Presentada la primera solicitud de revisión de condenas por el ‘caso de Las Teresitas’

Ya se ha presentado ante la Justicia la primera solicitud de revisión de penas para el caso Las Teresitas, a raíz de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez, que, entre otros cambios, modifica el delito de malversación. El primero en mover fichas ha sido el exedil de Urbanismo de Santa Cruz Manuel Parejo a través de su defensa, que considera que con dicha reforma podría desaparecer la condena de inhabilitación y se podrían reducir las penas de cárcel, llegando, incluso, a quedar en libertad.

Sin embargo, el otro político procesado, el exalcalde Miguel Zerolo, ha decidido no pedir por ahora la revisión de su condena. Su abogado, Pedro Revilla, apunta que, tras analizar la reforma del Código Penal, tanto él como su cliente creen que ésta no afecta a las penas impuestas por el caso Las Teresitas. «No sabemos si en un futuro se solicitará, en el supuesto de que se declare que las modificaciones son aplicables a este proceso, aunque esto me extrañaría mucho. Zerolo me ha manifestado que esta reforma es un traje a medida para que los independentistas se puedan presentar a las elecciones», agrega Revilla.

En el caso de Las Teresitas, una de las mayores causas judiciales por delitos de corrupción instruidas en Canarias, el Ayuntamiento chicharrero compró en 2001 a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González (fallecido en prisión) el frente de la playa por 52,5 millones de euros, a pesar de que el precio de tasación era de 19 millones. La Justicia condenó al exalcalde, Miguel Zerolo, y al exedil de Urbanismo, Manuel Parejo, a siete años de cárcel y a 17 de inhabilitación absoluta; al exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín, y al exsecretario, Víctor Reyes, a cuatro años de prisión y a más de diez años de inhabilitación absoluta, y a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia a cinco años y tres meses de cárcel. Asimismo, la sentencia estableció que los seis procesados debían abonar al Consistorio más de 61 millones de euros, más intereses.

La reforma del Código Penal afecta a los delitos de sedición y de malversación. Con respecto a este último, la reforma, que entró en vigor el pasado 12 de enero, mantiene el tipo tradicional en el artículo 432 con las mismas penas (de dos a doce años de cárcel y de seis a veinte de inhabilitación), pero precisando que debe haber «ánimo de lucro cuando la autoridad o funcionario se apropiare o consistiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones». Asimismo, se crean dos tipos atenuados de malversación.

La defensa de Parejo ha presentado ya la solicitud de revisión porque considera que la reforma del Código Penal beneficia a los condenados por Las Teresitas, «porque no hubo ánimo de lucro en el manejo del dinero público». Por el contrario, el abogado de Zerolo cree que se está confundiendo el ánimo de lucro con el enriquecimiento. «En todas las condenas por malversación hay ánimo de lucro. Éste existe desde que una persona dispone de un bien público como si fuese suyo».

En este sentido, la acusación popular en el caso de Las Teresitas, Justicia y Sociedad, señala que la reforma no afectará a los políticos, empresarios y funcionarios que fueron condenados, por lo que «no se pueden revisar las condenas». Para Justicia y Sociedad, en el caso de Las Teresitas es evidente tanto la apropiación del patrimonio público como el ánimo de lucro, «salvo que se venga a sostener ahora que la empresa Inversiones las Teresitas (ITL), de González y Plasencia, era una ONG.

La Fiscalía ha señalado que no se van a revisar de oficio las penas por el caso de Las Teresitas, sino que se esperará a que se presenten las solicitudes correspondientes. ««Bastante hemos tenido con la ley de libertad sexual», ha manifestado el nuevo Fiscal Jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez Jáuregui.

Ha dejado claro que «si lo que establecía la sentencia es alguna pena que se imponga en su mínima expresión, ojo, no en el grado mínimo», entonces, en principio, los condenados tendrían derecho a una rebaja de condena.

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