"Visocan no me atiende porque soy okupa; no quiero nada gratis, solo pido un contrato"

Madre soltera de dos hijas, de 6 y 12 años, en el hogar de Nadia Castro no se vive estos días una dulce Navidad, como canta el villancico. Al contrario. Cuando millones de personas estén festejando el Fin de Año, ese mismo 31 de diciembre Nadia sabrá que se le acabó el plazo dado por la jueza al ayuntamiento de Santa Cruz para buscarle un recurso habitacional. Tanto su futuro como el de sus dos hijas de 7 y 12 años es incierto, estando en situación de vulnerabilidad.

Más allá del debate de sus señorías en el Parlamento de Canarias, donde a raíz de preguntas de la diputada y concejala socialista Patricia Hernández sobre la situación de las 358 familias de Añaza el consejero de Viviendas ha asegurado que ninguna familia vulnerable que quedará en la calle, Nadia padece en su hogar precisamente lo contrario.

La ‘jueza buena’ solicita al IMAS que busque alojamiento para una familia okupa

El 25 de octubre la jueza sentencia no solo el desahucio sino que, a petición de los servicios jurídicos de Visocan –empresa pública que presidente Pablo Rodríguez, consejero de Viviendas–, se condena a Nadia a pagar también las costas del juicio, más allá que la jueza suspendiera el lanzamiento hasta el 31 de diciembre, plazo dado al Ayuntamiento de Santa Cruz para buscar alojamiento para esta familia.

La ‘jueza buena’ solicita al IMAS que busque alojamiento para una familia okupa

El pasado 12 de diciembre, el consejero aseguró en la Cámara regional que negaba la mayor: «Visocan no desahucia a familias vulnerables». Antes, en un pleno municipal, también el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, garantizó que «Visocan no puede desahuciar a ninguna familia en vulnerabilidad». Pero la realidad en casa de Nadia es otra. Y su lanzamiento solo depende de que la Corporación municipal le busque un recurso, un plazo que expira el 31 de diciembre.

Nadia no entiende nada.

Ella reconoce que hace más de seis años entró sin ningún título habilitante en la que hoy en sus vivienda, uno de los 358 pisos objeto de polémica en Añaza. Nadia se acababa de separar del padre de su segunda hija y un amigo le dijo que sabía dónde podía ir, en referencia a la casa que ocupa desde entonces. Por aquella fecha era propiedad del Banco Santander, entidad financiera que emprendió un pleito por la vía judicial contra Nadia en el que quedó absuelta, según dice ella.

Lo cierto es que continúa viviendo hasta la fecha en dicho inmueble, más allá de que en 2019 el Banco Santander se lo vendiera a Visocan, empresa pública dependiente del Gobierno de Canarias. Nadia pertenece al centenar de familias okupas, según el cálculo de afectados que realiza, que temen por la continuidad en sus viviendas. Frente a las promesas de los políticos, que garantizan que las familias vulnerables no resultarán afectadas, Nadia teme por su futuro inmediato. 

"Nunca me he negado a pagar un alquiler de 326 euros; que me den el contrato y yo busco el dinero"

Nadia Castro

— Vecina de Añaza

«Han dicho que Visocan se compromete a estudiar caso por caso, pero es falso. Esta misma semana volví a ir por enésima vez a la ONG que hace de intermediación y le reiteré mi deseo de regularizar mi situación. Me remitieron a la oficina y ahí no me quieren atender porque dicen que soy okupa. No me dejan ni coger número para que me atiendan. No quiero nada gratis, solo pido un contrato de alquiler y ya luego yo mes buscará la vida», explica esta madre coraje. «Llevo más de seis años en la casa y nadie se ha puesto en contacto conmigo; solo recibimos mentiras», se lamenta Nadia, que rechaza el desaliento.

Natural de La Laguna, donde nació en 1991, Nadia primero vivió en Ofra hasta que se trasladó con el padre de su segunda hija a Añaza, hasta la separación, cuando emprendió en el mismo barrio su nueva vida.  Esta madre reitera que «no me niego a pagar los 326 euros que se está pidiendo por un alquiler en mi parcela; que me permitan tener contrato y yo ya busco cómo pagarlo, como si tengo que ir al ayuntamiento a reclamar ayuda».

Antes trabajaba limpiando comunidades; ahora lleva un tiempo desempleada. De nuevo se lamenta de la imposibilidad de regularizar la situación: «Visocan se niega a llegar a un acuerdo con nosotros porque asegura que no tenemos derecho por cómo entramos a nuestras casas», en referencia a que no media un título de titularidad. «En estas situaciones estamos más de un centenar de vecinos».

«Yo entré en la casa en 2017 y el Santander me denunció en 2018, cuando se celebró el juicio que quedé absuelta, sin condena. En 2019 se inició el trámite para el desahucio, se nos emplazó a entregar la documentación a una ONG que actuaba de mediadora y desde entonces hasta 2023 no tuve más noticias. En agosto Visocan me denuncia y me reclama no solo del desahucio y que me condenen en costas, sino también me pide 42.000 euros». 

Esta ignorada ocupante, como reza en el proceso judicial, solo pide una oportunidad, la misma que ofrecen los políticos en la tribuna del Parlamento canario, pero que no se materializa en los despachos porque le pasan factura de que hace seis años dio una patada y entró a una casa que entonces era del Banco Santander y ahora de Visocan, del Gobierno canario. Y ella, en situación, madre de dos hijos y en situación de vulnerabilidad.