Piden cesar al director del Instituto de Medicina Legal de Tenerife

Los sindicatos Intersindical Canaria, CSIF, STAJ y CCOO hacen referencia a las sentencias contra dicho cargo de la entidad

Imagen de archivo del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife. | | E.D.

Imagen de archivo del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife. | | E.D. / El Día

El Día

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Los sindicatos Intersindical Canaria, CSIF, STAJ y CCOO, integrantes de la Mesa Sectorial de Justicia, solicitan el cese del director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Santa Cruz de Tenerife, que fue designado por el sistema de libre designación por el consejero de Justicia y ha sido mantenido en el puesto, a pesar de tener dos sentencias desfavorables. Las citadas organizaciones señalan que el Ejecutivo autónomo ha sido obligado a pagar una indemnización de 6.000 euros, «por el negligente comportamiento de dicho funcionario, conforme se recoge en las sentencias hechas públicas».

En una nota se afirma que «entendemos que, de no producirse el cese del director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la responsabilidad recae sobre quien le mantiene en dicha plaza, quien habrá de explicar los motivos por los que, con estos antecedentes, mantienen al mismo en ese puesto de confianza».

El pasado 9 de enero, el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife declaró la firmeza de la sentencia de 2 de noviembre de 2022, en la que se condena a la administración a indemnizar con 2.000 euros al médico forense que fue trasladado de partido judicial de forma forzosa e irregular por el Director del IMLCF. Esta indemnización se suma a los 4.000 euros abonados ya por las costas procesales a las que fue condenada también la administración por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, que anuló el acuerdo de traslado forzoso por no ser ajustado a derecho.

Las organizaciones explican que el motivo es el traslado de partido judicial de un médico forense

La sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 señala, además, la obligación por Ley de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de incoar expediente disciplinario al director de dicha institución por su actuación. Según los citados sindicatos, se pronuncia, además, sobre el nexo causal entre la actuación del director del Instituto de Medicina Legal y el daño producido.

Exponen las organizaciones sindicales que las cuatro sentencias que se han pronunciado sobre la actuación del director del Instituto de Medicina Legal (2 dictadas por el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, una del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la señalada por el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2 han calificado su actuación de: «avuso de derecho», «daño antijurídico», «decisión de todo punto injustificada», «sanción o corrección encubierta», «correctivo disciplinario para evitar quejas» y «castigo encubierto por hacer reivindicaciones laborales». También resaltan los cuatro sindicatos que en los hechos probados se exponen ideas como «ejercicio arbitrario y desviación de poder de las potestades públicas».

Para Intersindical Canaria, CSIF, STAJ y CCOO, esa es una de las acciones «más reprobables que puede llegar a cometer un funcionario, más si es el máximo responsable de una institución pública, y más aún, si cabe, si con ello lo que pretendía era castigar a un subordinado». Además de que con ello, añaden los sindicatos, el director del IMLCF habría podido incurrir en otra responsabilidad disciplinaria, contemplada en el apartado q) del artículo 7 del Real Decreto 796/2005, de 1 de julio («Se consideran faltas muy graves: La arbitrariedad en el uso de autoridad que cause perjuicio grave a los subordinados o al servicio»).

Los hechos probados que recogen las diferentes sentencias evidencian y clarifican, además, muchas de las irregularidades y disfunciones que «la mayoría sindical de Justicia venimos denunciado reiteradamente en diversas Mesas Sectoriales y ante los medios de comunicación».

Dichas organizaciones recuerdan que el hostigamiento ha llegado fuera de la entidad, puesto que, incluso, el Poder Judicial otorgó protección institucional a una juez de Arona ante las descalificaciones personales sufridas por parte del director del IMLCF de Santa Cruz de Tenerife. Para IC, CSIF, STAJ y CCOO, estos no son casos aislados, sino «un ejemplo más de las graves disfunciones que presenta este Instituto y de su gestión irregular».