Familiaje

El director general de Función Pública, Francisco Rodríguez, denunció ayer en el Juzgado de instrucción de Santa Cruz lo que pasó en la oposición para las plazas de Administrativo de la Comunidad Autónoma, suspendidas cautelarmente tras tener conocimiento la actual dirección general de que apenas nueve de las 4.260 personas aspirantes que acudieron a examinarse lograron aprobar el examen. Y que dos de ellas –las que lograron la mejor puntuación de todos los presentados– son precisamente la hija y el yerno de la anterior directora general de Función Pública, Águeda Márquez, que además designó personalmente a los miembros del tribunal calificador, en una resolución de su departamento firmada sólo nueve días antes de celebrarse las elecciones.

En la investigación interna que ha llevado a cabo la dirección general ha quedado acreditado que la ex directora general de Función Pública no se inhibió en el proceso de selección, a pesar de saber que participaban en el examen del pasado uno de octubre dos opositores con una tan obvia relación de parentesco. Sólo eso ya es algo que inhabilita el examen. Más aún si dos de los cuatro que aprueban son la hija y el yerno. El resto sacaron notas escandalosamente bajas: de las 4.260 personas que finalmente se presentaron, solo aprobaron nueve. Además, el 90 por ciento obtuvo nota por debajo del tres. Y el 45 por ciento sacó una nota por debajo del uno. En términos escolares nueve de cada diez examinandos sacó un «muy deficiente». Pasmoso.

Para más inri, sólo unos días antes de que sus dos familiares obtuvieran las mejores notas en este examen, la directora general también firmó otra resolución comprometedora: fue a finales del mes de abril, y en ella, la hija y el yerno de Márquez fueron nombrados personal funcionario de carrera del cuerpo de auxiliares de biblioteca. Aún así, ambos decidieron promocionar a administrativos, para mejorar sus condiciones salariales, y lo habrían logrado si no se suspende cautelarmente el examen.

La suspensión se produjo tras un aluvión de quejas y reclamaciones que provocó la dimisión en bloque del tribunal calificador –eso retrasará también otras oposiciones en marcha–, y la suspensión cautelar de la prueba celebrada, tras constatarse la percepción general de una muy sospechosa coincidencia entre un examen casi imposible de superar, y el hecho de que dos de las cuatro personas que lo consiguieron, estaban relacionadas familiarmente con quien organizó la prueba. Blanco, líquido y en botella…

El director de la academia de preparación Las Cortes, Víctor Cabeza, declaró a la Ser que jamás se había enfrentado a una situación parecida, que la oposición fue la «más difícil» que había visto en veinte años, y además anunció su intención de poner el caso en manos de la Fiscalía. Parece evidente que lo ocurrido no es fruto de una sucesión de casualidades, que esto tiene una explicación, y que esa explicación no deja en muy buen lugar a la anterior directora general de Función Pública.

Por fortuna –o por torpeza de quienes prepararon las preguntas– las calificaciones de la mayoría fueron tan bajas que el asunto llamó la atención de todos los implicados inmediatamente, y provocó una reacción fulminante del tribunal calificador, supongo que al descubrir que habían sido manipulados, convirtiéndoles en cómplices al forzarles a la corrección y calificación de un test con preguntas imposibles de contestar. Evidenciar quienes resultaron favorecidos por esa dificultad, y amarrar esa evidencia con la acusación de algunos examinandos que denunciaron que parte de los test se entregaron desprecintados, provocó la dimisión en bloque del tribunal.

Pero que se produzca –todo lo presuntamente que se quiera– un comportamiento inadecuado o incluso doloso por parte de un funcionario en ejercicio de sus competencias no debiera ser solo achacable a ese funcionario. También juega aquí la omertá que suele producirse en todo lo que tiene que ver con irregularidades cometidas por altos funcionarios. Porque resulta poco creíble pensar que una trágala como esta pueda haberse orquestado sólo por una o dos personas. Aquí fallaron los controles imprescindibles para que algo así no llegue a producirse. La decisión de la nueva dirección general de Función Pública de poner el asunto en manos del juez instructor debiera suponer la apertura de una causa donde se diriman las responsabilidades de todos los que han estado implicados.

Un puesto de funcionario es para toda la vida. Y hoy hay 4.258 personas que deben sentirse estafadas, engañadas en su voluntad de una prueba en igualdad de oportunidades. Supongo que se preguntarán qué es lo que provocó que fallaran de esta manera los controles previos. Yo también me lo pregunto.

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