Las comunidades acuerdan un nuevo reparto de 300 menores de Canarias sin cumplir el anterior

Las comunidades autónomas fijan un nuevo reparto de 300 menores migrantes no acompañados llegados a Canarias y un centenar de Ceuta. La tramitación de esta medida se inicia sin haber ejecutado los traslados fijados en octubre de 2023, pues de los 339 que tenían que haber salido de las Islas el año pasado solo se ha derivado a una decena, según detalla el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, quien considera "ridícula" la cifra acordada en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada esta mañana en Madrid. El número de derivaciones acordado "solo sirve para ilustrar el nivel de solidaridad que hay con Canarias", lamenta Candil, quien recuerda que en las Islas hay más de 5.500 niños extranjeros bajo la tutela del Gobierno autonómico, más otros 1.200 nacidos en el Archipiélago.

Este acuerdo tiene lugar al margen de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que permitirá el reparto por todo el territorio nacional de los niños y jóvenes llegados al país de forma irregular sin el respaldo de un adulto, que todavía se está negociando entre los gobiernos de Canarias y de España y que ha levantado ampollas en el resto de comunidades. Según Candil, durante el encuentro, los representantes autonómicos mostraron un "rechazo unánime" a la modificación legal para un reparto obligatorio de los menores. 

El nuevo reparto tiene ahora que validarse por las autonomías en la próxima Conferencia Sectorial, prevista el 8 de mayo, para después empezar a trabajar en los convenios bilaterales con Canarias. Un trabajo burocrático en el que las regiones fijan el número definitivo de niños y adolescentes que van a acoger y sus perfiles. Para la anterior tanda de derivaciones, solo han iniciado estos trámites Madrid, Galicia y Aragón, esta última es la única comunidad que ya ha recibido a menores procedentes de las Islas. “Urge una solución real. No podemos seguir retrasándolo. Estamos seriamente preocupados por lo que pasará en los próximos meses, porque no se prevé que paren las llegadas, sino todo lo contrario”, explica el viceconsejero canario de Bienestar Social.

30 millones de euros

Para esas nuevas derivaciones, el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa una ficha financiera de 30 millones de euros que se repartirán de forma proporcional las comunidades que acojan menores. Candil subrayó que Canarias ya ha invertido más de 170 millones en la atención de los menores migrantes y solo ha recibido una ayuda de 50 millones por parte del Estado. Por esto, reclamó que “ante una situación extraordinaria deberían incorporarse recursos extraordinarios”.

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, auguró "consenso" en el traslado de este nuevo grupo, según sus declaraciones tras la reunión técnica. "Ahora vamos a hacer un diálogo para afinar esas cuestiones que nos han planteado, pero nosotros entendemos que va a haber cierto consenso, obviamente hasta que se apruebe en la Conferencia Sectorial queremos ser prudentes", apuntó Pérez.

El nuevo reparto, según el secretario de Estado, trabaja con "cifras asumibles por los sistemas de protección" de las comunidades autónomas, ya que ninguna de ellas recibirá a más de 50 menores. Pérez espera que el proceso sea lo "suficientemente rápido", como aliviar "de manera inmediata" la congestión que sufre la red de acogida del Archipiélago, que es donde hay un "cuello de botella". En todo caso, destacó que el objetivo es que los traslados estén completados "a final de año".

Pérez considera que todas las comunidades autónomas "son conscientes de que por encima del color político de los partidos que gobiernan en cada comunidad está el interés de los niños". Por su parte, Candil considera que “si realmente les preocupara la atención de los menores, no se someterían los repartos a acuerdos y negociaciones que se dilatan en el tiempo”. Los criterios que se han seguido para llevar a cabo el reparto son los fijados por la Conferencia Sectorial en 2022, basados en datos de población, tasa de paro, nivel económico y dispersión territorial.

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