La doble derrota de Pérez-Camacho

Dos derrotas en apenas ocho días. El pasado 22 de enero, un Juzgado resolvió que Miguel Cabrera Pérez-Camacho realizó un despido improcedente a un abogado que prestaba servicios para su despacho.

Y la noche del martes, 30 de enero, la mayoría de los socios presentes en la Asamblea General Ordinaria rechazaron las cuentas del Real Casino de Tenerife, presidido por el exprofesor universitario.

Además, hay un nexo entre ambos asuntos. El joven profesional despedido por Pérez-Camacho prestó servicios jurídicos a la institución social en 2021, 2022 y 2023; es decir, cuando su jefe ya presidía dicha entidad, según los hechos probados de la resolución judicial.

Aunque desde EL DÍA se intentó conocer la versión de Miguel Cabrera, este extremo no fue posible en la jornada de este miércoles.

Una amplia mayoría de los socios del Real Casino de Tenerife que asistieron a la Asamblea General Ordinaria celebrada en la noche del pasado martes votaron en contra de los diferentes asuntos sometidos a su consideración, como fueron los presupuestos de la institución para este año. El acto sirvió a la mayor parte de los participantes en el acto para mostrar su rechazo a la gestión y la manera en que el presidente de la entidad, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, y su Junta Directiva han gestionado la investigación judicial del primero por un caso de agresión sexual por supuestos tocamientos a un joven estudiante universitario. Y a este asunto, más recientemente, se ha sumado una segunda denuncia por un supuesto episodio similar a un alumno de un ciclo de Formación Profesional.

Las fuentes consultadas explicaron que el salón de actos del Casino, en el que se desarrolló la citada asamblea anual, se hallaba lleno. El rechazo a la gestión de la actual Junta Directiva fue «tan abrumadora», según un testigo, que en todos los puntos del orden del día se expresó a mano alzada de los presentes, por lo que no fue necesario acudir al voto secreto. Y eso a pesar de que la Secretaría de la sociedad había preparado papeletas y urnas a solicitud de algunos socios.

En primer lugar se sometió a votación la aprobación del acta de la sesión anterior, que se celebró en enero del 2023. La mayoría de los asistentes rechazaron la propuesta. Algunos de los participantes explicaron que el motivo de su voto negativo fue que en dicho documento no se incluyeron intervenciones de varios socios y se alteró de manera sustancial lo dicho por el anterior presidente del Real Casino de Tenerife, José Alberto Muiños. Según las fuentes consultadas, el motivo fue que, hace un año, en la Asamblea General Ordinaria se criticó la labor desarrollada por la Directiva liderada por Muiños, siete años después de que éste dejara la Presidencia. En aquel acto, Muiños respondió y pidió que sus palabras no constaran en el acta. Pero, según las personas consultadas, tales declaraciones se incluyeron, pero sólo en parte, y también se añadió una declaración de Miguel Cabrera, que supuestamente no realizó en la citada Asamblea del 2023.

Después se procedió a la lectura de la Memoria del 2023. Una parte de los socios presentes mostraron su oposición a la misma, ya que se omitieron hechos ocurridos en los meses de noviembre y diciembre, como fueron la renuncia voluntaria y temporal de Pérez-Camacho por motivos de carácter judicial, que no tienen que ver con su labor como presidente de la institución; la delegación de su labor en la Junta Directiva y la designación por esta de una nueva presidenta en funciones, así como por supuestamente haberse producido alteraciones en la composición del equipo directivo sin que se hubieran comunicado a los socios, indicaron algunas fuentes.

También tuvieron en cuenta varios de los socios críticos que la actual Junta Directiva se negó a convocar la Asamblea Extraordinaria solicitada por 104 socios propietarios, a pesar de que esa cifra supera de manera amplia el mínimo requerido para pedir dicho acto, que está fijado en 50.

Las cuentas justificativas del pasado año también fueron rechazadas por la mayoría de los asistentes. Uno de los motivos esgrimidos por varios de los socios que se oponen a la actual Directiva fue que hubo un incremento importante sobre lo presupuestado en servicios jurídicos externos.

A petición de algunos de los presentes, la tesorera comunicó el nombre de los abogados contratados por el Real Casino de Tenerife y se comunicó que uno de los citados letrados tenía una dependencia laboral del presidente, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, y se benefició de varios contratos con la institución.

Esta circunstancia fue incluida en la sentencia del 22 de enero pasado del Juzgado de lo Social número 2 de Santa Cruz de Tenerife, donde se determina que dicho abogado fue despedido de forma improcedente por Cabrera Pérez-Camacho y debe ser indemnizado.

Tampoco se aprobó el presupuesto para el ejercicio 2024, a raíz del argumento de la falta de confianza en la actual Junta Directiva que esgrimió uno de los socios presentes y que fue respaldado por la mayoría de los asistentes durante la votación.

Otras fuentes aseguraron que la gestión económica del Real Casino de Tenerife en 2023 fue «impecable» y, de hecho, hubo «superávit». Estas personas explicaron que «es una pena» que la mayoría de los participantes en la Asamblea votaran en contra de esa labor, que fue expuesta por la tesorera, «pero esa era la única forma que tenían de protestar».

Prórroga de los presupuestos

El hecho de que no se aprobaran las cuentas para este año no tiene efectos relevantes a nivel práctico para la institución, puesto que ahora se prorrogará el proyecto económico del 2023.

No es la primera vez que el Real Casino de Tenerife afronta una situación de este tipo. De hecho, así se hizo durante la pandemia del Covid-19.

En el apartado de las manifestaciones, se criticó la decisión de divulgar entre los 1.600 socios de la entidad un escrito de apoyo al presidente, Miguel Cabrera, por parte de un grupo de exalumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna (ULL), que incorporó el membrete del Casino y que incluía datos de carácter personal de los estudiantes, como sus DNI o sus rúbricas. En la Asamblea se planteó que tal episodio «podría ser causa de responsabilidad para la institución si se aplica la legislación vigente en materia de protección de datos».

En ese punto, Pérez-Camacho asumió la responsabilidad de haber ordenado la divulgación de dicho documento.

Algunos de los socios críticos con el actual presidente no comprenden por qué, después de haber perdido el respaldo de la mayoría de la Asamblea General Ordinaria, no presenta su dimisión irrevocable.

La magistrada-juez del Juzgado de lo Social número 2 de Santa Cruz de Tenerife estimó la demanda presentada por un joven abogado frente a Miguel Cabrera y dos de sus sociedades, por lo que declaró improcedente su despido el pasado 7 de marzo. Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Indemnización

La autoridad judicial considera que dicho letrado deberá ser indemnizado con 4.882 euros por parte de Pérez-Camacho, su despacho jurídico y otra sociedad mercantil vinculada al primero. También tendrá que ser compensado, en concepto de salarios, el citado abogado con otros 2.000 euros netos, más un 10 por ciento de interés por demora patronal.

El denunciante desempeñó su actividad profesional desde octubre del 2020, mediante contrato verbal, con la entidad Miguel Cabrera Pérez-Camacho, abogados y asesores tributarios, SL., por lo que percibía cada mes una cantidad fija de dinero que se le ingresaba en una cuenta bancaria. Usaba un despacho habilitado por la propia empresa en la quinta planta de un edificio situado en la calle Valentín Sanz, en pleno centro de la capital tinerfeña, por el que no abonaba precio alguno. Para desempeñar su trabajo, disponía de un ordenador, teléfono y demás medios, «todos de titularidad de la citada empresa», según consta en la sentencia.