La mitad de los 25 ‘okupas' del Marítimo se queda a la espera del desahucio: "Yo estoy aquí de vacaciones"

Los 'okupantes' de una docena de casetas de campaña desoyeron el ofrecimiento realizado por los servicios municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz para acogerse a un recurso alojativo y han preferido esperar a que la Justicia dicte la correspondiente orden de desalojo de la playa del Parque Marítimo en la que viven, según algunos, desde hace cuatro años.

Aunque el dispositivo de limpieza de las casetas de campaña y los enseres de la ‘playa de los iglús’ estaba anunciado por la sociedad Parque Marítimo a las ocho y media de la mañana de este lunes, desde una hora antes ya estaba en la zona la concejala del Instituto Municipal de Atención Social, Charín González -que también tiene la firma delegada como presidenta del Parque Marítimo en sustitución de su compañero Javier Rivero-, así como el gerente de la entidad, Daniel Cañibano.

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Tal y como adelantó EL DÍA en su edición del domingo, la sociedad, como concesionaria de las instalaciones del Parque Marítimo y del Palmetum, dio cuenta el pasado 18 de julio a la Autoridad Portuaria, titular del suelo, de que “numeras personas” pernoctan en asentamientos que se localizan entre la zona de La Hondura, la plaza del Parque Marítimo y el embarcadero del Castillo Negro.

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Ocho días después, el 26 de julio, la Autoridad Portuaria autoriza al Parque Marítimo a que proceda a la limpieza y que impida la ocupación, en aras de garantizar la conservación del entorno, por lo que ya el 3 de agosto desde la entidad se remite una notificación a la treintena de usuarios que ocupaban la zona advirtiéndoles que este lunes 14 de agosto se llevaría a cabo una limpieza y retirada de enseres y otros elementos que se encuentran entre La Hondura y l embarcadero junto al Castillo Negro, incluyendo la referida playa del Parque Marítimo, “requiriendo la finalización de la ocupación indebida del dominio público”.

Desde el primer momento, la propia concejala del IMAS y también presidenta del Marítimo se pone al frente del operativo, que cuenta con más de medio centenar de efectivos de la Policía Nacional, guardias de la Local, trabajadores sociales, personal de la empresa de limpieza Valoriza y de Parque y Jardines, para que la intervención se haga sin la presión que puede ocasionar la presencia de los medios de comunicación sobre los ‘okupas’. De hecho, desde el ayuntamiento se solicita, y la Policía Nacional así se encarga de impedir el paso, de no entrar en la zona de la playa para garantizar la intervención personalizada y evitar momentos de enfrentamientos.

Ya a las nueve de la mañana el despliegue de fuerzas de seguridad y la mediación de los servicios municipales da su fruto. La mitad de los okupantes de la plaza del Marítimo decide desistir y marcharse: unos en busca de otras zonas y alguno, hasta a su propia casa. En concreto, 21 personas deciden desafiar a la Justicia y, dado que la intervención que se ha realizado la mañana de este lunes se limita a una campaña de limpieza e informativa, prefieren esperar a que le venga la orden judicial para exigir el desalojo de esta playa que se localiza donde en el pasado estuvo el restaurante La Ermita.

El resto decidió abandonar la zona de forma voluntaria. La propia concejala del IMAS explica que los servicios municipales tenía localizado tres asentamientos; el mismo domingo uno de ellos, el que se localiza en la Playa de La Hondura, dejaron la zona porque, según contaron a la trabajadora social, lograron un piso compartido.

Según el censo elaborado por los servicios sociales, en la playa del Marítimo se localizaban veintiún iglús, tres en la zona de La Hondura y otros tantos en el Castillo Negro; una cosa son las casetas de campaña y otra, el número de okupas.

Desde los Servicios Municipales se precisa que veintiuna persona han desestimado la oferta de recurso alojativo que se les ha planteado desde el IMAS y se decantan por afrontar un procedimiento judicial.

Perfil desigual

Entre los residentes de la playa de iglús se encuentran diferentes perfiles, desde usuarios de temporada estival o otros que carecen de hogar; en la mayoría de los casos se viene prestando atención desde hace meses; es más, hay okupas que pernoctan en las casetas de campaña y por la mañana van a su trabajo porque con su salario no tienen para el alquiler de una vivienda, máxime cuando se les pide un contrato, el alquiler correspondiente a la mensualidad más el depósito correspondiente a otras dos más.

Charín González reitera en la necesidad de atender la demanda de estos perfiles sociales, en aras a contribuir a un cambio de vida, máxime cuando las condiciones con las que se han acostumbrado a vivir no son las más apropiadas.

Así, nada más confirmarse la intervención para la mañana del 14 de agosto, la concejala del IMAS lo primero que hace es la reserva de 30 recursos alojativos en el albergue de Santa Cruz, más allá de que no aceptaran el ofrecimiento.

“Estoy aquí de vacaciones”

Aunque la Policía Nacional impide el acceso a la playa, la colaboración de Sandra Martín, de 47 años, permite conocer el testimonio de una de las ‘okupas’ de las 25 casetas de campaña que estaban en la playa del Marítimo hasta que se decidió la intervención.

Vecina de El Sobradillo, Sandra explica: “Estoy aquí de vacaciones. Cobro 480 euros y mi casa me cuesta 400 y el resto es para agua, luz, comida y ropa. No tengo dinero para pagarme un hotel ni un apartamento. Por eso decidí traer mi caseta y montar aquí; el año pasado lo hice con un toldo, que era mayor, y no hubo problemas”.

“Me han dicho que hay que levantar y es lo que voy a hacer; no tengo problema, aunque me voy perdiendo cosas de mi casa porque un día traje una bombona, otra, una cocinilla; luego un colchón... He tardado cuatro semanas en montar la caseta y solo he podido utilizarla una”.

Con desconsuelo, Sandra admite que levanta la caseta, pero “voy a buscar otra playa para volver a acampar. Yo me voy de vacaciones”. Y como si su situación fuera igual que el resto de okupas que tienen sobre la arena del Marítimo su único techo, aunque sea plástico, se erige en portavoz de sus compañeros de campamento. “En Tenerife hay 47.000 viviendas desocupadas. El Gobierno Central, el Ejecutivo Canario y el Ayuntamiento de Santa Cruz deberían emprender iniciativas para garantizar una vivienda digna para quienes no se pueden hacer cargo de un alquiler; tal vez alguien puede abonar una parte del recibo... y el ayuntamiento podría completar el resto”.

“La solución no es ir al albergue, cuando hay lista de espera para entrar”, asegura Sandra, que considera normal “que prefiramos coger una caseta y acampar; es mucho más solución que ir al albergue”. La concejala del IMAS recuerda que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene en marcha diferentes acciones para dar oportunidades a personas que pernoctan en la calle, facilitando recursos alojativos e interviniendo de manera integral en otras problemáticas derivadas, de carácter socio sanitaria.

La red, además del Centro Municipal de Acogida, dispone de recursos de apoyo como comedor, centro de día, duchas, dispone de otros espacios como pisos de autonomía, para Jóvenes sin hogar, plazas en pensiones o diez pisos en la estrategia ‘Housing First’

Sandra asegura que el asentamiento en la playa de los iglús comenzó hace más de cuatro años, “y hay gente que se viene de vacaciones, porque no tiene para un apartamiento y otra que se viene a vivir”.

Desde antes de la pandemia

Okupa por necesidad. Frente al caso de Sandra, vecina con vivienda en El Sobradillo y que veranea en la playa de los iglús del Parque Marítimo, está Benito Núñez Arceo. Aunque está empadronado en la calle Valle Inclán, número 15 -el albergue-, llegó a la playa de los iglús hace más de cuatro años. “Estuve viviendo dos años antes de la pandemia; luego durante el covid hasta que me fui a vivir con mi hermano, y volvió aquí hace nueve meses”.

A sus 50 años, Benito es uno de los ‘21 de la resistencia’. Prefiere esperar por la orden de desalojo que dicte un juez. Eso, en el mejor de los caso, se prevé para dentro de quince o veinte días. O más. Ahora cobra ‘la vital’, y gracias a eso va tirando. “Le metía mano a todo: en la construcción era un burrito de carga; también me dediqué al mantenimiento o trabajé de portero”, explica mientras se refugia a la sombra para ir rumbo a Los Gladiolos. “Allí se saco la basura a un señor mayor, unas veces le pinto algo o le arreglo lo que necesita y me da cinco o ses pavos que me dan para comprar el punto vicio del tabaco y un poco de papeo”.

Vecino de La Salud, con doce años se mudó a Los Gladiolos con su familia hasta que la vida se puso cuesta arriba. Estuvo cuidando durante 26 años a un anciano, hasta que murió y pareció un sobrino que le reclamó la vivienda. “Yo no voy a estar con enfrentamientos, y menos si lo permitieron los hijos del hombre”.

Casado, separado, divorciado... tiene un hijo de 32 años, “que bastante tiene con trabajar sin estar asegurado y tener que ganarse la vida como mensajero”. Benito espera la orden de desalojo, mientras busca donde ir. “No soy un okupa, no me voy a meter en una casa abandonada sin agua ni luz”. Aquí, en la playa de los iglús, por lo menos tenía la luz de las farolas de la playa. Benito está más preocupado del embarazo de su pareja que de garantizarse un techo, pues está convencido de que encontrará algo, aunque no sea en el Marítimo, con vistas al mar.

El proceso de limpieza continúa entre los que han decidido irse, ante la presencia de un voluntario del comedor social de La Milagrosa que ojea la intervención. El protocolo está claro. A pie de playa, agentes de la Policía Nacional y de La Local delimitan el perímetro, mientras los trabajadores sociales van hablando con cada uno de los okupas. Es fácil reconocer a aquellos que deciden deponer su actitud, pues tardan más en entrar a recoger sus enseres a las casetas de campaña que en colocar el asistente social del IMAS un número sobre el iglú. Un número que parece una sentencia de muerte para la caseta, pues en cuestión de minutos aparecen los operarios de Valoriza y hacen limpia. Así, una y otra, hasta que se mantienen trece iglús; veintiuna personas que prefieren salir por una orden del juez. Como poco, dentro de veinte días. O más.

Sin perder ripio de cuanto acontecía, por más que está de vacaciones, el concejal de Infraestructuras y virtual presidente del consejo de administración de la Sociedad Parque Marítimo, Javier Rivero, elogió la labor coordinada desarrollada por los servicios municipales bajo la tutela de su compañera Charín González y apostó por "seguir ahora mejorando el entorno del Marítimo y Palmetum".

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