Bermúdez: "Visocan no puede desahuciar a ninguna familia en vulnerabilidad"

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz rechazó la propuesta defendida por la portavoz socialista, Patricia Hernández, para, entre otras medidas, garantizar «una solución definitiva a la situación habitacional a las familias de las 358 viviendas de Añaza» porque el equipo de gobierno ya ha logrado paralizar los desahucios que afectaban a cuarenta familias, según explicó la concejala del Instituto Municipal de Atención Social, Charín González, quien reiteró que la situación ya está en vía de resolución como lo evidencia la segunda carta remitida por Visocan a los vecinos en los que enmienda la plana y ya no habla de desahucios, sino que los conmina a ir por las oficinas para buscar una solución, a priori.

Según los afectados, en la actualidad Visocan plantea a los vecinos la renovación del contrato por un año, con el aplazamiento del pago de la deuda durante 24 meses, lo que no convence a los residentes.

Visocan desahucia a una madre con dos hijos en situación de vulnerabilidad

Mientras en el pleno se daba por encarrilado este caso, incluso en contra del golpe de realidad aportado en las Casas Consistoriales por cuatro residentes de Añaza, acabada la sesión el alcalde remitió una carta al consejero de Viviendas y presidente de Visocan –empresa pública que trae de cabeza a estas 358 familias de Añaza– para comunicarle su «descontento» por cómo está gestionando esta situación de crisis, reiterarle que suspenda los desahucios advertidos por los vecinos y pedir una nueva reunión de trabajo.

Precisamente al cierre del debate de la moción del PSOE para garantizar los recursos habitacionales de forma definitiva el alcalde sentenció: «Visocan no puede desahuciar a ninguna familia en vulnerabilidad y si lo está haciendo, lo debe dejar de hacer», para añadir que «a nadie le debería llegar una carta con la excusa de falta de pago por parte del ayuntamiento porque Visocan es una empresa pública y esta, una administración pública», dijo Bermúdez que pareció convertirse en el Robin Hood de Añaza, con el asentimiento, casi, de la propia portavoz del Partido Socialista. Antes, el debate de la moción incrementó las diferencias políticas entre socialistas y nacionalistas.

Golpe de realidad

Antes incluso del debate político de la moción, golpe de realidad en la Casa de los Dragos de la mano de Yurena, Nadia, Maya y Raquel, que en primera persona contaron los casos de aquellos vecinos que tienen todo al corriente, otros que tienen contrato y deudas, otros que no suscribieron el contrato y hasta el particular de una afectada por un desahucio. Tenían quince minutos y le sobraron cinco para describir la situación.

Y como se temía que iba a faltar tiempo, Patricia Hernández no sólo se arrogó la portavocía del PSOE sino también de Melania, presente entre el público. Su caso: recibe la carta de Visocan para reclamarle el pago de recibos, le exigen la deuda provocada por el impago de alquileres que debía ingresar el ayuntamiento, que cubre diez de las doce mensualidades de esa beneficiara de la PEA.

A partir de ahí, a Patricia Hernández solo le faltó decir de forma explícita que su discurso estaba basado en hechos reales. 

Del golpe de realidad, al dato mata a relato, la estrategia por la que se decantó la concejala del IMAS, Charín González, que pidió perdón a los vecinos porque la concejala socialista los utilizada para armar su relato. A partir de ahí, intentó desmontar los argumentos del PSOE con la máxima dato mata a relato: 270 familias están en regla y se han parado 40 desahucios, el ayuntamiento cumple –en 2022 destinó 130.000 euros y en 2023, 129.000 euros, al pago de alquileres de las 358 familias de Añaza–. Y más dato mata a relato, para airear la falta de coherencia de Patricia Hernández, que cuando era alcaldesa hizo oídos sordos a través de su concejala del IMAS, Marta Arocha, admitiendo que no era competente en viviendas para resolver la situación.

«Si esto se ha arreglado es gracias a este señor –señaló al alcalde– que ha mediado con Visocan», explicó una Charín González que parecía que se había tirado al monte. Y se vino arriba: «¿Se iluminó después de salir del Gobierno y le entra solidaridad?». «Me da igual que los vecinos salgan enfadados de este pleno porque usted ha traído a las familias a declarar sobre un convenio que antes no existía». Y Charín González sacó su móvil y dio al play para activar un audio de su predecesora, Marta Arocha, en el que repetía una y otra vez que ella no era competente para resolver este asunto, junto lo contrario de lo que pide ahora su compañera de filas.

Patricia Hernández pidió a Charín González que se «comportara» y abandonara ese actitud «tan cínica». También intervino Carlos Tarife, del PP, para reiterar su compromiso con los vecinos de Añaza, entre los que identificó a Raquel, con la que se sacó en campaña la fotografía de una hucha en un sexshop. Mientras Charín González admitía que no jugaba a favor el relato «fabricado» por Patricia Hernández, garantizó los esfuerzos para evitar el lanzamiento.

Cuando la situación parecía más enconada entre Charín González y Patricia Hernández, medió un conciliador alcalde para recordar que fue bajo su mandato cuando se dio la primera respuesta, para advertir que «lo que no se puede dar ante situaciones iguales soluciones diferentes».

Carta al presidente de Visocan

En la carta remitida por Bermúdez a Pablo Rodríguez, consejero de Viviendas delGobierno de Canarias, y también presidente de Visocan, le hace saber su «descontento» tras las manifestaciones de las cuatro representantes de los afectados pues,«a pesar de las conversaciones mantenidas, se les están notificando desahucios».

«Quiero instarte a que se paralicen con carácter inmediato los procedimientos que afectan a familias en situación de vulnerabilidad y que están siendo atendidas por los Servicios Sociales municipales o por las entidades contratadas por Visocan», hace constar Bermúdez por carta a Rodríguez.

Para el regidor municipal «no es admisible que Visocan esgrima como argumento y como excusa para desahuciar a las familias que no se está pagando la ayuda por parte del Ayuntamiento, puesto que este Ayuntamiento está dispuesto a llegar a cuantos acuerdos sean necesarios para el pago de PEAs de alquiler, si es que realmente hay problemas de pago».

«Ese argumento es absolutamente inválido en el caso de personas y familias usuarias de los Servicios Sociales municipales. Y ustedes saben tan bien como yo que ninguna familia que tenga una situación de vulnerabilidad, con un informe que lo valide, se deberían ir a la calle por un desahucio», añade Bermúdez, que reitera su solicitud para que «esos procedimientos paren de manera inmediata». Los vecinos piden hechos.