Ni estadísticas ni tuits

La divulgación del vídeo del brutal y mezquino asesinato de dos agentes de la Guardia Civil en el puerto de Barbate, embestidos por una lancha rápida del narcotráfico mientras un grupo de personas jalea a los asesinos, ha provocado un general pasmo y rechazo, y la consabida tormenta política, con la petición de que el ministro del Interior sea cesado por su responsabilidad en los hechos.

La muerte bárbara y sin sentido de los dos guardias asesinados empuja sin duda a que se dispare la tensión. Siempre que se produce una situación parecida, es razonable que la oposición pida responsabilidades políticas. Y en este caso concreto, parece que podría haberlas, por cuanto el Ministerio decidió desmantelar el servicio existente en la zona, reduciéndolo sustancialmente, y forzando intervenciones con medios insuficientes. Si la Guardia Civil hubiera dispuesto de una embarcación en condiciones, similar a las lanchas utilizadas por los narcos, en vez de una miserable barca hinchable, una vulnerable zodiac, probablemente los agentes no habrían sido embestidos por los narcotraficantes y hoy estarían vivos. Cuando ocurren este tipo de hechos desgraciados, es frecuente buscar responsabilidades directas y personales, donde lo que suele existir es desidia y abandono de los poderes públicos, especialmente cuando se trata de dotar de medios a los funcionarios que deben realizar el trabajo. Ocurre en todos los ámbitos del servicio público, pero únicamente cuando se trata de fuerzas y cuerpos de seguridad, la falta de medios puede acabar provocando la pérdida de vidas de los agentes.

Por eso se dispara la tensión, y por eso se producen situaciones bochornosas entre las familias de los afectados y los responsables políticos, cuando estos acuden a los funerales. Afortunadamente ya no vivimos en aquellos tiempos en los que ETA sembraba el terror, con frecuentes asesinatos de policías y guardias civiles, y cada entierro se convertía en un circo de dolor y rabia contra quienes eran incapaces de evitar las muertes. Sin embargo, hoy persiste la percepción de las familias de los agentes fallecidos de que no se hace lo suficiente, de que no se destinan los recursos necesarios para facilitar y proteger el trabajo de quienes tienen encomendada la seguridad de los demás.

El rechazo de la viuda de uno de los asesinados a permitir que el ministro Grande-Marlaska impusiera una medalla a su marido no puede ser replicado con declaraciones que encierran un sórdido aliento político, sino comprendido como algo natural, fruto de la frustración y el dolor que provoca la muerte de un ser querido. Y luego, hay que ser especialmente cuidadosos para evitar la impresión de que el asesinato de un policía es algo asumible, algo que el Estado da por descontado. No es de recibo que las máximas jerarquías del Gobierno se vayan de fiesta mientras se entierra a guardias fallecidos en acto de servicio. La muerte violenta de un policía que estaba cumpliendo con su obligación es siempre un asunto de Estado, aunque quien gobierna este país tienda a olvidarlo. El presidente del Gobierno no puede dar por amortizadas dos muertes con un tuit. Los tuit funcionan mejor para devolver con piropos los improcedentes piropos de una periodista. Sánchez mandó sus dos tuits con apenas un día de diferencia.

Pero más reprochable aún es lo ocurrido ayer en el Parlament catalán, cuando el PSOE se negó a apoyar una propuesta de la oposición para condenar el crimen de Barbate. La propuesta era perfectamente asumible, no incorporaba la petición de cese del ministro o una crítica al Gobierno. Pero el PSOE prefirió ponerse al lado de los independentistas antes de hacerlo con quienes reclamaban una condena por el asesinato de un piolín catalán de servicio en Andalucía, no fuera a ser que indepes y comunes se fueran a molestar. Tampoco apoyó el PSOE la petición de que el Parlamento mantuviera un minuto de silencio en recuerdo de los guardias civiles asesinados, al parecer «porque la solicitud no se planteó de acuerdo con el protocolo establecido para pedir minutos de silencio». Uno tiene la impresión de que la alianza entre el PSOE –el PSC en Cataluña– y los partidos independentistas no para de provocar situaciones absolutamente indeseables, de todo tipo y pelaje, en los que jamás debiera verse envuelto un partido de Estado.

Y para rematar todo este absurdo dislate, la negación de los hechos obvios por parte de la portavoz del Gobierno. En la rueda de prensa de ayer en Moncloa, Oscar Puente, Pilar Alegría e Isabel Rodríguez negaron la mayor: puede entenderse que un gobierno respalde a su ministro de Interior, niegue su responsabilidad directa en lo ocurrido y defienda su continuidad al frente del ministerio. Son reacciones que pueden entenderse dentro de la lógica política de no dar jamás munición al adversario. Pero insistir en que la situación del narcotráfico en Barbate no ha dejado de mejorar desde que se desmanteló la unidad operativa que antes se ocupaba de enfrentarse al narco es jugar con la mentira. La fiscalía antidroga de Cádiz lo ha dicho con rotundidad: los narcos campan a sus anchas en los muelles de la provincia. Y matan guardias civiles. Esos son los hechos. No se resuelven con estadísticas. Ni tampoco con tuits.

Suscríbete para seguir leyendo