Visocan notifica demandas de desahucio a quienes no pagan el alquiler en Añaza

Con el objetivo de poner fin a los impagos, Visocan, empresa pública del Gobierno canario, ha iniciado la regularización de las viviendas de protección oficial (VPO) de Añaza que el Ejecutivo compró en 2019 al banco Santander. Lo ha hecho notificando demandas de desahucio a aquellos que no abonan el alquiler y que acumulan cuantiosas deudas. En total, en esta situación se encuentran 93 de las 358 viviendas que forman los dos edificios que adquirió la Comunidad Autónoma en este barrio de Santa Cruz.

Hasta el momento, Visocan ha enviado más de una veintena de notificaciones y los juicios comenzarán a celebrarse en los próximos días. Según los datos facilitados por el Gobierno de Canarias, en estas viviendas de Añaza hay 43 okupas y 50 personas que «no quieren firmar el contrato» con la empresa pública, a pesar de que ya residían en estos edificios antes de que se produjera la operación de compra con el Santander. Son estos casos los que Visocan está intentando regularizar.

El Ejecutivo canario, con el nacionalista Fernando Clavijo como presidente, compró estos dos edificios de Añaza al Banco Santander, por 24,9 millones de euros, para evitar su venta a un fondo buitre y que numerosas familias se quedaran en la calle. Visocan pasó a encargarse de la gestión de los nuevos contratos, estableciendo un alquiler social en torno a los 300 euros al mes.

La Acampada Reivindicativa Lolo Dorta acusa a Visocan de presentar demandas de desahucio en los juzgados «contra familias con bajos ingresos y menores a cargo, de entre las muchas que viven en estas viviendas». «Se trata de familias que entraron en su momento en pisos vacíos de un banco para darles un techo a sus hijos, ante la imposibilidad de acceder a un alquiler».

Con respecto a las personas que ya se encontraban en los edificios cuando se realizó la operación de compra con el banco, la plataforma apunta en un comunicado que la empresa pública no facilitó el nuevo contrato de alquiler a muchas familias, «por lo que éstas han tenido que vivir en precario todos estos años y sin poder regularizar su situación». «Han sufrido reiterados cortes de luz y de agua como medida de presión, para obligarlas a marcharse».

Concentración

La Acampada Reivindicativa informa de que el primer juicio se celebrará hoy miércoles. «Esta demanda de desahucio es contra una madre joven con dos niñas menores a cargo, con muy bajos ingresos. Visocan reclama a esta familia 40.000 euros, sorprendente, pues al juicio va como ignorados ocupantes». La plataforma ha convocado una concentración frente a los juzgados de Tres de Mayo, a las 11:30 horas, la cual se trasladará, una hora más tarde, a la sede de Visocan, en Tomé Cano.

Fuentes del Gobierno de Canarias explican que con esta medida se está intentando regularizar una situación que ya no se puede mantener más en el tiempo, pues la lista de espera de familias que están esperando para poder acceder a una alquiler social es muy larga. Señalan que estos más de 90 casos se encuentran en una situación ilegal en dichos pisos, pues no se abona el alquiler, «el cual es asequible».

El Ejecutivo canario, a través de la Consejería de Vivienda, aclara que en 50 casos son los propios vecinos los que no quieren firmar los nuevos contratos con la empresa pública Visocan, y en los otros 43, las personas que se encuentran en esas viviendas las ocuparon de manera ilegal. El Gobierno insiste en que no le queda otro remedio que regularizar la situación, para que se cumpla la ley y todos los demandantes de pisos de alquiler social puedan acceder a los mismos en igualdad de condiciones. Lo que reclama Visocan es que se abone el alquiler, de igual manera que lo hacen los vecinos que sí lo pagan.

Precisamente, inquilinos de esta viviendas de Añaza han denunciado el «abandono» que sufren dichos edificios, ya que «no todos los vecinos abonan el alquiler». Asimismo, han presentado quejas ante Visocan alertando de la basura que se acumula en las zonas comunes, como los portales y escaleras; de la falta de luz en estas últimas; de los desperfectos en algunas puertas principales de acceso y en las de los garajes;y «de la falta de cumplimiento por parte de algunos vecinos de normas mínimas de convivencia».

Incluso, los inquilinos que sí abonan el alquiler llegaron a recibir una aviso de corte del suministro del agua por parte de Emmasa (Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife) porque se había modificado el acceso a los contadores. Desde Visocan se indicó que «los okupas lo habían cambiado» y se pidió colaboración vecinal para intentar que esto no volviera a suceder y evitar así los cortes. La empresa pública y Emmasa lograron finalmente resolver esta situación. Con respecto al mantenimiento de los edificios, Visocan señala que se arreglan los desperfectos, como las puertas de acceso a los portales y los garajes, pero «los vuelven a romper».

Por su parte, la concejala de Atención Social en el Ayuntamiento chicharrero, Rosario González, indica que ha mantenido una reunión con Visocan para analizar cada uno de los casos. La edil recuerda que el Consistorio capitalino cuenta con las prestaciones básicas de alquiler, que consisten en el abono de los recibos durante diez meses, por lo que «los ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad sólo tienen que hacer frente a dicho pago durante uno o dos meses al año».

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