La conflictividad convierte la ESO en Canarias en "una bomba de relojería" según los docentes

Un total de 157 docentes han recurrido al Defensor del Profesor de ANPE durante el curso 2022-2023 (un 11% más), y el sindicato ha mostrado su inquietud por el aumento de la conflictividad en la Enseñanza Secundaria en Canarias, convertida en una "bomba de relojería" por la masificación de las aulas.

El presidente de ANPE en Canarias, Pedro Crespo, ha informado este viernes en rueda de prensa durante la presentación de la memoria anual del Defensor del Profesor que los casos de conflicto denunciados por los docentes en el ejercicio de su labor siguen aumentando y están "muy cerca" del histórico alcanzado en 2018-2019.

La del curso pasado es la segunda mayor cifra de casos en los quince años que lleva funcionando en las islas el Defensor del Profesor detrás del citado curso 2018-2019, cuando se registraron 168 denuncias, lo que implica que en solo tres cursos la cifra de quejas por conflictividad ha aumentado en más de un 50 por ciento.

Para ANPE la mayor inquietud se centra en secundaria, que abarca la ESO y el Bachillerato, al pasar de 77 casos en el curso 2021-2022 a 86 el pasado, y que suponen el 55 por ciento del número total de casos atendidos por el servicio.

Domingo Rodríguez, coordinador del Defensor del Profesor en Tenerife, ha indicado que se han registrado siete casos de denuncias de docentes de la etapa Infantil, que están relacionados con la conducta de padres y madres, y en Primaria han pasado de 33 a 36. Rodríguez ha señalado que, a los datos relacionados con la Secundaria hay que sumar los casos en la FP básica, que pasan de 22 a 27 casos.

Distribución

Del total de casos recibidos por el Defensor del Profesor, 115 se corresponden con la conducta de alumnos y 42 con la de sus progenitores, ha detallado Rodríguez, quien ha explicado que de esta cifra 17 son agresiones físicas.

Esta situación ha derivado en que 80 docentes han manifestado que el problema que les ha llevado a contactar al Defensor del Profesor les impide continuar dando clase con normalidad.

Al respecto, ha detallado que ha habido 69 casos de amenazas por parte de alumnos y 57 de falta de respeto y en el primer apartado se constata un aumento "significativo" (pues el curso anterior fueron 49) y ha destacado el representante sindical que esta conducta se produce en su mayor parte en alumnos de primero y segundo de la ESO.

En cuanto a problemas relacionados con las familias, ANPE llama la atención sobre el "notable" incremento también de las faltas de respeto, que pasan de 11 a 19, y las presiones para modificar nota, que suben de 19 a 26.

Además ha surgido un nuevo problema: el ciberacoso de padres, madres y otros familiares de alumnos al profesorado, con cinco casos, cuando con anterioridad esta práctica sólo se había desarrollado por parte de los estudiantes.

También lamentan los docentes los casos "bastante dolorosos" de denuncias carentes de fundamento que han recibido por parte de familias de alumnos y las agresiones por parte de padres o madres, de las que se contabilizaron 4 el curso pasado, una de ellas procedente de una abuela que "agredió a una docente que ni siquiera impartía clase a su nieto", ha añadido.

Las consecuencias

Esta situación genera un aumento en los problemas de ansiedad y de bajas del profesorado asociados a incidentes con alumnos y familias, una situación que han relatado 75 docentes, mientras que otros 30 estuvieron de baja médica.

Según las cifras facilitadas por ANPE, un 48 por ciento de los docentes que denunciaron situaciones de conflictividad padeció ansiedad, un 8 por ciento sufrió depresión y casi el 20 por ciento tuvo que coger una baja por otras causas asociadas a los incidentes.

Por ello ANPE reivindica que se reconozca como enfermedad profesional aquella patología relacionada con la salud mental que se derive del ejercicio de la docencia, como la ansiedad y la depresión.

El vicepresidente del sindicato, Víctor González, ha relacionado la conflictividad en los centros con la elevada ratio en las aulas y la falta de personal especializado para atender la diversidad, por lo que ha propuesto un plan plurianual para reducir paulatinamente el número de alumnos por clase que, en el caso de Secundaria, tendría como número ideal unos 20 o 22 estudiantes.

González ha precisado que la Consejería de Educación tiene un protocolo para este asunto pero, ha añadido, es lento y no es el más adecuado, por lo que ha insistido al departamento educativo para que implante el Defensor del Profesor y habilite un número de teléfono al que puedan dirigirse los docentes con el objetivo de facilitar asistencia jurídica y psicológica.

ANPE ha insistido en que la situación se ha "globalizado" y no puede hablarse de que haya más conflictividad en zonas deprimidas y ha reiterado su convencimiento de que con un menor número de alumnos por aula y personal específico, como psicólogos, se podrá atender a alumnos con conductas disruptivas y conducta agresiva.

Al respecto, Víctor González ha puesto de ejemplo el que tres o cuatro alumnos con este tipo de conductas en un aula de 25 o 30 estudiantes en la ESO puede hacer "insufrible" el dar clase, y si a esta situación se suma la masificación, especialmente en las zonas del sur de las islas, al final la docencia es "una bomba de relojería".