La arruga es bella (y vota)

Dentro de no más de quince años, si fragua este trampantojo y nadie lo corrige, lloraremos lágrimas de sangre gracias al señor José Luis Escrivá, que al contrario de tantos otros ha pasado de la tecnocracia liberal a la socialdemocracia de plastilina, quizás porque no tenía otro remedio para llegar a ser ministro y parecerlo. Una trayectoria similar a la de la señora Nadia Calvino, que durante su triunfal carrera como técnica en la Unión Europea no se le escuchó una palabra de política –ni socialismo, ni feminismo, ni gaitas– y ahora se agarra apasionadamente a las pancartas y mitinea en el Congreso de los Diputados. La reforma del sistema público de pensiones del Ministro de Inclusión y Seguridad Social es un ataque feroz a los bolsillos de trabajadores y empresarios y no garantiza –más bien lo contrario– su sostenibilidad. Por supuesto, quien diga lo contrario es un ignorante o un enemigo del pueblo, es decir, economistas como José Ignacio Conde-Ruiz, Rafael Domenech o Juan Francisco Jimeno. En fin, ¿qué sabrán gente doctorada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y que llevan lustros, a veces, décadas, estudiando modelos de financiación de pensiones públicas y su evolución en España?

Un país de bajos salarios y con un desempleo que casi duplica la media europea establece que no habrá problemas para pagar las pensiones. En realidad, desde 2011 el sistema está instalado en un déficit contributivo continuo, y liquidada la llamada «hucha de las pensiones» se les ha podido pagar a los jubilados gracias a préstamos y transferencias de capital a la Seguridad Social. No es que el Gobierno sea optimista respecto al empleo en España. ¿Aumento de los puestos de trabajo, mejoras en la productividad? No. Basta con que el Gobierno ordene subir las cotizaciones a empleados y empleadores: qué extraordinaria inteligencia creativa. Las cotizaciones, en España, en relación con los salarios, están un 12% por encima de la media europea en la actualidad. Les da igual. De manera que si las pensiones representan hoy un 12% del PIB, en 2050 puede llegar a un 17%, siempre y cuando, por supuesto, no se produzcan recesiones en los próximos 27 años porque entonces, obviamente, el porcentaje será mayor. La segunda mitad del siglo XXI –según las prospectivas ministeriales– comenzará destinando el 60% de lo recaudado en concepto de IRPF a financiar el sistema de pensiones públicas. Habrá que sacrificar algo. ¿Infraestructuras educativas, becas, plantillas docentes? ¿Inversión pública en I+D +i? ¿Atención a la dependencia? ¿Tratamientos médicos y farmacológicos para los ancianos? Tal vez a mediados de siglo tú, futuro jubilado, no podrás disponer de tratamientos genómicos para tu cáncer, pero la pensión para un entierro digno no te va a faltar.

Esta huida hacia adelante no tiene otro objeto, por supuesto, que mantener satisfechos a los jubilados, formidable reserva electoral que el PSOE mima a cualquier precio, incluido indexar el incremento de las retribuciones a la evolución de la inflación. Si las previsiones de inflación para 2023 se cumplen, España llegará al 4,4% de incremento y habrá que inyectar unos 7.600 millones de euros más a la Seguridad Social en 2024 para abonar las pensiones. Suma y sigue. Este asunto, sin embargo, no es lo suficientemente grave y enjundioso como para ser debatido en las Cortes, y así el Gobierno dará curso a su reforma –como tantas otras en esta miserable legislatura– a través de un decreto-ley que luego convalidará el Congreso de los Diputados. ¿Debate político y consenso parlamentario? ¿Para qué? ¿Desde cuándo se consensuan los suicidios? ¿Desde cuándo se pactan las medallas y se comparte con otros los beneficios del clientelismo de los viejitos más y mejor pensionados mientras el país tiene la tasa más alta de desempleo juvenil de la UE?

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