El 72% de los canarios no tiene acceso a un juzgado especializado en familia

El 72 por ciento de los ciudadanos que residen en Canarias no tiene acceso a un juzgado de Familia. Esa situación se agrava en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde la población que carece de dicho servicio especializado asciende al 74%. El motivo es que en la actualidad sólo pueden acceder a dicha prestación quienes viven en los municipios de los partidos judiciales de las capitales provinciales (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria).

Así lo expuso la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aefa), María Dolores Lozano Ortiz, durante la presentación de las jornadas Derecho de Familia en Tenerife, que empezaron ayer y finalizan hoy en las instalaciones del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (Icatf).

En opinión de Lozano, la situación que se da en el Archipiélago por la falta de juzgados de Familia es «muy preocupante», «lamentable» y paradójica, puesto que, desde hace años, es la Comunidad Autónoma en la que mayor número de matrimonios hay, y también donde más separaciones y divorcios se producen de todo el país. 

Cabe recordar que la media de los residentes en España que no pueden acceder a un órgano judicial especializado en familia por su lugar de residencia es del 52 por ciento; es decir, 20 puntos menos que en Canarias.

Desde el año 2000, la Aeafa reivindica la necesidad de crear juzgados especializados en Infancia, Familia y Capacidad. «Si la empresa tiene juzgados de lo Mercantil; si el trabajador cuenta con los de lo Social; si la administración posee los de lo Contencioso-Administrativo, las familias también deben tener sus juzgados, con independencia del lugar de residencia; es decir, no importa que uno viva en un pueblo y otro en una ciudad», comentó Lozano Ortiz.

«Lo que resulta indignante es que por vivir en un pueblo no tienes derecho a que tu asunto sea resuelto por un juez especializado, con un equipo técnico especializado, de mediación, de coordinación de parentalidad, y, por tanto, se está produciendo una discriminación a los ciudadanos que tiene que ver con su lugar de residencia», manifestó la presidenta de Aeafa.

En palabras de la portavoz del colectivo, cuando un asunto de familia lo tramita un órgano no especializado (de primera instancia o mixto, por ejemplo), «normalmente, tarda mucho más tiempo en resolverse, hay unas dilaciones o retrasos que son demasiado extensos y no se puede tener a una familia sin determinar cómo se va a repartir el tiempo de residencia de los niños, con quién van a vivir, qué régimen de visitas tiene el progenitor con quien no residan o el importe de la pensión de alimentos de los menores».

Explicó Lozano Ortiz que, desde que uno presenta una demanda solicitando unas medidas al juzgado hasta que realmente éste fija las mismas, puede transcurrir demasiado tiempo.

Incidió en que, a su vez, esos retrasos pueden dar lugar a episodios de violencia de género; es decir, "que el propio sistema realimenta y provoca muchas situaciones que podrían no darse si fuera ágil, rápido y si realmente se cumplieran los plazos establecidos en la Ley, pero para ello no solamente necesitamos juzgados especializados, sino también una inversión en recursos humanos, en medios materiales, más plazas de jueces y fiscales, y, sobre todo, en lo que son las infraestructuras". Para la Aeafa, estas carencias se han agravado con la pandemia del covid-19, con la huelga de los letrados de la Administración de Justicia o con las nuevas huelgas de funcionarios, que reclaman "derechos muy legítimos", matizó Lozano.

La Justicia no interesa absolutamente a nadie, porque no da votos

María Dolores Lozano Ortiz

— Presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa)

«La Justicia no interesa absolutamente a nadie, ni al Gobierno que esté en el poder en ese momento, da igual el color o la ideología; la Justicia siempre se mete en el cajón, ni al Parlamento, ni al Congreso, ni a los poderes públicos; no interesa absolutamente a nadie porque no da votos, porque siempre hay otras cosas más importantes, a pesar de que lo más importante que mueve un país es la familia, su bienestar y mantenerla en un orden y que sus problemáticas se puedan resolver con agilidad», señaló María Dolores Lozano.

Una de las propuestas defendidas por la Aeafa consiste en que, al menos, en cada capital provincial exista un juzgado que asuma todos los asuntos de familia de dicho territorio. Y criticó que el proyecto de Ley Orgánica lleva «dormido o abandonado» desde hace más de un año.

La vicedecana del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Mila Pacheco, resaltó la importancia de que los letrados cuenten con una formación continua adecuada en esta materia y que «conozcan al dedillo lo que se aplica por los tribunales y sean expertos en esta materia».

La Aeafa tiene un trayectoria de 30 años y no sólo se dedica a la formación de letrados para que asesoren lo mejor posible a sus clientes, sino que también trabaja por la especialización de jueces, magistrados y otros agentes que intervienen en los asuntos de familia.

La custodia compartida

Los divorcios que terminan con la custodia compartida de los hijos se han incrementado en más del doble en España durante la última década, al pasar de 9.032 en el año 2013 a los 18.533 en 2022. Este fuerte incremento ha provocado que haya pasado del 18 por ciento en los casos de divorcio hasta suponer cerca del 46%. Sin embargo, según Aeafa, el avance de este procedimiento es desigual en el país y depende tanto del contexto social como de la sensibilidad de los órganos jurídicos. Así, mientras en la provincia de Girona representa el 65% de los procedimientos, en Toledo se sitúa solamente en el 30%.

En el caso de los asuntos que se tramitan en las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, la concesión de la custodia compartida llega al 41 por ciento, casi cinco puntos por debajo de la media nacional. En el caso de la provincia de Las Palmas dicho parámetro se halla en un 48 por ciento, según las actuales estadísticas.

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