El Ayuntamiento de Arico cuenta con el apoyo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y de la Mesa del Parlamento de Canarias a la demanda de que se restaure el cobro, por parte de los municipios, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a los parques éolicos y fotovoltaicos autorizados. El Tribunal Constitucional anuló su cobro por los consistorios el pasado mes de octubre, por lo que Arico no pudo percibir 700.000 euros.

La Fecam y la Mesa de la Cámara autonómica apoyan el acuerdo plenario ariquero (adoptado el 30 de noviembre pasado) para resarcir la anulación del ICIO tras la declaración de inconstitucional del mismo el 25 de octubre de 2022. Por ello, Arico instaba a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales a modificar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para equiparar, a los efectos de aplicar el ICIO, la autorización de interés general a la licencia de obras o urbanística.

Las peticiones

Al Parlamento canario, el Pleno de Arico pidió que establezca un mecanismo económico para paliar los efectos que tendrá la anulación del ICIO sobre el equilibrio presupuestario municipal y sobre otros ámbitos de la vida municipal. Asimismo, a la Dirección General de Energía de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias solicita qiue promueva un acuerdo con los ayuntamientos afectados para consensuar el planeamiento sectorial energético y revertir la actual situación de privar a los municipios afectados de la potestad de control urbanístico mediante la utilización de las declaraciones de interés general.

A partir de este momento y con el asesoramiento de la Fecam, Arico emprende una rueda de contactos con los partidos que conforman la Cámara regional en la búsqueda de un acuerdo que garantice al Consistorio el cobro de dicho impuesto que compense la sobreexposición a estas infraestructuras en el municipio.

Pleno de Arico durante la sesión del 30 de noviembre de 2022 EL DÍA

El alcalde, Sebastián Martín, recordó que el problema afecta a todos los municipios, pero "a nosotros mucho más debido a la implantación masiva de parques eólicos y fotovoltaicos en nuestro territorio". Anunció que el siguiente paso, de la mano de la Fecam, será reunir a los grupos parlamentarios de los partidos que forman el Gobierno de Canarias "para buscar una solución que deberá pasar por cambios legislativos y resarcir de las pérdidas económicas que pudieran padecer los municipios afectados y volver a instaurar el impuesto". lo haremos de la mano de la Fecam”.

Martín consideró como "fundamental ordenar la planificación de las energías renovables para evitar el abuso de las declaraciones de interés general y las modificaciones por decreto del planeamiento municipal que está realizando el Gobierno de Canarias”.

Andrés Martínez, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, se mostró "optimista" ya que "es vital que podamos seguir ingresando ese dinero, que pueda repercutir en las cuestiones más necesarias para la población ariquera".

El concejal de Economía y Hacienda, Víctor García, consideró que "es fundamental la unidad política para que todas y cada una de las instalaciones, no solo de Arico, vean compensados su impacto a través de este impuesto”. El edil incidió en que “en 2022, al Ayuntamiento le ha sido imposible cobrar los 700.000 euros del ICIO de los parques eólicos y de las instalaciones de plantas fotovoltaicas, que se pretenden seguir instalando por parte del Gobierno de Canarias en Arico”.

Qué es el ICIO y por qué es incosntitucional

El ICIO es un impuesto de titularidad municipal de carácter potestativo, de modo que es cada ayuntamiento el que en virtud de su autonomía fiscal decide si cobrarlo o no. El hecho imponible de este tributo indirecto, es decir, el que da lugar a la obligación de pagar el impuesto, es la ejecución de una construcción o de una obra o el montaje de una instalación para la que sea necesario obtener la licencia municipal. También las obras para las que haga falta presentar una declaración responsable o una comunicación previa. La clave es que la licencia o el control de la actividad ha de corresponder al ayuntamiento. Y esto es clave, cabe insistir, porque es lo que subyace en la decisión del TC.

A raíz de un contencioso abierto por el bufete Montero Aramburu en representación de la empresa Alas Capital, promotora del parque eólico de La Morra, construido en Arico, el Tribunal Constitucional resolvió, el 25 de octubre de 2022, que el subterfugio jurídico creado por la Comunidad Autónoma en 2011 es ilegal por cuanto invade la competencia del Estado para regular los tributos de las entidades locales. De hecho, los magistrados del TC hacen hincapié en que difícilmente pueden equipararse la autorización exprés del Ejecutivo y la licencia municipal, cuando es evidente que "el sentido y finalidad de la autorización especial consiste precisamente en privar a los municipios afectados de la potestad de control urbanístico".