¿Cuánto cuesta dar sepultura a un inmigrante?

El reglamento sobre entierros por beneficencia para indigentes o personas sin recursos es de finales del franquismo, cuando ni siquiera se podía soñar que la inmigración irregular a través de la ruta atlántica pudiera provocar los miles de fallecimientos que denuncian las organizaciones no gubernamentales. En el texto de ese reglamento se establece que los féretros para enterrar a personas muertas que carezcan de recursos para pagarse un entierro «serán obligatoriamente facilitados por el ayuntamiento en cuyo término municipal haya ocurrido la defunción». Es una propuesta caritativa y razonable, que parte de la reglamentación sobre Política Sanitaria Mortuoria de 1974, cuyo sentido es evitar que quede sin recibir sepultura ningún cadáver.

La Delegación del Gobierno de Canarias se ampara en ese reglamento de hace casi 50 años para afirmar que el Estado no es competente en el asunto, y que no puede hacerse cargo de los costes que supone la inhumación de quienes fallecen en el mar. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, se quejó el jueves del enorme esfuerzo que supone para su Ayuntamiento sufragar los entierros de todos los emigrantes que –aunque no fallecen en el término municipal de Mogán, sino en el mar– son trasladados al muelle de Arguineguín por los buques de Salvamento Marítimo, y encomendados a las autoridades municipales.

Onelia Bueno es una señora de armas tomar, que ya se ha enfrentado en otras ocasiones con la Delegación del Gobierno, y se despachó amenazando con no volver a hacerse cargo de los enterramientos, que son muchos y suponen un desembolso muy importante para su municipio. Precisó sin embargo su intención de seguir facilitando los nichos, que no suponen un desembolso tan grande, porque son de titularidad municipal. La alcaldesa considera que los emigrantes no mueren en su pueblo y por tanto debe ser el Estado quien pague el entierro. Anselmo Pestana cree lo contrario, y se ampara en un informe que la Delegación solicitó en 2008 a la abogacía del Estado, siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El informe se produjo tras el rechazo del municipio de Valverde a soportar el gasto de enterrar a los migrantes que fallecían ya entonces en la ruta atlántica y eran desembarcados en el Puerto de La Estaca. Los abogados del Estado –como es preceptivo que ocurra, para eso están– se decantaron por interpretar la norma reglamentaria desde la posición más favorable al interés económico del Estado: explicaron en su informe que –no existiendo normas claras sobre este penoso asunto–, para decidir a quién le corresponde pagar había que determinar quien tuviera mayor proximidad con el asunto. Concluyeron que el viejo reglamento que obliga a los municipios tiene mayor relación con los fallecimientos que las leyes que establecen la competencia de Interior sobre la inmigración irregular. Es una tesis bastante discutible, que demuestra que el papel aguanta lo que le echen. Especialmente si quienes lo echan son abogados de parte. En realidad, lo único obvio es que la responsabilidad debe ser pública, y que no es razonable que el Estado se desentienda: dispone de medios enormes en relación con los recursos de un ayuntamiento como Valverde o Mogán. La norma podía tener algún sentido en los años del postfranquismo, cuando no existía la emigración, cuando no se producían tantos fallecimientos inútiles en la travesía del continente a nuestras costas. Pero no ahora que vivimos en situación de emergencia migratoria.

Los saltos desde la costa africana a Canarias no van a reducirse mientras no cambien las leyes europeas, y resulte por fin más fácil y barato conseguir un visado legal de emigración que comprar una plaza en las pateras y cayucos de la muerte. Por desgracia, seguiremos mucho tiempo rescatando cadáveres del mar, desembarcándolos en nuestros puertos y enterrándolos en los pueblos de la costa. El debate sobre quién debe hacerse cargo de dar sepultura a esos muertos es tan pedestre que nos avergüenza a todos, igual que avergüenza la instrumentalización política de este triste asunto. Somos muchos los que pensamos que el Estado debe pagar los entierros de los emigrantes que mueren en el mar. Y también quien reparta a los menores emigrantes sin familia por todo el país, de una forma más justa y equilibrada. Creer eso no debería ser excusa para calificar a nadie de racista.

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