Urbanismo ordena la inmediata retirada de las tiendas de campaña en la azotea de un edificio de Santa Cruz y el cese de la actividad de alquiler vacacional

El Ayuntamiento prevé que la sanción oscile entre los 15.000 y los 30.000 euros

La Policía Nacional acude al inmueble ubicado en la calle Castellón de la Plana, en La Salle

La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias también anuncia que "actuará de oficio"

Tiendas de campaña en una azotea de Santa Cruz

El Día

La Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz ha incoado un expediente sancionador de "actividad clandestina" contra la responsable de las tiendas de campaña instaladas en la azotea de un edificio de La Salle, por ejercer la "actividad de alquiler vacacional sin contar con licencia o título habilitante", tanto en dicho espacio como en una vivienda del citado inmueble. Asimismo, como medida provisional, el Ayuntamiento chicharrero ordena el inmediato cese de la actividad, así como la retirada de las tiendas de campaña y "de las instalaciones que sirven a la misma". Urbanismo prevé que, una vez finalizado el expediente, la cuantía de la multa oscile entre los 15.000 y los 30.000 euros. La resolución se dicta tras comprobar la información adelantada, en exclusiva, por el periódico EL DÍA.

El Consistorio concede audiencia en el expediente a la interesada por plazo de diez días, contados a partir de que ésta reciba la correspondiente notificación, con el fin de que pueda presentar las alegaciones y documentos que «estime conveniente en defensa de su derecho», y como «paso previo a la orden de cese de la actividad y, en su caso, precinto policial de los accesos al lugar».

El pasado 16 de febrero, este periódico informó de que en un edificio de la calle Castellón de la Plana, en el santacrucero barrio de La Salle, se estaban alquilando tiendas de campaña en una azotea por unos 12 euros la noche. Esta curiosa opción, por denominarla de alguna manera, para pasar unos días en la capital tinerfeña podía encontrarse en un conocido portal de búsqueda de viviendas de alquiler vacacional, anunciándose como "Centro de Tiendas de Campaña" en Santa Cruz de Tenerife, e indicando que el baño y la cocina se podían utilizar en un apartamento, como instalaciones "compartidas" para todos los huéspedes.

Este periódico se hizo eco de la denuncia manifestada por vecinos del inmueble, que aseguraban que ya no aguantaban más lo situación y que llevaban viviendo entre «basura, ruidos y miedo» desde hacía dos años, "a pesar de haber llamado a la Policía Local en varias ocasiones" . Éstos contaron que la "pesadilla" comenzó "cuando el piso de la segunda planta salió a subasta y la propietaria actual lo compró". "Ella no habla español, pero parece entender cuando le interesa. Ella y su pareja se han reído de nosotros cada vez que hemos intentado solucionar esta situación", han comentado.

La Policía Nacional inspecciona el inmueble.

La Policía Nacional inspecciona el inmueble. / E. D.

Este lunes, 19 de febrero, la Gerencia Municipal de Urbanismo, a raíz de un acta policial emitida el pasado 31 de enero y de la información facilitada por EL DÍA, envió a la zona a un inspector para realizar las comprobaciones oportunas. A las pocas horas se dictaba una resolución, que será notificada a la responsable de las tiendas de campaña y del citado apartamento, con la que se incoa expediente sancionador y con la que se ordena el inmediato cese de la actividad de alquiler vacacional y la retirada de las casetas.

Según se establece en el expediente incoado, «en el presente caso, en atención a la afección que en materia de ruidos y molestias tiene para los vecinos el desarrollo de la actividad, así como por razones de seguridad y salubridad, se hace necesario adoptar medida cautelar del cese de la actividad».

Precinto

La concejala de Urbanismo, Zaida González, del PP, destaca que la tramitación de dicho expediente finalizará «con la imposición de una importante sanción económica, que aún está por determinar», aunque, y según adelanta, ésta podría oscilar entre los 15.000 y los 30.000 euros, ya que se trata de una infracción «muy grave». Asimismo, González apunta que la incoación del expediente permitirá a la Policía Local precintar el acceso al lugar «si se hace caso omiso de la resolución».

La Policía Nacional también acudió este lunes al inmueble para "realizar las comprobaciones oportunas sobre una posible infracción administrativa". Y el Gobierno de Canarias, desde la Consejería de Turismo, ha anunciado a este periódico que también "actuará de oficio", iniciando el correspondiente expediente sancionador.