterioridad, el transporte insular «se había visto desbordado». Según las cifras expuestas por Quintana, el número de usuarios creció un 17% entre los años 2018 y 2019. Ese salto «cogió a contrapié» a la compañía, que, en contra del sentimiento compartido por la generalidad de los ciudadanos, halló en la pandemia un respiro que les permitió reorganizarse. La llegada de la gratuidad provocó un incremento del 20% en el kilometraje cubierto por los vehículos de Global durante el pasado año.

La inversión creció un 5% y las plantillas un 8% por la gratuidad para los usuarios de guaguas

Ese es uno de los datos en los que se basará la petición de Canarias a Madrid de una mayor dotación para la partida que permite a los ciudadanos viajar gratis. Los 81 millones de euros iniciales se quedaron cortos y ya la pasada semana María Fernández avanzó que harán falta otros 60 millones para dar cobertura a la decisión de ampliar a este año el coste cero para los viajeros. La directora general cifró en el 5% el aumento de la inversión y en el 8% el de las plantillas de las operadoras. «Son costes que no se tuvieron en cuenta en un primer momento», explicó.

El director gerente de Global explicó el peligro de «morir de éxito» en caso de no adecuar la decisión al tamaño de la respuesta que esta ha tenido. Eso, o que los cabildos sean las instituciones que se vean obligadas a sostener el sobrecoste. Además, con el convencimiento de que buena parte de quienes descubrieron la guagua el año pasado, se quedarán cuando se acabe la gratuidad.

Otra de las cuestiones que se soslayaron fue el de las diferencias entre islas. Los quince viajes mensuales fijados como mínimo para renovar la gratuidad suponen una exigencia de gran tamaño para los ciudadanos de las islas de menor tamaño. «Hasta el punto de que nos vimos ante la posibilidad de tener que devolver dinero a España y eso sí que no lo íbamos a permitir de ninguna manera» explicó María Fernández.

De ahí que también la semana pasada anunciara el final de ese límite mínimo de viajes y dejara en manos de los cabildos el establecimiento de métodos más acordes con la realidad de cada isla.