Piden cesar a la cúpula de Justicia en Canarias por mantener al director de Medicina Legal

Los sindicatos Intersindical Canaria, CSIF, STAJ y CCOO han dado un paso más en la mañana de este martes, 14 de febrero, al exigir el cese del consejero de Justicia del Gobierno canario, Julio Pérez; la viceconsejera, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos.

El motivo es que, hasta ahora, tras casi cinco años de duras críticas, mantienen como director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Santa Cruz de Tenerife a Jesús María Vega, a pesar de que ya acumula cuatro sentencias en las que supuestamente se cuestiona su correcta gestión de dicha entidad y por las que el Ejecutivo autónomo ha debido pagar unos 6.000 euros, tanto en costas como en indemnización a un médico forense afectado por una decisión de Vega.

Las resoluciones judiciales corresponden a dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, una del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y una cuarta del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la capital tinerfeña.

Las declaraciones fueron realizadas por Dulce María Paz, de CCOO; Mario Sicilia, del CSIF; David Ortuño, de Intersindical Canaria (IC), y Desirée Guevara, del STAJ (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia). Paz recordó que las primeras críticas de estas organizaciones contra el director del IMLCF comenzaron en 2018.

Y, un año más tarde, en el 2019, meses después de llegar a su cargo como consejero, Julio Pérez, admitió la existencia del conflicto y consideró que era un asunto prioritario, al que había que poner solución, según recordó la portavoz de CCOO. Pero más de tres años después, lamentó Paz, Vega sigue en su puesto, que es de libre designación. El único sindicato de la Mesa Sectorial de Justicia que no se suma a las demandas de dichas organizaciones es UGT.

Piden cesar al director del Instituto de Medicina Legal de Tenerife

La última sentencia conocida contra una decisión del director del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife se debió a la denuncia presentada por un médico forense que estaba destinado en el partido judicial del Puerto de la Cruz desde hacía casi dos décadas y fue destinado al de La Orotava.

Según IC, CSIF, STAJ y CCOO, esta medida de Vega se produjo como correctivo contra dicho profesional, que se había quejado de que los médicos forenses de los partidos de Puerto de la Cruz e Icod de los Vinos debían compartir un mismo teléfono móvil cuando se sucedían en las guardias. Y, para ello, debían quedar en algún punto del norte de la Isla para entregarse el terminal.

Dichos sindicatos aseguran que esa circunstancia ocurría a pesar de que en una gaveta existía un segundo teléfono móvil para uno de dichos médicos forenses que no se utilizaba, supuestamente, según los portavoces sindicales, por orden de Jesús María Vega.

Para Dulce María Paz, el citado director del IMLCF se comporta de forma "dictatorial", "con falta de respeto" y "miente de forma deliberada". Esta representante de CCOO dijo que los hechos probados hasta ahora en las sentencias son suficientemente graves como para no mantenerlo en su puesto; y si no, "apaga y vámonos".

Paz también se pregunta por qué Vega no ha adoptado medidas para ocupar el puesto de médico forense en el partido de La Orotava, que lleva vacante desde hace seis meses. Y añadió que una situación similar ocurre en el partido de Arona, donde hace dos meses que no se cubre una plaza de médico forense. Esta última circunstancia, aclara CCOO, incide en la carga de trabajo del único forense destinado en el partido de Granadilla de Abona, que es uno de los más saturados del Archipiélago.

David Ortuño, de IC, recordó que los hechos ocurridos son bastante graves y se genera un perjuicio para la Administración de Justicia y también para los ciudadanos, en la medida en que de sus impuestos salen los 6.000 euros que debe abonar la Consejería por las costas y la indemnización al médico forense.

Según Desirée Guevara, del STAJ, "el consejero ha tenido a la Administración de Justicia abandonada", a la vez que insistió en que el puesto de director del Instituto de Medicina Legal es de libre designación por parte de las autoridades políticas, no de méritos y capacidad, por lo que reclama la destitución del mismo.

Los portavoces sindicales aseguraron que Vega lleva en el cargo desde hace casi 15 años y, desde entonces, ningún grupo de gobierno regional lo ha destituido.

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