El Monumento a los Caídos de la plaza de España, en Santa Cruz, también incumple la Ley de Memoria Histórica, al igual que el conocido como monumento a Franco de la avenida de Anaga, tal y como lo adelantó El Día. Este periódico ha tenido acceso a otro de los volúmenes que forman el extenso estudio encargado por el Ayuntamiento a la catedrática en Historia del Arte María Isabel Navarro sobre la simbología de exaltación al franquismo existente en la capital. En él se establece que el conjunto escultórico de la plaza de España, "para cuya ejecución se empleó mano de obra recurriendo a presos políticos", también vulnera la ley.
Eso sí, a diferencia del monumento a Franco de la avenida de Anaga, para el que el estudio es contundente, concluyendo que debe ser retirado y no exhibido, en este caso se propone la "necesaria contextualización" del conjunto escultórico y que se continúe con el proceso de resignificación iniciado "desde antes de 2000", con el que se realizaron varias actuaciones, como la desacralización de la cripta, incluyendo la eliminación del mobiliario religioso original, y la exhumación y traslado de los restos del capitán Gómez Landero.
Por lo tanto, en esta investigación, que ha costado al Consistorio 56.000 euros y que se ha prolongado durante más de un año, no se establece la retirada del Monumento a los Caídos de la plaza de España, sino solo de algunos elementos, pero sí se concluye que debe acometerse una serie de acciones, entre las que se encuentra convertir la torre en un mirador, "con las debidas garantías para permitir el acceso continuado del público".
En concreto, en el estudio se indica que la torre "debería reintegrarse a su uso original como mirador" y esto "obliga a la realización de un estudio acerca de la incorporación del ascensor que se retiró de la caja de escalera de la torre". Pero se aclara que dicha actuación podría llevarse a cabo en el supuesto de que "se confirmara la viabilidad de conservar materialmente" este elemento, "especialmente en cuanto a los materiales y estructura". Por el contrario, se propone el derribo de la torre.
"Quedan por determinar las garantías de conservación de la torre mediante un informe de expertos en materia de construcción y restauración. En el caso de que se determinara la existencia de problemas de conservación de la estructura o deficiencias graves en el material de la torre, cabría considerar su derribo, garantizando previamente la conservación de los elementos escultóricos", se establece en el estudio, en el que también han participado los especialistas Ricardo Guerra, Dailo Barco y Dácil Perdigón.
Asimismo, en el dictamen se insta al Ayuntamiento a que retire la inscripción que se ha incorporado recientemente "por contribuir a la propagación del sentido originario del monumento y no corresponder a la verdad histórica del sentido del conjunto construido". También se propone la recuperación del espacio de la cripta para "la eventual ubicación de un centro de interpretación consagrado a la memoria histórica en su sentido más amplio"; el estudio de la retirada de los elementos escultóricos de los soldados y el grupo de la Patria y el Caído; el estudio de la retirada de las piezas escultóricas de la victoria y la nave, y la retirada de la lápida conmemorativa del capitán Gómez Landero y de la placa del Mando Económico. "En todos los casos, sería aconsejable cubrir los elementos descritos, mientras se produce la adecuación del conjunto con carácter definitivo".
Por último, se plantea que los elementos escultóricos retirados podrían instalarse en "un parque público con la contextualización necesaria acerca de su valor artístico y su sentido histórico y cultural". Se propone para ello el Palmétum o el Parque Viera y Clavijo. "El recinto elegido debería tener en sus proximidades una infraestructura consistente en un centro internacional para la paz y la reconciliación, en el que se integre la creación de un centro documental, centro de formación y de difusión sobre los contenidos de la memoria histórica", dice el estudio.
