Legitimidad y democracia. Deciden los ciudadanos

Tras las elecciones celebradas hace po-cos días España debe recuperar un espíritu que se aleje de la confrontación en el modo en que ésta ha penetrado en el ambiente político. La línea que separa legitimidad y legalidad ha sido superada en unos comicios en los que, a diferencia de lo que sucedió en dos mil diecinueve, los ciudadanos sabían lo que votaban. La derecha, un gobierno de PP y VOX; la izquierda, una plural apoyada por posiciones radicales de izquierda y nacionalismos que aspiran, al menos de palabra, a la independencia. Siendo, así las cosas, Sánchez se haya legitimado para pactar con quien quiera y sus votantes han de ser consecuentes con un voto que nunca se ocultó buscaría acuerdos complejos y similares a los de esta legislatura pasada o, incluso, más propicios a las posiciones de los aliados. Y esto no solo en lo referido a la secesión de determinadas regiones o a la configuración de un modelo federal, sino a todo lo que el anterior gobierno ha promovido y que ha sido, repito, aceptado por los votantes de un casi inevitable gobierno presidido por Sánchez.

El debate, pues, de futuro, no puede ser la legitimidad. Todos los partidos lo son y sus programas no engañan. Toca ahora limitar la oposición a la legalidad, constitucional y ordinaria. En definitiva, el estado de derecho que se traduce en sumisión de todos a la ley. Todo es posible, pero la política está sujeta a la ley y a los tribunales en caso de vulneración de la misma. No hay actos políticos exentos de ese control judicial a diferencia de lo que sucedía en el franquismo. No hay espacios de impunidad. No hay privilegios. Y no hay un marco «político» que sea superior a la ley. Todos, sin excepción, salvo los supuestos que la misma ley determina, estamos sujetos a la ley y al Poder Judicial. Esto es la democracia.

En conclusión, Sánchez está plenamente legitimado esta vez para pactar lo que tenga por conveniente, pues ninguno de sus votantes ha rechazado la forma de gobernar comprobada y el hecho evidente de que accederá a peticiones que pueden alterar significativamente el sistema constitucional. Nadie puede sorprenderse y nadie ofenderse ante el apoyo popular a demandas de consultas sobre la independencia, a memorias democráticas que conformen una historia oficial al estilo de lo que hacen las dictaduras, a la incerteza sobre el sexo y el género y todas estas cuestiones que han marcado el día a día de este país necesitado de menos política y más cercanía a la vida cotidiana.

Los partidos independentistas representan solo a un millón seiscientas mil personas, muchas menos que, por ejemplo, VOX, cuyos votantes ascienden a tres millones; pero los casi ocho millones que han apostado por el PSOE debe entenderse que asumen las reivindicaciones de aquellos y las legitiman. Eran conscientes y lo han favorecido. Eso es la democracia de hoy.

Un referéndum de autodeterminación vinculante tiene difícil encaje constitucional, pues el titular de lo que se vote es el pueblo español en su conjunto. No vinculante podría tener cabida en la Constitución, si bien el mismo favorecería al independentismo pues los no secesionistas podrían renunciar a votar. Muy difícil es promover la consulta que desean los independentistas, pues la justicia y la democracia se sujetan a la ley. Y Europa, no lo olvidemos, es poco propicia a este tipo de experiencias.

Una amnistía general es, cuanto menos, cuestión compleja, pues la Constitución solo prohíbe los indultos generales, sin hacer referencia alguna a la figura de la amnistía, muy diferente al indulto. Y de todos es conocido que lo que no está prohibido está permitido. Habría que analizar los debates parlamentarios del año 1978 para indagar en la intención del constituyente, si bien, como es sabido, tales actos no son fuente del derecho, no son ley, siendo solo criterios para la interpretación de la norma. El TC tiene argumentos suficientes para uno u otro resultado. Y es al TC, en última instancia, a quien compete la decisión.

España se ha abierto, ahora sin obstáculos, a una política que puede abrir un periodo en el que el sistema constitucional incorpore alternativas imprevisibles hace pocos años. Y el pueblo español ha avalado estos posibles cambios sin meditar acerca de las consecuencias y en razón de una confrontación generada por una política demagógica frente a la que hemos sucumbido. Nadie puede lamentarse de lo que suceda, ni nadie puede encender luces de alarma de una gravedad impropia de ciudadanos que deberían ser maduros y reflexionar sobre el alcance de su voto. España no se va a romper y si se fractura en forma de un modelo federalista más acusado, tampoco sucederá nada a salvo, para un jacobino convencido como quien escribe, el debilitamiento de la igualdad y la solidaridad y el fortalecimiento de las regiones más ricas. El nacionalismo nunca fue progresista, sino profundamente reaccionario y discriminatorio. Menos igualdad, pero tampoco ruptura de un país que es hoy y que mañana puede ser otra cosa. Tampoco somos una «unidad de destino en lo universal». Todo es perecedero y cambiante. Y todo está en nuestras manos, en votos que valen igual y que no pueden ser calificados de ilegítimos nunca.

Quitemos yerro a todo y aceptemos la voluntad popular. Así de fácil, aunque no nos guste. Mi rechazo, nuestro rechazo, no es de mejor calidad que lo que el otro quiere y a lo que aspira. Recuperemos el sosiego y fiemos todo al derecho, a la ley y al respeto al prójimo.

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