Canarias crece en violencia machista 4 veces más que el resto del país

En el segundo trimestre del año los casos subieron en las islas casi un 19%

Crecen las denuncias por violencia de género en Canarias

El Día

Las denuncias por violencia de género registradas en los órganos judiciales de Canarias durante el segundo trimestre de 2023 aumentaron un 18,6%, en comparación con el mismo periodo de 2022. Si en la primavera del año pasado, los juzgados de las Islas habían registrado 2.376 denuncias por violencia machista, en la de este año el número fue 2.818 (442 más), según los datos difundidos este viernes, 13 de octubre, por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

El aumento de la criminalidad machista en Canarias es superior al registrado en la totalidad del territorio nacional, donde el número denuncias se incrementó un 5,4% en la comparativa entre el segundo trimestre de 2022 y el de 2023. Según el informe del órgano de gobierno de los jueces, el número de mujeres víctimas de la violencia de género en Canarias también se incrementó entre abril y junio de este año en comparación con el mismo periodo de 2022. Pasó de 2.366 a 2.818, 452 más, un aumento porcentual del 9,1%.

De acuerdo con los datos oficiales, Canarias registró durante el segundo trimestre de este año una tasa de 25,2 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, la cuarta más alta del Estado después de Baleares (31,4) Murcia (25,7) y la Comunidad Valenciana (25,5).

La media nacional fue de 19,2 mujeres víctimas de violencia machista por cada 10.000 mujeres, 6 puntos por debajo de la ratio canaria. El informe del Observatorio ofrece más datos: de las 2.818 mujeres víctimas de violencia en Canarias en el periodo de estudio, 2.054 fueron españolas (una de ellas menor de edad) y 764 extranjeras. 434 de las víctimas se acogieron durante la tramitación del proceso a la dispensa a la obligación de testificar contra su presunto agresor, un 43,7% más que en el segundo

trimestre del año anterior, cuando no habían confirmado las denuncias 302 féminas. Durante la primavera pasada, los órganos judiciales canarios que juzgaron casos de violencia de género dictaron 818 sentencias condenatorias (un 20,5% más que en el segundo trimestre de 2022), 31 sentencias absolutorias (un 44,6% menos que en el año anterior), 123 autos de sobreseimiento libre (+13,9%) y 1.195 autos de sobreseimiento provisional de las actuaciones (+35,8%). El porcentaje de sentencias condenatorias fue del 96,3% (+4,3%) y el de terminación por sobreseimiento provisional, del 90,7% (un 1,8% menos que en el año anterior).

En lo que alude a personas enjuiciadas, la primavera pasada fueron 866 las que se sentaron en el banquillo en Canarias por delitos machistas (un 15,6% más que en el segundo trimestre de 2022), siendo condenadas el 96,3% (un 6,1% más que en 2022). 599 fueron ciudadanos españoles y 235 extranjeros.

En cuanto a órdenes de protección, los juzgados canarios registraron esta primavera 471 peticiones, un 6,1% más que en la de 2022. De ellas, los juzgados no inadmitieron ninguna, adoptaron 368 (un 21,5% menos que en 2022) y denegaron 103 (-27%). El estudio del Observatorio ofrece por cuarto año datos desglosados por islas. Entre abril y junio de 2023, en Fuerteventura se registraron 173 denuncias de delitos por violencia sobre la mujer; en Gran Canaria, 1.220 (dos de ellos, presuntos homicidios); en Lanzarote, 119; en El Hierro, 2; en La Gomera, 5; en La Palma 97, y en Tenerife, 1,403. En la gran mayoría de los casos se denunciaron delitos de lesiones y malos tratos.

Datos nacionales

En el ámbito nacional, la violencia de género ha experimentado un nuevo repunte interanual durante el segundo trimestre de este año: el número de víctimas aumentó un 5,66 % con respecto al mismo periodo de 2022 y el número de denuncias lo hizo en un 5,43 por ciento. El incremento se ha producido también con respecto a los tres primeros meses de 2023 con un 4,2 % más víctimas y un 4,1 % más denuncias presentadas.

Según el “Informe trimestral sobre Violencia de Género” dado a conocer hoy por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, entre abril y junio hubo en España un total de 47.063 mujeres víctimas y se presentaron 48.227 denuncias. El estudio muestra también un aumento interanual del 2,9 % en el número de órdenes de protección acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y por los juzgados en funciones de guardia; en cuanto a las sentencias dictadas, la cifra apenas varió al alcanzar las

15.393, un 0,22 por ciento más que hace un año. Ocho de cada diez sentencias, el 80,73 por ciento, contenían un fallo condenatorio para el agresor.

Durante el segundo trimestre de 2023, los juzgados españoles recibieron un total de 48.227 denuncias, un 5,43 % más que en el mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 45.743. Las mujeres víctimas de la violencia machista fueron 47.063, un 5,66 % más que hace un año, cuando se contabilizaron 44.543. Un trimestre más, dos de cada tres víctimas (el 65,35 %) tienen nacionalidad española, mientras que el 34,65 % restante proceden de otros países. El número de víctimas menores tuteladas ascendió a 136, una cifra un 16 % más baja que la registrada en el mismo trimestre de 2022 (162), pero un 17,2 % más alta que la del primer trimestre de este año (116).

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 volvió a experimentar un aumento interanual al situarse la media nacional del segundo trimestre del año en 19,2 frente a las 18,4 de hace un año y las 16,6 del primer trimestre de 2021. Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 31,4 víctimas cada 10.000 mujeres; Murcia, con 25,7; Comunidad Valenciana, con 25,5; Canarias, con 25,2; Andalucía, con 21,9; Madrid, con 20,2; y Navarra, con 19,9. Las tasas inferiores a la media nacional se contabilizaron en Galicia, con 12; Castilla y León, con 13,1; Asturias, con 14,1; País Vasco, con 14,3; Cataluña, con 14,5; Castilla-La Mancha, con 14,7; La Rioja, con 14,9; Cantabria, con 17,8; Aragón, con 17,9; y Extremadura, con 18,5. Los porcentajes de denuncias presentadas en función de quién fue el denunciante se mantuvieron prácticamente sin variaciones durante el trimestre analizado. Así, una vez más, en dos de cada tres casos (34.089, el 70,68 %), las denuncias fueron presentadas por la propia víctima bien en el juzgado bien en comisaría.

Muy inferiores en número volvieron a ser las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (891), que apenas alcanzaron el 1,85 % del total. Aumentaron levemente las denuncias derivadas directamente de atestados policiales y las originadas por parte de lesiones, que representaron el 15,73 y el 8,19 por ciento, respectivamente, y, por último, las presentadas por terceras personas (1.712) representaron el 3,55 por ciento del total.

Diez de cada 100 víctimas renunciaron a declarar contra su agresor

El porcentaje de víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar aumentó de forma significativa, un 13,8 % con respecto al mismo periodo de 2022, lo que supone que tomaron esta decisión 10 de cada cien mujeres víctimas. En el trimestre analizado fueron 4.742 las mujeres víctimas que renunciaron a declarar contra su agresor; de ellas, 2.665 (el 56,2 %) eran españolas y 2.077 (el 43,8 %) tenían otras nacionalidades.

Entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 12.763 órdenes de protección, un 2,08 % más que hace un año. De ellas, 10.606 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 2.157 por los juzgados en funciones de guardia.

Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 8.915, un 2,9 % más que hace un año. Es decir, al igual que en el segundo trimestre de 2022, se acordaron siete de cada diez (69,8 %) órdenes de protección solicitadas. Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron 7.284, el 68,7 % de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 1.631, el 76 % de las solicitudes registradas.

En el 47,1 % de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección al órgano judicial. Dos de cada tres mujeres (6.673, el 63,8 %) que pidieron protección eran españolas y 226, el 2,1 % del total contando españolas y extranjeras, eran menores de edad.

Medidas judiciales penales y civiles de protección

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 16.352 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (6.168), que representaron el 65,86 % del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (6.110), un 65,68 por ciento del total.

Asimismo, los órganos judiciales dictaron 5.354 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.692), que representaron el 21,73 % del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (1.128), el 14,46 % del total. En ambos casos, los porcentajes descendieron levemente con respecto a 2022. Durante el segundo trimestre de este año también se acordaron 1.011 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas. Este tipo de medidas, que representaron el 12,73 % del total de las medidas civiles adoptadas, fueron un 15,2 % menos que en el mismo trimestre de 2022. Los órganos judiciales adoptaron 611 medidas civiles consistentes en la suspensión de la guardia y custodia, cifra que representa el 7,61 % del total de medidas civiles acordadas en el periodo analizado y que ha supuesto un incremento del 4,4 % con respecto al año anterior; asimismo, acordaron 61 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y, en 115 casos, suspendieron la patria potestad.