Santa Cruz demanda al Gobierno por la protección del Barrio de Los Hoteles, que incluye la Plaza de Toros

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado al Gobierno canario ante los tribunales por la protección del Barrio Los Hoteles-Pino de Oro. En concreto, la Gerencia de Urbanismo ha presentado un recurso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), contra el decreto con el que la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes aprobó, en febrero de este año, la ampliación del BIC (Bien de Interés Cultural) de dicha zona de la ciudad, aumentado los inmuebles protegidos, como por ejemplo la Plaza de Toros.

El Consistorio chicharrero solicita a la Justicia la anulación del citado decreto, alegando dos defectos formales. El primero está relacionado con la caducidad del expediente administrativo con el que se aprobó el decreto de delimitación del BIC de Los Hoteles, cuya tramitación fue solicitada por el Cabildo de Tenerife.

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Y con el segundo defecto formal, la Gerencia Municipal de Urbanismo, que dirige la concejala Zaida González (PP), se refiere a que no se respetó el plazo bianual señalado en la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias para la tramitación de un nuevo expediente de protección de BIC, «o modificación o alteración», tras la anulación de la anterior delimitación por causa de su caducidad.

El 27 de febrero, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el decreto del Gobierno con el que se daba el visto bueno al expediente instruido por el Cabildo tinerfeño para modificar la delimitación del BIC de Los Hoteles-Pino de Oro, en Santa Cruz, con la categoría de Conjunto Histórico. Con esta decisión, se cambiaba la delimitación establecida en 2007, incluyendo nuevas zonas e inmuebles que hasta entonces no estaban protegidos, como la Plaza de Toros, junto a la Rambla; las Casas Amarillas, en Méndez Núñez; Capitanía General, la Intendencia Militar, la antigua Maestranza y el Parque de Artillería, junto a la plaza Weyler, y el hotel Mencey y la Casa Duque, además de numerosas propiedades particulares.

Éste es el segundo intento del Cabildo para ampliar la protección de Los Hoteles y «ejercer un control edificatorio» en la zona, pues el primero, el cual fue aprobado por el Gobierno en 2014, fue anulado por el TSJC en 2020. La nulidad se produjo a raíz de la demanda presentada por una empresa que tenía una propiedad en la nueva zona protegida. La entidad alegó que el expediente para aprobar la modificación del BIC se había excedido en su tramitación legal y la Justicia le dio la razón.

La Corporación insular tinerfeña no cesó en su empeño y volvió a iniciar el procedimiento de ampliación del BIC, solicitando al Gobierno canario su aprobación. El 7 de febrero de este año, el pleno del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias, en sesión extraordinaria, informó favorablemente el segundo expediente y el 13 de febrero, se emitió la certificación en la que se acreditaba que no se había producido su caducidad.

El 16 de febrero, el Ejecutivo canario lo aprobó definitivamente y el decreto fue publicado el día 27 en el BOC. De esta forma se ponía fin a la vía administrativa y la única posibilidad que quedaba, para aquellos que no estuviesen de acuerdo, era la presentación de un recurso potestativo de reposición ante el propio Gobierno o de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.

Ya en marzo, y tal y como lo publicó ELDÍA, el Ayuntamiento de Santa Cruz anunció que estaba estudiando la posibilidad de acudir a la Justicia y solicitar la anulación del decreto del Gobierno, aprobado a petición del Cabildo. Para el Consistorio, la decisión de ampliar los inmuebles y espacios protegidos en el Barrio de Los Hoteles-Pino de Oro no es buena para el municipio, pues «paraliza la ciudad». Santa Cruz considera que dicha modificación del BIC supondrá un problema para la inversión en la zona y para que los propietarios de los inmuebles puedan realizar mejoras en los mismos.

Finalmente, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha decidido acudir a la Justicia. Por un lado, el Ayuntamiento de Santa Cruz expone en su denuncia que el expediente administrativo que ha dado lugar al decreto impugnado ha incurrido en caducidad, «al haber superado su tramitación los 24 meses permitidos». En concreto, y según apunta el Consistorio, desde la fecha de incoación del expediente hasta la de publicación del decreto, han transcurrido 24 meses y 14 días. Asimismo, alega que también se ha vulnerado la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, «al no haberse esperado los dos años previstos desde la anulación de la anterior modificación de la delimitación del BIC».

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