Canarias afronta la emergencia habitacional

El problema de la vivienda se ha convertido en uno de los grandes asuntos públicos en España, y por supuesto en Canarias, ante el que las administraciones han mostrado confusión y despiste a la hora de actuar. Todo el arco político identifica perfectamente el diagnóstico de la situación, pero ningún gobierno, del signo que sea, ha conseguido abordar el problema en toda su dimensión, ni puesto sobre la mesa un plan de medidas efectivas con capacidad de alumbrar soluciones a corto y medio plazo. La escasez de vivienda es probablemente uno de los grandes dilemas de las sociedades contemporáneas, pero en el caso que nos ocupa es consecuencia también de una clara ausencia de consenso por la visión tan opuesta que hay en el arco político español, que cada cierto tiempo, en función de los gobiernos, apunta en direcciones contrarias: hacia la liberalización de las políticas del suelo y de la vivienda con resultados catastróficos, o hacia un excesivo intervencionismo también de dudosa efectividad.

La pérdida de capacidad por parte de las empresas promotoras, el aumento del precio de los materiales de construcción y la falta de iniciativa por parte de las administraciones públicas han hecho que Canarias se encuentre actualmente en una situación que se ha dado en llamar “emergencia habitacional”. Durante el cuarto trimestre del año 2023 el incremento del precio de la vivienda en Canarias alcanzó el 5,8% respecto al mismo periodo del año anterior, 1.618 euros el metro cuadrado frente a los 1.538 de media del país.

Según un reciente informe del Diputado del Común, en las Islas solo hay un 0,96% de viviendas públicas sociales, frente al 2,5% en el conjunto de España y un 9,3% en la Unión Europea. El informe instaba a los partidos políticos a un gran acuerdo en torno a un asunto que considera “el problema social más grave de Canarias” ya que se necesitan 46.000 viviendas públicas sociales en diez años. La falta de suelo y un alto porcentaje de viviendas vacías son dos de las causas de esta situación. Se calcula que en estos momentos hay más de 25.000 personas que demandan una vivienda social en el Archipiélago, pero también más de 200.000 inmuebles desocupados. Hay situaciones contradictorias que no se han sabido abordar.

Las administraciones responden de forma poco coordinada, y en muchos casos dando palos de ciego con medidas sin apenas incidencia real. Sin embargo, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias parecen empeñados en afrontar el problema y han puesto en marcha sendas agendas que ahondan en algunos de los grandes retos de la política de vivienda. La ley de Vivienda estatal que en abril cumplirá un año todavía está lejos de vislumbrar algunos de sus principales objetivos, y hasta podría estar produciendo efectos indeseados relacionados con la subida de los alquileres. El Gobierno de Canarias, por su parte, acaba de aprobar un decreto de medidas urgentes en política de vivienda que contiene iniciativas novedosas que en principio merece la pena explorar, aunque también plantea incertidumbres sobre su aplicación y efectos.

El Ejecutivo regional, y particularmente su consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, expone claramente la situación del mercado inmobiliario en Canarias resaltando que la demanda de casas es extraordinaria y “algo fuera de lo normal”, por lo que esta emergencia requiere de “una respuesta excepcional y urgente de los poderes públicos”, tal como recoge el decreto en cuestión, por lo que se muestra dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance para incrementar la oferta de vivienda protegida.

La norma pone en marcha mecanismos como la expropiación, la ocupación forzosa de edificios inacabados y terrenos, resolución urgente de procedimientos obviando el planeamiento urbanístico y los trámites administrativos y dando el máximo de facilidades al sector privado para que construya viviendas protegidas en suelo público. También plantea el cambio de uso de locales comerciales y oficinas en viviendas para intentar poner en el mercado 4.000 casas. Además, el Gobierno canario convocará antes de junio un concurso para adquirir edificios cuya construcción quedó sin concluir durante la crisis de 2008 con el objetivo de poner en el mercado del alquiler asequible entre 2.000 y 3.000 viviendas.

Los constructores creen que el decreto ley responde a “gran parte” de las demandas que el sector plantea desde hace seis años porque, “sin ser perfecto, ataca al fondo de los problemas” y afronta con “valentía” medidas para resolver la situación de emergencia habitacional existente. Sin embargo, los ayuntamientos se quejan, con razón, de que las medidas, algunas de las cuales les afectan directamente, no le hayan sido consultadas. Esto, obligaría a demorar la norma al tramitarse como proyecto de ley.

El problema del acceso a la vivienda en España es de tal magnitud que es necesario explotar todos los recursos disponibles. Pero tras años de políticas que favorecieron la transferencia de fondos públicos para la compra de vivienda que han acabado en el mercado libre, y con un paupérrimo parque público del 2%, el consenso es que esa última debería de ser la prioridad.

Tanto con el incremento del parque público como por la vía de promover la oferta de alquiler asequible por parte de promotores privados. El Gobierno de Canarias debe complementar y si es posible adelantarse a las medidas estatales con todo tipo iniciativas, como las que contempla el reciente decreto. Se trata de mover de alguna forma el árbol para que empiecen a caer de él soluciones a un problema que no puede seguir acrecentándose con el tiempo y que deja sin horizonte a cientos de miles de jóvenes y de familias.

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