Orden de desahucio para ocho familias que viven de alquiler en La Perdoma, en La Orotava

Para el 21 de mayo está señalado el desahucio de ocho viviendas de la Urbanización Casablanca, en La Perdoma, a causa del impago del alquiler en el que incurren las familias desde 2020 por indicación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Orotava. Previamente, el 24 de abril, está prevista la vista por la reclamación de cantidades que plantea la propiedad actual, Reigahill Invest SL. Los afectados aseguran que nunca se han negado a pagar y que han mostrado su disposición a negociar, pero la parte denunciante se ha negado.

Aunque la urbanización situada en el Camino El Moñigal la forman 16 inmuebles, solo los ocho que residen en régimen de alquiler se encuentran en esta situación. En esas familias hay personas en riesgo de exclusión social, con enfermedades degenerativas graves y con menores dependientes.

Desalojado el edificio Chasna, en Arona, en el que vivían 210 personas

Dos meses después de que en 2015 Gregorio y Marta alquilaran la vivienda, una funcionaria judicial les comunica que está en proceso de embargo y que deben seguir pagando a la empresa con la que firmaron el contrato, Roycasa. En julio de 2020, el mismo juzgado les comunica que dejen de hacerlo y que el BBVA, ya propietario del inmueble, les contactará. No fue hasta 2023, cuando reciben la citación judicial para un juicio derivado de una demanda del banco de casi 20.000 euros y desahucio. Juicio que no se celebró por un cambio de propietario.

Afecta a menores, personas en riesgo de exclusión social y con enfermedades degenerativas graves

Con anterioridad, en 2022 y con una subasta previa que quedó desierta, Haya Real State les reclama 18.500 euros en concepto de mensualidades (que no pagan) y el 14 de abril de 2023 entra en escena Reigahill Invest SL que, a través de burofax, les comunica que tenían que abandonar la vivienda el 27 de agosto pasado y cada viernes «una supuesta mediadora nos visita para presionarnos». Hace tres semanas recibieron la demanda que deriva en el requerimiento de pago del alquiler no abonado desde 2020 y la señalización del juicio y del lanzamiento.

El caso de Marta Rodríguez es el de una mujer con esclerosis múltiple que, como pensionista por incapacidad, y su marido, desempleado que percibe la Renta Canaria de Ciudadanía, ingresan, en conjunto, en torno a 1.650 euros al mes. El informe que Servicios Sociales emitió el 12 de junio de 2023, a instancia judicial, señala que aquí «no existe situación de vulnerabilidad social».

La mujer asegura que el alcalde se limitó a remitirla a Servicios Sociales, donde le recomendaron que se cambie de municipio.

El gobierno municipal asegura que estudiará esta caso desde que tenga acceso a la documentación que le ha solicitado a la afectada. Asegura que el Ayuntamiento valorará aquellas opciones que se puedan aplicar y que sean viables, tanto en el ámbito municipal como intermediando ante las administraciones regional e insular.

Asamblea por La Orotava mantuvo una reunión con las familias afectadas «por la presión de entidades financieras y fondos de inversión». Esta formación política expresó su «firme intención de abogar por estas familias e instar al grupo de gobierno, de Coalición Canaria, a buscar soluciones que eviten el desalojo o que ofrezcan una alternativa habitacional». En este marco, anuncian que trasladarán esta situación al Pleno municipal, «buscando respuestas y acciones concretas por parte del grupo de gobierno».