Canarias cuenta en estos momentos con 9.036 plazas fijas pendientes para estabilizar a su plantilla de distintas categorías de la sanidad canaria. De ellas, aproximadamente la mitad, unas 4.500, carecen de un Decreto que las convoque y, por tanto, corren el riesgo de caducar entre finales de este año y el 2022. Canarias, por el momento, pone la pelota en el tejado de Madrid, donde Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y Función Pública, tiene la tarea de tomar una decisión sobre qué hacer con el acceso de los empleados públicos a la Administración.

Iceta está decidido a acabar con la temporalidad de la Administración pública, y para ello, ha anunciado una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de cara a evitar los abusos de temporalidad en el futuro. Sin embargo, en esa declaración de intenciones, no informó sobre cómo va a resolver los miles de interinos que se encuentran trabajando con contratos interinos desde hace años y en fraude de ley en España. La Consejería de Sanidad, en una Mesa Sectorial celebrada en el día de ayer, puso de relieve esta situación y emplazó a los sindicatos representantes de la Sanidad canaria a pensar y presentar en la próxima reunión un Plan B, que se pueda ejecutar en caso de que la respuesta del Ministerio de Política Territorial se demore.

«Nos han solicitado buscar una fórmula para consolidar a todas esas personas sin perder la caducidad», resaltó Leopoldo Cejas, secretario autonómico del sindicato de enfermería Satse, que adelantó que «no va a ser fácil» tomar la decisión. En este sentido, argumentó que una de las opciones ser agrupar todas las plazas, convocadas y no, en una sola oferta de empleo. Pero esta solución tiene una contrapartida: «corres el riesgo de que genere efecto llamada», como advirtió Cejas. Otra posibilidad, más radical, «sería dejarlas morir». Si ocurre esto último, Canarias podría haber perdido la tasa de reposición que ha ido acumulando y le llevará unos años poder volver a ofertar una cantidad de plazas similar. Sin embargo, el cambio que se plantea para el EBEP también podría modificar las reglas del juego en este sentido, por lo que, por ahora, es una incógnita el cómo podrá afectar la pérdida de plazas a Canarias. «Hay que negociar de la mejor manera posible para que todas las personas puedan acceder a esa estabilización», remarcó, por su parte, Francisco Bautista, secretario general de Fesp de la UGT.

Se mantiene la OPE

El motivo principal de la Mesa Sectorial celebrada ayer entre la Administración y los sindicatos, no obstante, no era otra que dar cuenta sobre lo ocurrido en los tribunales con la anulación de la OPE de 2018. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido que esta convocatoria, que afecta a 7.198 plazas de 60 categorías diferentes, quede invalidada al no haber sido puesta en marcha en el tiempo y forma correctos.

El TSJC desestimó los incidentes de complemento de Sentencia que se habían presentado por parte del Gobierno de Canarias y del sindicato de enfermería Satse. Sin embargo, en ese mismo fallo reconoció que «los empleados públicos no tienen por qué sufrir las consecuencias de irregularidades que no le son imputables».

Para la Administración ese reconocimiento es suficiente como para entender que los aspirantes que ya se han examinado y están en las fases finales de la oposición, tienen derecho a que se culmine con su proceso selectivo. La Administración sanitaria pretende continuar adelante con sus planes, y culminar el último proceso selectivo en marcha el próximo 25 de junio. Será en esa fecha cuando se presente la resolución definitiva de los enfermeros que han logrado una plaza fija en el Servicio Canario de la Salud (SCS), más de dos años después de presentarse al examen. Durante el mes de junio se resolverá el concurso de traslados de esta categoría. Las otras dos convocatorias que permanecen abiertas, la de fisioterapeutas y matronas culminarán previsiblemente mañana (14 de mayo), con la publicación definitiva de la asignación de plazas. A esta convocatoria concurrieron más de 12.000 personas para 1.280 plazas públicas (1.095 enfermeros, 62 fisioterapeutas y 123 matronas).

4.316 interinos

Mientras el futuro de la completa estabilización de los trabajadores del SCS depende de las decisiones que se realicen en Madrid, Canarias tratará de, al menos, revertir la situación de eventualidad de 4.316 trabajadores. Según la Consejería de Sanidad, «antes de que acabe el verano», se tratará que todos esas personas que llevan más de dos años encadenando contratos eventuales puedan lograr algo más de estabilidad. Se trata de un incremento del 32,2% con respecto a las que se propusieron a finales de año y se plantea que pueda hacerse efectivo a partir de mayo y hasta principios de verano.

El 47% de los puestos que pasarán a formar parte de la plantilla estructural del Servicio Canario de la Salud (SCS) se encuentran en Tenerife –un total de 2.046 plazas–, frente al 37% de ellas que se estabilizarán en Gran Canaria –1.601 plazas–. Esta diferencia tiene su origen en distintas circunstancias relacionadas con la organización y expansión de los centros. El Hospital Universitario de Canarias (HUC) será el centro que procederá a modificar la situación laboral de más trabajadores. Concretamente serán un total de 975 personas las que pasarán a ser interinas, siendo las categorías más beneficiados la de auxiliares de enfermería (296 plazas) y enfermería (281).

Una vez se hagan efectivos los pasos a interinidad, estos puestos quedarán incluidos en el capítulo 1 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, con lo que se podrán sacar a concurso público, propiciando aún más la estabilización en un puesto fijo a través de ofertas públicas de empleo. Una vez se añadan estas plazas, el montante que tendrá que gestionar la comunidad –más de 13.000– equivaldrá el 50% de toda la plantilla del SCS.

Paralización cautelar

La Mesa de Confluencia de Médicos de Canarias ha solicitado la paralización cautelar judicial de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2020 dotada de 1.232 plazas. Se abre ahora un periodo de tiempo en el que Sanidad podrá presentar las alegaciones pertinentes. La Confluencia ya había anunciado que, tras agotar la vía administrativa, acudirían a los tribunales para tratar de anular esta OPE al igual que ha ocurrido con la de 2018. «Espero que el SCS aprenda de lo que ocurre y no empiece a examinar, porque ya tiene el antecedente de 2018», insistió Gerardo Pérez, abogado defensor de la Confluencia, hace dos meses. Pérez además, adelantó que el «90% de los argumentos» que utilizaron los demandantes de la OPE de 2018 para conseguir tumbarla, serán utilizados en este nuevo recurso. En esta ocasión también se pondrán sobre la mesa otros motivos por los cuáles el colectivo considera que se ha actuado de manera ilícita.