El fiscal pide multas por 1.875.000 euros en total a los acusados del caso Arbistar

El fiscal que lleva la estafa piramidal de Arbistar, que comenzó en Tenerife y afectó a más de 53.400 personas residentes en diversos países, solicita que los seis acusados abonen multas por valor de 1.875.000 euros en total. El representante del Ministerio Público reclama que, además de esta cantidad, sean condenados a devolver las sumas de dinero aportadas por cada víctima del fraude en concepto de responsabilidad civil y que se determinarán, en su caso, en la ejecución de sentencia. Según una de las acusaciones, el perjuicio económico a los afectados llega a los 3.500 millones de euros.

Para la Fiscalía, el considerado líder de la trama que permitió estafar grandes cantidades de dinero a decenas de miles de personas con la excusa de que iban a obtener ganancias con la compra-venta de Bitcoins, Santiago Fuentes Jover debe pagar una multa de 540.000 euros.

El Ministerio Público cree que los otros acusados deben pagar las siguientes sanciones: Diego Felipe Fernández, 396.000 euros; Álex Castro, 264.000; Iván Grima, 270.000; Léster Zarabozo, 270.000, y Laura Concetta, 135.000 euros. El fiscal de la Audiencia Nacional Joaquín González-Herrero plantea que deben considerarse perjudicados a los efectos del presente procedimiento las personas que aparecen relacionadas en el escrito de acusación, que incluyen a quienes ejercen la acusación particular y a los que han denunciado los hechos, pero sin personarse en el procedimiento para ejercer acciones civiles o penales. En cuanto al resto de las personas perjudicadas y no suficientemente identificadas en el caso, podrán ejercer sus derechos, si así lo desean, en la jurisdicción civil, al margen del presente procedimiento.

La responsabilidad civil habrá de basarse en la devolución de las cantidades transferidas a Arbistar en la fecha en que las criptomonedas entraron en el monedero electrónico de la mencionada firma, que desde entonces asumió el pleno control de los fondos y consumó presuntamente el fraude, según el escrito de la Fiscalía. De esas cantidades hay que quitar lo que ya se haya devuelto a las víctimas de la estafa.

La abogada grancanaria Conchi Viera, que representa a un grupo numeroso de afectados, plantea que la responsabilidad civil debe atender a varios criterios. Uno es el daño emergente, es decir, la cantidad transferida a Arbistar para la compra o participación en los productos ofrecidos (Community Bot, Club Arbistar, Licencia Vip, Licencia Bot Pro Personal o Licencia Foundation, por ejemplo).

También cita dicha letrada de la acusación particular que hay que tener en cuenta el daño moral, en referencia al beneficio prometido por los integrantes del grupo Arbistar.

Otro apartado de la responsabilidad civil está en los intereses legales del dinero entregado a los miembros de la supuesta trama desde la fecha de la transferencia. Y después se halla el lucro cesante; es decir, el valor medio de una inversión en una sociedad legalmente autorizada en España desde el momento en que los afectados debieron recuperar el control de sus fondos y hubiesen podido destinar el dinero a otras sociedades. El fiscal y la abogada Conchi Viera piden 29 años y nueve meses de cárcel para Santiago Fuentes Jover por los delitos de estafa singularmente agravada; organización y dirección de organización criminal, así como por falsificación en documento mercantil.

Reclaman para Diego Felipe Fernández 23 años y seis meses de prisión; 20 años y seis meses para Álex Castro e Iván Grima; 17 años y nueve meses de privación de libertad para Léster Zarabozo, así como 15 años y nueve meses para Laura Concetta.

El caso Arbistar es uno de las mayores estafas piramidales desarrollada en España y tuvo lugar entre el 8 de mayo del 2019 y finales del 2020; es decir, que parte de ella tuvo lugar en los peores momentos del confinamiento por la pandemia del covid-19.

Las personas afectadas entregaban el dinero a un entramado de sociedades instrumentales y personas físicas con la idea de que iba a ser empleado para operaciones automatizadas de compra-venta de bitcoins con el empleo de novedosos programas informáticos.

Las investigaciones realizadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyeron que los implicados jamás utilizaron tales sistemas para comprar y vender criptomoneda. Parte del dinero que ingresaban iba a pagar a los inversores para hacerles creer que obtenían beneficios y el resto, a las diferentes sociedades mercantiles creadas por los ahora acusados.

Ante los supuestos beneficios, muchos de los primeros inversores aportaron mayores cantidades de bitcoins.

En septiembre del 2020, la estructura de Arbistar se derrumbó, ya que supuestamente un elevado número de clientes reclamó retirar sus fondos, ya que se extendió el comentario de que podía tratarse de una actividad fraudulenta.

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