Fraude a la Seguridad Social en Canarias: juzgan a un empresario por 2,6 millones sin pagar

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife juzgará la próxima semana a un empresario acusado de cometer tres supuestas estafas a la Seguridad Social, por los que la Fiscalía le pide un total de 6 años de cárcel y el pago de una multa de 1,4 millones.

Pero además, en caso de ser condenado, también deberá hacer frente a las cantidades que se fijen en ejecución de sentencia por los idénticos presuntos delitos cometidos en otras dos empresas y que en principio se cifran en 2,6 millones de euros de deudas a la Seguridad Social.

El empresario ejercía de presidente del Consejo de Administración y consejero delegado y administraba un entramado de compañías entorno a la primera entidad mercantil. Cuando murió su padre asumió el 51 por ciento y un 31% recayó en su hermano y el 16% en su hermana.

Otra de las empresas se repartió de manera que el 57% era para el acusado, un 7% la hermana y casi 37% para el hermano. El objeto social era le mismo que la primera y también se declaró insolvente de forma provisional.

En la tercera el procesado ostentaba más del 58%, su hermana el 8% y el hermano el 33% y también tenía el mismo objeto social e igualmente se declaró en situación de insolvencia.

Pero la Fiscalía sostiene que el acusado era quien estaba en la cúspide del conjunto de sociedades y especialmente de la primera que ejercía como la central mientras que las demás actuaban como entidades pantallas, carentes de patrimonio para defraudar a la Seguridad Social.

De esta manera eludió sus responsabilidad y dejó de pagar las cuotas de sus 300 trabajadores y otros conceptos a los que estaba obligado.

El escrito de la Fiscalía indica que las otras sociedades son calificadas de "huecas y vacías" y se limitaban a suministrar mano de obra para hacer posible el negocio familiar pero no tenían bienes ni activos para asumir las deudas que correspondían a la primera entidad.

Las tres empresas llegaron a acumular deudas con la Seguridad Social en base de traspasar los trabajadores de una entidad a otra aunque operaban para la principal y se repartían así las obligaciones tributarias.

Al parecer, según la Fiscalía, los impagos recaían sobre las dos últimas sin ningún tipo de patrimonio de manera que en caso de impago las obligaciones recaerían sobre estas sociedades que eran insolventes en la práctica, aunque los operarios pertenecían a la principal