Los residentes en las dos urbanizaciones que componen La Quinta, en Santa Úrsula, están hartos del eterno conflicto urbanístico entre las empresas promotoras y el Ayuntamiento de la localidad que impide la recepción y la mejora de las infraestructuras y servicios en la zona. La Asociación de Vecinos La Quinta de Chimaque, con casi un centenar de asociados, considera que ha llegado el momento de decir «basta» y ya preparan una manifestación para el próximo mes de septiembre.
El presidente de este colectivo, Jorge Andrés Pérez, recalca que los residente se quejan, sobre todo, del mal estado de las aceras, los baches en las vías, la falta de alumbrado público y de seguridad, la suciedad, los problemas con el saneamiento y la proliferación de ratas. «Es frustrante», resalta, «ya son muchos años de promesas y nunca se consigue nada. Nosotros consideramos que existe una recepción tácita por parte del Ayuntamiento, pero los problemas siguen sin solucionarse pese a que este asunto ha conocido ya cuatro alcaldes: Fernando Luis, Ricardo Gutiérrez, Milagros Pérez y Juan Acosta. ¿Cuánto más hay que esperar? ¿Cuánto más va a durar esta negociación?», se pregunta.
Estos vecinos han acudido ya al Ayuntamiento y al Diputado del Común sin encontrar la manera de que este conflicto llegue a su fin. «Por eso nos hemos dirigido a la Delegación del Gobierno para pedir autorización para manifestarnos en septiembre, porque entendemos que ya hay que parar, decir hasta aquí llegamos y exigir una solución», apunta Pérez.
Desde este colectivo se preguntan «cómo es posible que si somos urbanizaciones privadas, el Ayuntamiento de Santa Úrsula tenga aquí un gran parque, que mantiene, y una piscina municipal, que sigue cerrada. O que el Cabildo invierta aquí en la recuperación del bosque termófilo». A su juicio, la recepción debe producirse lo antes posible para evitar que «el deterioro siga aumentando» y también para dar respuesta a «otros problemas urgentes» como la peligrosidad de los accesos a las paradas de guaguas de la TF-5 o el riesgo, demostrado en el incendio del febrero de 2020, de contar con una única entrada y salida para vehículos.
El problema de La Quinta no es de fácil solución, puesto que la parte privada (las promotoras) deben llegar a un acuerdo con la parte pública (el Ayuntamiento) para que ambas urbanizaciones sean recibidas y se conviertan en una parte de pleno derecho de Santa Úrsula. El alcalde, Juan Acosta (AISU), entiende el hartazgo de los vecinos y responde que el Consistorio «ofrece los servicios básicos de limpieza, recogida de basuras o desratización, pero legalmente no puede intervenir en cuestiones como el acerado o el alumbrado porque aún se consideran una propiedad privada».
En manos de las promotoras
El alcalde, Juan Acosta (AISU), afirma que su gobierno no ha parado de negociar con las promotoras de las dos urbanizaciones de La Quinta para hacer una recepción legal, pero reconoce que la solución depende de esas empresas y no colaboran. Respecto a la Quinta vieja, dice que «el asunto se judicializó hace dos años» y siguen a la espera de que el juzgado se pronuncie «porque no era posible que el Consistorio la recibiera sin que la promotora entregara los terrenos que nos corresponden o los compensara económicamente». En cuanto a la Quinta nueva, indica que «cada vez que parece que hay acuerdo con Acciona, a la hora de plasmarlo, no se respeta, así que esperamos del dictamen del Consejo Consultivo para hacer lo que haya que hacer. No se ajustaron al proyecto de urbanización y así no se puede recibir».
