RTVC incluirá una 'cláusula anticensura' en sus contratos con productoras externas tras la polémica de 'Conecta Canarias' con Pomares

Radiotelevisión Canaria (RTVC) incluirá a partir de ahora en sus contratos con productoras externas una cláusula o "instrucción específica" para garantizar, "más allá de generalidades", que las mismas cumplen con los "principios rectores del ente público" sobre la libertad de expresión. Además, se elaborará y aprobará el código deontológico de RTVC que, por Ley, debería estar vigente desde 2021 y se reforzarán las funciones del productor delegado en los programas contratados para garantizar el cumplimiento de estos principios y evitar la difusión de desinformación.

Así lo anunció en comisión parlamentaria la administradora general del ente, María Méndez, que tuvo que explicar a preguntas de CC, PSOE y NC-Bc su actuación ante los hechos producidos el pasado 27 de febrero en el programa Conecta Canarias, cuando el periodista Francisco Pomares fue interrumpido por "órdenes de dirección", como afirmó en directo la propia conductora del espacio, al intentar introducir en el debate la querella presentada por la Fiscalía contra el empresario Miguel Ángel Ramírez y el exdiputado del Grupo Nacionalista Lucas Bravo de Laguna por un presunto fraude fiscal en el suministro de material sanitario al anterior gobierno del pacto de las flores presidido por el ahora ministro Ángel Víctor Torres.

"Fue un episodio aislado de censura en el que se interrumpió la opinión de un colaborador, lo que supone un hecho de naturaleza coercitiva que afecta a la libertad de expresión y que es inaceptable", aseguró en sede parlamentaria.

Ley de RTVC

No en vano, el artículo 3 de la Ley de RTVC dice taxativamente que "el ente público deberá garantizar la información objetiva, veraz e imparcial que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social, ideológico y territorial presente en la sociedad canaria, y facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones". 

Méndez, que recibió el respaldo tanto de la nacionalista Vidina Espino como de las dos portavoces de los grupos sentados en la bancada de la oposición de izquierdas (la socialista Nira Santana y la canarista Carmen Hernández) por su "rápida y contundente" actuación al investigar lo sucedido y exigir responsabilidades inmediatas a la productora del programa, insistió en que aunque el suceso no es responsabilidad de RTVC ni de sus servicios informativos, "lo ocurrido no es en absoluto ajeno al ente".

"Pido disculpas a la ciudadanía porque en un episodio concreto su televisión no estuvo a la altura al alejarse de su compromiso de servicio público y de facilitar la libre expresión de opiniones", concluyó la máxima responsable de RTVC.

Espino (CC): "lo que vimos nos parece inadmisible, inaceptable y totalmente y reprobable"

Pese a que la productora del programa asumió la gravedad de los hechos al destituir al director, Espino insistió en que "lo que todos vimos es que se cortaba la palabra a un contertulio, cortando por tanto su libertad de expresión, sobre un asunto relevante y de gran interés para la opinión pública, como es la presunta irregularidad en las contrataciones públicas de material sanitario en Canarias durante la pandemia, lo que ha derivado en los casos mascarillas, Koldo y Damco que afectan al anterior gobierno regional. "Lo que vimos nos parece inadmisible, inaceptable y totalmente reprobable", concluyó la diputada nacionalista. 

Por su parte, la socialista Santana incidió en que lo sucedido en la emisión del 27 de febrero "parece que solo es la visibilización de determinados comportamientos y que nada tiene que ver con la plantilla de la casa", criticó y rechazó las apelaciones sobre la falta de profesionalidad de quien conducía el programa “por ser mujer, con comentarios machistas, paternalistas y absolutamente denigrantes”, toda vez que la plantilla del ente público "no puede ser la cabeza de turco de comportamientos ajenos a ella y a su labor profesional".

En parecidos términos, la canarista Hernández consideró fundamental "blindar el respeto a la libertad de expresión" en los contratos externos para que las consecuencias de su vulneración "no sean solo pedir perdón o cambiar al director del programa".

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