La piscina y el complejo deportivo municipal de Santa Úrsula cumplen dos años cerrados y el conflicto abierto con la empresa concesionaria Eulen continúa encallado y pendiente del pronunciamiento del Consejo Consultivo de Canarias. Los problemas de esta instalación, que tenía más de 1.100 usuarios y 17 trabajadores, comenzaron en abril de 2019, cuando Eulen advirtió de que pensaba abandonar la concesión en junio de ese año, pese a que el contrato firmado con el Ayuntamiento norteño en 2011 tenía vigencia hasta 2026.
El alcalde de la localidad, Juan Acosta (AISU), recuerda que la empresa concesionaria ha incumplido el contrato, «lo que nos obligó a solicitar una aclaración al Consejo Consultivo para poder ponerle fin». El trámite se ha retrasado primero por un procedimiento judicial que ganó el Consistorio y, posteriormente, por defectos de forma, por la obligación de comunicar cada paso a Eulen y por la petición, por parte de este organismo de consulta regional, de una «última actualización» de las circunstancias del problema.
«Esa actualización incluyó un estudio, elaborado por una empresa externa, de valoración de los defectos que presenta la piscina en la actualidad», detalla el alcalde, quien celebra que el Consejo Consultivo les haya notificado recientemente que «antes del 6 de septiembre» emitirán un informe que será clave para posibilitar la rescisión definitiva del contrato, una nueva concesión y la reapertura de las instalaciones.
El mantenimiento de la piscina se sigue realizando, con cargo a la empresa, para evitar el deterioro de los vasos y de la maquinaria, que hace una década costaron más de 3,5 millones de euros. Según informa Acosta, «la piscina se mantiene con agua, y así lo hemos comprobado en diversas ocasiones, puesto que resulta clave para su adecuada conservación».
El alcalde avanza que «de acuerdo con lo que nos digan desde el Consejo Consultivo, resolveremos de una vez este contrato y sacaremos una nueva licitación que, con la situación actual, requerirá incorporar cambios para evitar que el concurso quede desierto, como ha ocurrido recientemente con dos instalaciones similares en Gran Canaria». Además, lamenta que la empresa Eulen «no haya dado más facilidades para poder resolver esta cuestión de una vez por todas».
Un puente pendiente de estudio
La Asociación de Vecinos La Quinta de Chimaque pide al Ayuntamiento de Santa Úrsula que realice las gestiones pertinentes para que, en caso de emergencia (como el incendio de febrero de 2020), los vehículos puedan salir de la zona por el puente peatonal de la TF-5. Juan Acosta señala que ya han realizado consultas a las administraciones implicadas. La parte superior o de tránsito depende del Cabildo y la estructura, del Gobierno canario, así que se está a la espera de que «la administración regional determine la capacidad de carga que tiene el puente».
