El alcalde de Santa Cruz solicitará al Defensor del Pueblo que recurra la Ley de Amnistía

El informe que el propio alcalde pidió al Servicio Jurídico del Ayuntamiento establece que éste, por sí mismo, ni puede intervenir en la tramitación de la norma ni recurrirla

José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife.

José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife. / E. D.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, anuncia que solicitará al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. Y es que el informe del Servicio Jurídico municipal, solicitado por el propio regidor chicharrero sobre las alternativas jurídicas de las que dispone el Ayuntamiento para tumbar esta norma, ha concluido que el Consistorio, por sí mismo, ni puede intervenir en la tramitación de la misma ni recurrirla.

El citado informe señala que solo están legitimados para la interposición de un recurso el presidente del Gobierno, cincuenta diputados, cincuenta senadores o el Defensor del Pueblo. "Y, precisamente, a esta última figura es a la que vamos a instar a que actúe contra esta ley. Presentaré la solicitud formal, como alcalde de Santa Cruz de Tenerife y como consecuencia de la moción aprobada en el pleno en septiembre rechazando dicha norma, cuando la ley esté aprobada de manera definitiva, pues antes no se puede hacer", explica José Manuel Bermúdez.

A mediados de noviembre, el alcalde de Santa Cruz dio una rueda de prensa para anunciar que haría todo lo posible para "tumbar" la Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña, promovida por el Gobierno central. Indicó que había solicitado un informe al Servicio Jurídico del Ayuntamiento para que estudiase y expusiera las alternativas jurídicas de las que este disponía para evitar la tramitación de la norma o su aplicación, "por ser ilegal". Bermúdez aseguró que estaba dispuesto a acudir a los tribunales. Destacó que era el primer alcalde que daba este paso e hizo un llamamiento al resto de regidores de los ayuntamientos de España para que se sumaran a la iniciativa.

El Servicio Jurídico ya ha remitido a Bermúdez el informe. Ha sido el propio regidor chicharrero el que ha hecho público su contenido, reconociendo que ni el alcalde ni el Ayuntamiento, por sí mismos, pueden acudir a la Justicia contra esta ley. Pero sí existe la posibilidad, añade el regidor de Santa Cruz de Tenerife, "de poder dirigirme al Defensor del Pueblo para que sea este el que presente el recurso, una vez que la ley esté aprobada".

Bermúdez espera que, como mínimo, el Defensor del Pueblo solicite un informe a su Servicio Jurídico sobre la posible inconstitucionalidad de esta ley. "Es uno de los pocos órganos del Estado de Derecho que puede, y debe actuar, independientemente del gobierno. Esta es una gran oportunidad para que el Defensor del Pueblo actúe como marcan sus estatutos, para que demuestre su independencia y para que creamos de manera más ferviente en esta figura", manifiesta el alcalde de la capital tinerfeña.

Este apunta que le pedirá al Defensor del Pueblo que recurra la ley porque "el hacerlo está entre sus atribuciones; tiene que ser un árbitro fundamental en esta cuestión, pues se debe a todos los españoles". Por lo tanto, insiste Bermúdez, ante la imposibilidad de que "yo pueda acudir a la justicia directamente, solicitaré a Ángel Gabilondo que lo haga". Comenta que su solicitud se va a fundamentar en que la citada norma "vulnera" la Constitución de 1978; los principios básicos de seguridad jurídica y de igualdad de todos los españoles ante la ley, así como la independencia judicial. "Una ley que, en principio, debe ser algo general, se está utilizando como un instrumento político que plantea el privilegio para unos pocos".

Destaca que también plantean dudas sobre la constitucionalidad de esta norma magistrados, jueces, notarios, abogados, colegios profesionales, y colectivos sociales y económicos. "Continuamos en la línea, tal y como lo anuncié en su día, de buscar cualquier camino, cualquier posibilidad que me permita, de manera directa o indirecta, cuestionar o recurrir la inconstitucionalidad de esta ley, porque estoy obligado por el pleno, tras el acuerdo aprobado".

Con respecto al llamamiento que hizo al resto de alcaldes del país, Bermúdez indica que no tiene conocimiento de que alguno más se haya sumado a su iniciativa, por lo menos en Canarias. "También es cierto que hay que esperar a que la ley esté en vigor y no me consta que se haya aprobado el rechazo a esta norma por el pleno en otro Consistorio. Pero que cada uno actúe según su conciencia".

Por último, el alcalde del municipio chicharrero argumenta que el propio informe jurídico municipal plantea dudas sobre la constitucionalidad de la ley, indicando que "podría cuestionarse si el modelo propuesto se ajusta al principio de igualdad de los ciudadanos ante la Ley, ya que la Constitución no recoge referencia alguna a la amnistía, como sí lo hace respecto de los indultos".

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó el 29 de septiembre, con los votos a favor de CC, PP y Vox, y el voto en contra del PSOE, una moción para rechazar "cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito".