Una danza burlona

España es el único país de la Unión Europea que no ha renovado con el plan de operaciones conjuntas con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el presente año. El Gobierno central se lo ha tomado con una pachorra que linda con lo prodigioso. Su pretexto es que no quiere ni puede firmar las condiciones propuestas por Frontex, y muy especialmente, la gestión de los datos de los inmigrantes. O eso dicen. En 2023, ¿España no compartía con la Guardia de Fronteras de la UE los nombres de los migrantes y la información disponible de los mismos? ¿Qué hacía el Frontex? ¿Detectaba la patera, retenía a los migrantes y se los entregaba envueltos en un lazo a las autoridades españolas? Los demás países de la UE, ¿tampoco comparten datos con el Frontex?

Frente a la versión oficial u oficialesca circula otra: Marruecos no quiere al Frontex (sus embarcaciones y sus profesionales) en la ruta canaria. El gobierno de Rabat pretende ser la única fuerza de colaboración con la que puede contar España porque tal circunstancia aumenta considerablemente su valor como socio y amigo para siempre, habibi. Según la más extrema versión de esta versión, los señores de Rabat habían incluso trasladado sus píos propósitos a las autoridades estadounidenses para que intentaran que los españoles entendieran la situación. Y eso explica que España remolonee una y otra vez y no firme con el Frontex para pasmo de la agencia en primer lugar, y después para estupefacción de Bruselas. La excusa de la información es tan estúpida que dan ganas de creérsela. Explícitamente, en su propia página web, el Frontex precisa que una de sus funciones es el intercambio de información: «la agencia comparte la información recopilada en las fronteras con las autoridades nacionales, Europol y otras agencias europeas» y esa información incluye «datos sobre personas sospechosas de participar en actividades delictivas».

La consejera de Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha enviado una carta urgente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien asombrosamente se mantiene en el cargo, pidiendo una reunión urgente. Barreto no le transmite a Grande-Marlaska nada sustancialmente diferente a lo que sabe todo el mundo: que desde Mauritania, procedentes de países como Senegal o Mali, cientos de miles de personas pretenden trasladarse a Europa por la ruta atlántica sea al precio que sea. Prescindir del Frontex en esta tesitura es un acto de supina irresponsabilidad política, una temeridad difícilmente concebible, que afecta a la seguridad básica de Canarias y a la supervivencia de una multitud de migrantes que se pierden en el océano destinados a la muerte por sed o por ahogamiento. Aun así siguen pasando los días sin mayor novedad. Tampoco hay nada nuevo en la asignación de los migrantes menores no acompañados en distintas comunidades autónomas. Ni uno de los más de 4.700 menores acogidos en Canarias ha sido trasladado a la Península. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, carraspeó el otro día que no era posible forzar a las comunidades admitir a menores no acompañados. Tenía que ser un sacrificio voluntario y meritorio. Los menores extranjeros acogidos en toda España ascienden a unos 10.700, pero conviene no engañarse, porque los últimos de esta lista desembarcaron en la Península hace ya casi un año.

Avanzamos con los ojos solo entreabiertos a una crisis humanitaria indescriptible. El Gobierno español, pese a su ya cansina retórica empatizante, sigue sin tomarse la situación de los migrantes en Canarias como un problema político de primer orden. A lo que se compromete hoy se le olvida mañana. Es una danza burlona, dos pasos hacia delante, un paso hacia atrás, que baila sobre el miedo y la desesperanza de miles de vivos extraditados y miles de muertos cuyos huesos se pudren el fondo del mar.

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