Previsiones materiales y corrupción

Una modesta pregunta. ¿De cuántas mascarillas y respiradores mecánicos dispone ahora mismo el Servicio Canario de Salud? Hace apenas un año la obligación de usar tapabocas en el transporte público fue eliminada. Apenas un año. ¿Qué stock de mascarillas guarda el Servicio Canario de Salud? Si sufrimos una gripe especialmente grave o cualquier virus respiratorio de propagación aérea, ¿habría mascarillas para todos o solo para los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas?

Algunos me dicen que la pregunta no es de fácil respuesta porque el stock de mascarillas y otros materiales de emergencia se ha decidido centralizar en Madrid, que llegado el próximo apocalipsis proveerá sensatamente entre las comunidades autónomas. Otros se muestran escépticos: no creen que exista tal stock y deslizan que, en todo caso, los catalanes y los vascos tienen sus propias reservas. Quizás sería positivo que la consejera de Sanidad, Esther Monzón, facilitara los datos de las existencias. Una actitud previsora podría ahorrarnos millones de euros en compras de material a empresas fulleras más las mordidas de las pirañas dedicadas a la intermediación. Lo razonable es prever hoy mejor que mañana para evitar nuevas visitas de Koldo o financiar indirectamente a partidos insularistas con líderes de metro y medio.

Debemos volcarnos en estos detalles porque las cosas realmente importantes están fuera de nuestra capacidad de acción y me refiero a los consensos, mecanismos y perversiones que crean las condiciones para que prospere la corrupción política. La corrupción no se limita a robarnos. Siguiendo a la profesora Adela Cortina sus efectos son múltiples: distorsiona el sistema económico, fomenta la opacidad del mismo, promociona redes jerárquicas de capital social excluyentes y antidemocráticas, erosiona el estado de Derecho, mina la igualdad de oportunidades y sabotea la construcción de un êthos, de un carácter ciudadano basado en la virtud, el respeto a las normas y la solidaridad. La corrupción destruye los valores cardinales de una sociedad democrática y plural hasta deslegitimarla: el sentido de la justicia y la solidaridad, la igualdad y la equidad, el principio de publicidad, la confianza en las instituciones públicas, en los políticos y en los intereses comunes. No solo rapiña: boicotea fieramente la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pudre la democracia como pura miseria ideológica.

Canarias no es un país endemoniadamente corrupto. Pero en todos los partidos que han operado en Canarias se registran casos de corrupción. La particularidad de los casos que giran alrededor de la compraventa de mascarillas en los tiempos del coronavirus es que –contra lo más corriente– la corrupción no tiene como receptáculo o cruce de caminos los ayuntamientos o los cabildos, sino el propio Gobierno autónomo. Contra la corrupción política en Canarias –contra esos consensos y mecanismos decididos por el establishment político– se pueden y se deben tomar medidas. Aprobar una ley canaria de financiación de partidos políticos que limiten aun más los gastos electorales y propagandísticos. Una reforma del Estatuto de Autonomía que aparte de las garras partidistas al Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas, el Diputado del Común y el Comisionado de Transparencia: sus ocupantes que sean elegidos por sorteo en base a unos requisitos bien delimitados de prestigio, capacidad y ejemplaridad. La realización periódica de auditorías sistemáticas en todos los departamentos del Gobierno que se aprobarían y difundirían en el último año de legislatura. Un endurecimiento de las penas en condenas civiles, penales y mercantiles. La configuración de un gabinete de crisis en casos de catástrofe pública o riesgo elevado en el que figuren representantes de partidos parlamentarios. Y la enseñanza en escuelas y centros de secundaria de una asignatura como Educación para la Ciudadanía que convierta la corrupción no en una pillería de los más sinvergüenzas, sino en un delito político de lesa patria.

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