Sánchez, ese genio

Las Cortes no podrán debatir, votar y en su caso aprobar los presupuestos generales del Estado para 2024 por culpa de un gran casino que la marca Hard Rock pretende construir en Tarragona. Esquerra Republicana y el PSC liderado por Salvador Illa apoyaban el proyecto presupuestario presentado por el Gobierno de Pere Aragonés. También tenían el voto de una diputada del grupo mixto. Pero les fallaron los comunes. Los comunes no querían ese terrible e inhumano casino, mientras los socialistas lo defendían a capa y espada como si fuera un koljós. A Aragonés transitar el año electoral sin presupuestos y mendigando votos para conseguir créditos extraordinarios se le antojó un horror. Así que prefirió disolver el Parlament y convocar elecciones anticipadas el próximo mayo. Tal decisión significaba obviamente la parálisis negociadora de ERC y JxC en la tramitación de las cuentas estatales para 2024. Pedro Sánchez lo comprendió así de inmediato y ha ordenado –según esa deliciosa, autoirónica prosa oficialista– que se empiece a elaborar ya el proyecto presupuestario para 2025.

La prórroga de los presupuestos de 2023 tal vez no sea demasiado incómoda para un gabinete más obsesionado con durar que preocupado por gobernar, pero va a traer consecuencias negativas para todos. La primera consecuencia de prorrogar cualquier presupuesto es que la cifra del gasto global no se puede incrementar. En estos casos lo que hace el gobierno –lo que hará Pedro Sánchez– es mover pasta entre las diferentes partidas presupuestarias. Es lo que está impelido a hacer si pretende cubrir el incremento de los sueldos de los funcionarios, el incremento de los intereses de la deuda o la subida de las pensiones durante todo lo que resta del año. Lo que más sufrirá será la inversión pública, desde infraestructuras de transportes hasta programas de digitalización e I+D+i. La prórroga también supondrá un duro golpe para las transferencias de capital, dentro de la cual se sitúa la aplicación de fondos europeos a través de convocatorias públicas. Todo se complica más allá del engorro: reducir el déficit público al 3 % del PIB y cumplir así con el Pacto de Estabilidad, no perder un euro de los pagos de los fondos de recuperación de la Comisión Europea. El Gobierno de Sánchez no podrá compensar la congelación del gasto con más deuda pública: el compromiso adoptado a finales de 2023 señaló un límite de 55.000 millones de euros de deuda pública para 2024.

El único responsable político de la prórroga de los presupuestos de 2023 es Pedro Sánchez. Las elecciones se celebraron el pasado julio y a mediados de agosto ya estaban constituidas las nuevas Cortes. Se podría haber confeccionado, negociado y votado un proyecto presupuestario a finales de diciembre o inmediatamente después de las vacaciones navideñas. Pero JxC puso sus condiciones: primero, ley de amnistía, y después, negociación presupuestaria extorsionadora y votación. Por parte de Sánchez no hubo ningún problema y así llegamos a mediados de marzo. Es de una irresponsabilidad supina lo de este sujeto y sus correligionarios. ¿Cómo se supone que puede gobernar un país un Gobierno sin unos presupuestos actualizados? ¿Cómo cumplirá ahora el líder socialista sus compromisos con sus socios? ¿Cómo lo hará con todos a la vez si dispone de las mismas perritas que en 2023 y su margen de maniobra es singularmente estrecho mientras la Comisión vigila con despiadada atención? ¿En qué queda la llamada agenda canaria, por la que CC votó a favor de la investidura presidencial de Sánchez? Puigdemont recuerda que la ley de amnistía será aprobada la próxima semana y deja claro que se presentará a la Presidencia de la Generalitat. Enfrente, un Gobierno que se ha desarmado legalmente para enfrentarse a una secesión, imposibilitado de aprobar unos presupuestos o un reglamento. Sánchez no solo es un truhán. Es un genio.

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